Cómo romper el vínculo entre los fenómenos meteorológicos extremos y la pobreza extrema

Una cifra estimada de 1 millón de filipinos cayó en la pobreza en 2013 después del paso del tifón Haiyan, que destruyó más de 1 millón de viviendas y socavó la economía nacional causando pérdidas por USD 12 900 millones.

Tan pronto como el ciclón Aila devastó las zonas costeras de Bangladesh en 2010, los niveles de desempleo y pobreza aumentaron 49 % y 22 %, respectivamente.

Las presiones económicas que enfrentó Guatemala debido al paso del huracán Stan en 2005 obligaron al 7,3 % de las familias afectadas a hacer trabajar a sus niños en vez de enviarlos a la escuela.

Cada vez que se produce un desastre natural, este no solo deja una estela de devastación, sino que también sume aún más en la pobreza a las comunidades.

Pero lo que se destaca en los titulares noticiosos son los costos financieros de los desastres naturales, es decir los daños en los edificios, la infraestructura y la producción agrícola. No obstante, nuevos estudios indican que poner énfasis en el impacto monetario de las catástrofes naturales no entrega un panorama completo de la situación. De hecho, lo distorsiona.

Esto se debe a que el costo representa solo las pérdidas sufridas por las personas lo suficientemente ricas que desde un principio tienen algo que perder. Sin embargo, el costo no puede explicar el efecto devastador de los desastres en los pobres del mundo, que sufren en términos relativos mucho más que las personas más adineradas.

Considerando esta perspectiva, un nuevo informe del Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación (GFDRR) advierte que los desastres naturales son un obstáculo más grande de lo que se pensaba para poner fin a la pobreza en el mundo. El informe titulado Unbreakable: Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters (Irrompible: Generar resiliencia en los pobres frente a los desastres naturales), dado a conocer esta semana en la vigésimo segunda Conferencia de las Partes (CP 22), pone de relieve la urgencia de adoptar políticas con un planteamiento inteligente respecto del clima que protejan mejor a los más vulnerables.

Comparados con sus homólogos más adinerados, los pobres tienen más probabilidades de residir en viviendas frágiles y ubicadas en zonas propensas a desastres, y trabajar en sectores altamente vulnerables a fenómenos climáticos extremos, como la agricultura. Además, ellos reciben mucho menos apoyo del Gobierno y de la comunidad para su proceso de recuperación. El resultado es que el impacto de una tormenta, una inundación, una sequía o un terremoto es dos veces más grave para los pobres que para cualquier otra persona.

Por ejemplo, debido a las inundaciones sin precedentes que afectaron a Mumbai en 2005, los pobres perdieron un 60 % más que sus vecinos más ricos, y cuando los pobres pierden sus escasas pertenencias, su salud se ve afectada y en algunos casos de manera irreversible. En Ecuador, se descubrió que los niños pobres que estaban en el útero de sus madres durante las inundaciones causadas por el fenómeno El Niño en 1997 y 1998 presentaban un bajo peso al nacer, una menor estatura y discapacidad cognitiva.

En el informe Irrompible se utiliza un nuevo método para medir los daños provocados por desastres, que tiene en cuenta la disparidad de la carga que representan dichos desastres para los pobres, y se muestra que las catástrofes naturales cuestan a la economía mundial hasta USD 520 000 millones (un 60 % más de lo que se informa habitualmente) y empujan a unos 26 millones de personas a la pobreza cada año.

Pero hay esperanza. Los Gobiernos pueden evitar que millones de personas caigan en la pobreza extrema adoptando medidas que protejan mejor a los pobres de los desastres naturales.

El informe propone un conjunto de “políticas de resiliencia”, que ayudarían a los pobres a enfrentar las consecuencias de fenómenos meteorológicos y otros eventos naturales extremos. Estas incluyen sistemas de alerta temprana, mayor acceso a servicios bancarios personales, pólizas de seguros y sistemas de protección social (como transferencias de efectivo y programas de obras públicas), que podrían preparar a las personas para responder más adecuadamente y recuperarse de las crisis. El documento también invita a los Gobiernos a realizar inversiones esenciales en infraestructura, diques y otros medios para controlar los niveles de agua, y desarrollar políticas apropiadas sobre el uso del suelo y normas de construcción. Estos esfuerzos deben apuntar específicamente a proteger a los ciudadanos más pobres y vulnerables, y no solo a aquellos con posesiones de alto valor.

En el documento se evalúan los beneficios previstos de estas políticas en 117 países. Por ejemplo, si Angola implementara redes de protección social potencialmente ampliables para proteger a sus ciudadanos más pobres, el Gobierno podría ver beneficios equivalentes a USD 160 millones anuales. A nivel mundial, estas medidas combinadas permitirían a los países y a las comunidades ahorrar un total de USD 100 000 millones al año y reducir en un 20 % el impacto total de los desastres.

“Como consecuencia del cambio climático, los países enfrentan un número creciente de crisis inesperadas”, afirmó Stephane Hallegatte, economista principal de GFDRR, y autora principal del informe. “Los pobres necesitan protección social y financiera frente a los desastres que no pueden evitarse. Con la adopción de políticas de eficacia comprobada sobre riesgos, tenemos la oportunidad de impedir que millones de personas caigan en la pobreza”.

Los esfuerzos dirigidos a generar mayor resiliencia entre los pobres ya están ganando terreno, según el informe. El mes pasado, gracias a un innovador programa de seguros, Haití, Barbados, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas recibieron USD 29 millones para utilizarlos en las tareas de recuperación tras ser afectados por el huracán Matthew.

El informe Irrompible constituye una hoja de ruta para ayudar a los países a adaptarse mejor al cambio climático y aumentar la resiliencia y la prosperidad de sus ciudadanos más vulnerables. Al dotar a estos últimos con los medios de preparación, reconstrucción y recuperación, podemos aumentar las probabilidades de que millones de personas no caigan en la pobreza extrema.