Un 2.8 por ciento del PIB en El Salvador es dedicado a la seguridad y
la justicia, la cifra más alta en Centroamérica
El Salvador es el país que invierte un mayor porcentaje de sus recursos en seguridad ciudadana y justicia en Centroamérica, de acuerdo con un nuevo estudio del Banco Mundial dado a conocer hoy aquí. Al mismo tiempo, El Salvador tiene uno de los niveles más bajos de gasto público total en la región: 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), frente al promedio latinoamericano de 28 por ciento.
De acuerdo con el “Estudio Institucional y sobre Gasto Público en Seguridad y Justicia en El Salvador”, en 2011 El Salvador dedicó 2.8 por ciento del PIB a gasto en seguridad y justicia, mientras que en 2010 el gasto representó el 2.4 por ciento del PIB. En ese mismo año, Costa Rica, Nicaragua y Panamá dedicaron 2.3 por ciento cada uno, Honduras invirtió 2 por ciento y Guatemala, 1.7 por ciento.
El estudio, que cubrió el periodo entre junio de 2011 y marzo de 2012, también halló que en El Salvador falta coordinación y complementariedad entre las instituciones del sector de seguridad y justicia y que la debilidad institucional puede favorecer los elevados niveles de impunidad (menos de un 12 por ciento de los delitos resulta en condenas). También destaca la importancia de mantener un compromiso financiero a largo plazo y un plan de acción coordinado para hacer frente a los desafíos de seguridad y justicia. Este estudio no consideró gasto privado en seguridad en el país.
“El estudio nos permitirá delinear las bases de trabajo en el área de justicia y seguridad a largo plazo, pensando en una estrategia y compromiso de acción”, dijo Douglas Moreno, Viceministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador.
El estudio del Banco Mundial analizó a las instituciones de seguridad y justicia en torno a cinco actividades: prevención del delito; vigilancia y patrullaje policial; investigación criminal y acusación formal; proceso y decisión judicial; y ejecución de la sentencia, encarcelamiento y rehabilitación. Entre estas tareas, la vigilancia y patrullaje policial figura como el principal destino del gasto público en seguridad en 2011 con un 43.8 por ciento del total. Al otro extremo la ejecución de la sentencia, encarcelamiento y rehabilitación con un 6.9 por ciento, y la prevención del delito con un 3 por ciento.
Si bien el gasto público en cárceles y rehabilitación aumentó casi un 30 por ciento entre 2006 y 2011, esto no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de este sector, pues el hacinamiento en las cárceles de El Salvador es 354 por ciento, el más alto en la región centroamericana.
“El Salvador dedica recursos importantes del presupuesto nacional e impulsa acciones para mejorar la coordinación entre instituciones del sector de seguridad y justicia. El objetivo de esta evaluación institucional y del gasto público es proveer insumos para el diálogo nacional y la búsqueda de acuerdos para aumentar la eficacia de la seguridad y la justicia, en beneficio de toda la población”, dijo Felipe Jaramillo, Director del Banco Mundial para Centroamérica.
Otros hallazgos del estudio son:
- El Salvador no cuenta con un sistema unificado de estadísticas de delitos que integre las detenciones y las denuncias, por lo que los datos varían (a veces de manera significativa) según la fuente consultada.
- En El Salvador, como en la mayoría de los países de América Latina, la seguridad y las reformas a la justicia penal no han ido acompañadas por un fortalecimiento suficiente de las instituciones de seguridad y justicia penal.
- Los desafíos con respecto a los recursos humanos en el sector parecen ser más cualitativos que cuantitativos. El Salvador cuenta con algunos de los números más altos de policías, fiscales y defensores públicos por cada 100,000 habitantes de Centroamérica.
El documento señala además que son necesarios estudios para cuantificar el impacto de los programas de prevención sobre las tasas de criminalidad y para medir su costo-efectividad; el establecimiento de sistemas integrados de vigilancia, estadísticas e inteligencia, y atender el hacinamiento carcelario y la gestión de prisiones como uno de los desafíos más urgentes del sistema de seguridad y justicia.
Hacia un plan de acción integral
Con los resultados del estudio en mente, los días 22 y 23 de mayo se realizó en San Salvador el taller “hacia un plan de acción integral en justicia y seguridad para El Salvador”, con el objetivo de facilitar el diálogo para los diversos sectores tengan la oportunidad de colaborar y coordinar esfuerzos en aras de construir una estrategia de país en el área de justicia y seguridad.
El taller contó con la participación de representantes del Gobierno, de partidos políticos, del sector privado y de la sociedad civil, así como de expertos internacionales que compartieron experiencias en proyectos de justicia y coordinación interinstitucional en seguridad. Fue organizado por el Banco Mundial, el Gobierno de El Salvador, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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