Tras la aprobación de la primera Ley de Acceso a la Información Pública en septiembre del año pasado, que garantiza a los ciudadanos el libre acceso a las fuentes públicas de información, ahora el país se ha abocado a compartir experiencias para que la aplicación de la ley favorezca a todos los paraguayos cuando entre en vigencia el próximo mes de septiembre.
En este contexto, desde principios de 2015 el Ministerio de Justicia de Paraguay ha participado en un programa de intercambio de experiencias y conocimientos con otros países de América Latina para fortalecer el proceso de implementación de la Ley. Apoyado por el Fondo Sur-Sur de Intercambio de Conocimiento del Banco Mundial ( SSKETF ), por sus siglas en inglés), esta iniciativa comprende intercambios entre pares con las entidades responsables de las leyes de acceso a la información en Brasil, Chile, y Uruguay.
Este programa de intercambio tiene como propósito desarrollar la capacidad del Estado, a través del Ministerio de Justicia, para implementar con éxito la Ley de Acceso a la Información destinada a mejorar la transparencia y gobernanza del país.
“Se pretende que, al finalizar este proceso de intercambio de conocimientos y buenas prácticas, el Ministerio de Justicia cuente con un plan estratégico para el desarrollo de las capacidades y la puesta en marcha de los sistemas y herramientas necesarias para la aplicación de la ley a través de la administración pública” explicó el viceministro de Justicia Ever Martínez.
Esta cooperación del Banco Mundial con el Ministerio de Justicia apoya la visita de expertos internacionales de Chile, a través del Consejo para la Transparencia, de Uruguay, a través de la AGESIC, y de Brasil, a través de la Contraloría General de la Unión (CGU) de modo a que estas instituciones presten asistencia técnica directa a la Dirección de Acceso a la Información del Ministerio de Justicia.
Este plan se ocupará de desarrollar planes para fortalecer las capacidades de funcionarios del Gobierno y crear una campaña de sensibilización de los ciudadanos; para facilitar el uso de las herramientas TIC para el manejo de solicitudes de información, y para establecer un sistema de monitoreo para la recopilación de datos. Además de estas visitas, están previstas otras actividades que incluyen una serie de video-conferencias, un viaje de estudios de una delegación de Paraguay a Chile, así como un seminario nacional de divulgación para cerrar este programa en septiembre de 2015.
“A través de la cooperación del BM a la legislación sobre acceso a la información en varios países de la región y de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), así como nuestro apoyo a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership – OGP), queremos promover el aprendizaje entre países pares para reducir la curva de aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto nacional. Esperamos que este intercambio de conocimientos entre pares continúe en el futuro más allá de las actividades de este programa a través del apoyo de la RTA, a la que el Ministerio de Justicia de Paraguay se sumó recientemente", expresó Marcos Mendiburu, especialista sénior en Desarrollo Social del Banco Mundial.
Chile cuenta su experiencia
Chile aprobó su ley de Acceso a la Información Pública en 2008. Desde entonces ha adquirido gran experiencia a la hora de aplicar la ley. Entrevistamos a María José Méndez, directora de la Unidad del Consejo para la Transparencia de Chile Planificación y Calidad, quien visitó Paraguay a fin de proporcionar apoyo estratégico al Ministerio de Justicia.
Pregunta: ¿Cuál es su evaluación del intercambio realizado con el Ministerio de Justicia?
Respuesta: Esta primera visita ha sido muy fructífera. Se logró iniciar el diseño de un plan de trabajo donde el objetivo es apoyar un proceso de planeación de implementación de la Ley que entra en implementación en el mes de septiembre. Este plan tiene una mirada de corto y largo plazo en virtud de lo que significa implementar una ley de transparencia.
Pudimos conversar con varios actores estratégicos que son importantes a la hora de implementar la Ley. Promover la transparencia es tarea de todos, por eso fue muy estratégico haber identificado a otros actores y sobre todo cuáles podrían ser los compromisos para crear alianzas estratégicas que nos permitan avanzar en la implementación de la Ley. No sólo abordamos un proceso de planeación respecto a qué es lo que necesitamos ahora como producto sino también generamos una visión más compartida con otros aliados estratégicos que al final son los que se van a impulsar este proceso y van a acompañar en el proceso de implementación.
P: ¿Cuáles son a su criterio las principales fortalezas de la ley de trasparencia de Paraguay?
R: La Ley resulta muy ambiciosa en cuanto a la cobertura de las agencias públicas o de los sujetos obligados pues abarca a todos los poderes del Estado. Incluye además no sólo a los gobiernos locales sino también a las empresas públicas. Ello también plantea desafíos importantes, sin embargo contribuirá a que se aplique de manera más consistente en todas las instituciones públicas. La pregunta es: ¿quién se hará cargo de liderar dicho proceso? Debería ser una instancia validada por todos los poderes para garantizar legitimidad. Cuando se está implementando una política pública hay mucho de aprendizaje y no tenemos todas las respuestas hoy día porque este es un derecho ciudadano que se mueve por el comportamiento de las personas que pueden llegar a ser más o menos demandantes. Hoy día tenemos un gran inicio, el hecho de ser ambiciosos nos exige más pero nos permite también soñar.
P: ¿Qué aprendizajes de la experiencia chilena podrían ser útiles para el Paraguay?
R: La experiencia del Consejo para la Transparencia de Chile es distinta a la de Paraguay en el sentido de que en Chile hay un órgano autónomo responsable de dicha Ley que requirió una nueva estructura que se va a hacer cargo y que está al mismo nivel que los otros poderes del Estado, por lo tanto puede conversar desde dicha posición. Si hay algo que quisimos transmitir en este aprendizaje es que la política pública se construye en base a trabajo a través de redes, pero uno no está solo construyendo esta política pública sino que requiere de la cooperación de otros. El Consejo para la Transparencia de Chile trabaja muy de cerca con el gobierno y también con los demás poderes, con la prensa, con la academia y con la sociedad civil porque sabemos que no podemos hacerlo solos. Hoy día nosotros somos una institución de 115 personas que después de cinco años ha podido implementar todas sus líneas de negocios, pero no lo hacemos todo, dejamos que otros hagan cosas con nosotros y así se va fortaleciendo un sistema de transparencia.
P: ¿Cómo apoyará el Consejo de Chile al Ministerio de Justicia de Paraguay?
R: A corto plazo seguiremos apoyando el proceso de definiciones de instrumentos, e ir evaluando el estado de cumplimiento de los acuerdos. En el mediano plazo podemos seguir acompañando el proceso a través de trabajo de colaboración en el marco de la RTA. Próximamente, un equipo de expertos paraguayos visitará Chile para fortalecer una red de intercambio de conocimientos y experiencias.
