El Banco Mundial en Bolivia

Concluido el boom de las materias primas en 2014, Bolivia recurrió a un elevado gasto público y un creciente crédito interno para mantener un alto crecimiento económico. Con un entorno menos favorable, estas medidas resultaron en el aumento de la deuda pública y la reducción de las reservas internacionales y los ahorros fiscales acumulados en la bonanza. La situación fue agravada por la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19.

Luego de la pandemia, Bolivia logró una importante recuperación económica y reducción de la pobreza debido a la relajación de las medidas de aislamiento y un mejor entorno externo, incluyendo el alza de los precios internacionales de los principales productos de exportación. Sin embargo, el alto endeudamiento público, la caída de la producción de gas natural y las modestas reservas internacionales han limitado los esfuerzos del gobierno por impulsar el crecimiento y han generado presiones sobre el mercado cambiario donde ha surgido un tipo de cambio paralelo.

Por otro lado, Bolivia está expuesta a diferentes riesgos asociados al contexto externo como la volatilidad de los precios de las materias primas, la desaceleración global y shocks en los mercados internacionales. Bolivia también es vulnerable a desastres climáticos, como la sequía que está afectando diferentes regiones del país, y a otros factores internos como los incendios forestales de gran magnitud.

En este contexto, una recuperación sostenible requiere afrontar algunos desafíos estructurales. Bolivia podría beneficiarse de establecer una estrategia para abordar los desequilibrios macroeconómicos, apuntalar un rol más activo del sector privado -que incluya empresas, desde pequeñas hasta las más grandes, e inversionistas extranjeros- y aumentar la resiliencia a cambios en el entorno internacional o a eventos climáticos adversos. Para alcanzar estos objetivos, al mismo tiempo de mejorar la provisión de servicios, protegiendo a la población más vulnerable, es fundamental mejorar la eficiencia y progresividad de la política fiscal.

Las limitadas reservas de gas, los altos subsidios a los combustibles, un mercado regional de gas cada vez más desafiante y esfuerzos globales por descarbonizar el sector energético, hacen necesario buscar alternativas a la exportación de gas. En este sentido, fomentar la inversión privada contribuiría a acelerar el crecimiento, promover la calidad del empleo y diversificar la economía con miras a un mundo que es cada vez menos dependiente de los combustibles fósiles.

Última actualización: Oct 16, 2024

El portafolio actual de financiamiento para proyectos de inversión del Banco Mundial en Bolivia se centra en las áreas de transporte, desarrollo rural y agricultura, desarrollo urbano, energía y agua. La cartera comprende siete proyectos de inversión por un monto de US$ 1.220 millones.

El programa del Grupo Banco Mundial (GBM) en Bolivia se rige por el Marco de Alianza con el País (MAP) para el periodo fiscal 2023-2026.

Por su parte, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), institución del Grupo Banco Mundial que apoya el desarrollo del sector privado, continuará explorando oportunidades para trabajar con intermediarios financieros con el objetivo de fomentar las finanzas climáticas y la inclusión financiera, con un enfoque particular en las mujeres, así como financiar operaciones de comercio exterior. En lo posible, la IFC también se esforzará por promover la provisión de servicios de asesoramiento en diversas áreas.

Última actualización: Oct 16, 2024

El Proyecto de Innovación para Sistemas Alimentarios Resilientes (Alianzas Rurales – PAR III) beneficiará a al menos 1000 asociaciones comunitarias buscando reducir la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria a través de inversiones a pequeña escala en infraestructura y servicios y mejora de la nutrición, insertando tecnología en la actividad agrícola y capacitación para gestionarla. Asimismo, unas 1270 organizaciones de productores rurales participarán de alianzas productivas que les permitirán participar en cadenas de valor con socios comerciales y proveedores de asistencia técnica para lograr un mejor y más equitativo acceso a mercados, tecnología y competencias organizacionales. También, se ejecutarán alrededor de 290 subproyectos de infraestructura productiva complementaria. El financiamiento contribuirá a la adopción de prácticas agropecuarias climáticamente inteligentes en el país, promoviendo mayor participación de mujeres productoras.

El Proyecto de Resiliencia Urbana apoya a las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra en la reducción de vulnerabilidades ante riesgos climáticos y a mejorar las condiciones de vida de más de 167 000 residentes de las áreas de menores ingresos en estos municipios. El proyecto contempla la construcción de infraestructura resistente a fenómenos hidrometeorológicos tales como deslizamientos e inundaciones, incluyendo canales de drenaje mejorados y obras de canalización de ríos. Asimismo, se trabajará en el mejoramiento de barrios y espacios públicos y en la promoción de la movilidad urbana sostenible.

Con la finalidad de incrementar la conectividad y el acceso a servicios, el Proyecto Carretero del Corredor de Conexión en Santa Cruz, tramo San Ignacio de Velasco – San José de Chiquitos, de 208 Km, completará una carretera de la red vial fundamental que comunica Bolivia y Brasil, cierra el circuito turístico de la Chiquitanía y forma parte del Corredor Bioceánico Este-Oeste.

El Proyecto de Desarrollo de Capacidades en el Sector Transporte contribuirá a la infraestructura vial y a la vez fortalecerá las capacidades para su sostenibilidad. Apoya la rehabilitación y mantenimiento de la vía Santa Cruz – Trinidad de 546 km que favorecerá a cerca de 3 millones de habitantes de los departamentos de Santa Cruz y Beni, además de usuarios de otras regiones, la mayoría de ellos productores agropecuarios que necesitan trasladar sus productos a otros mercados. Asimismo, apoya el fortalecimiento institucional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para desarrollar sus capacidades para planificar, priorizar e implementar las inversiones en infraestructura de manera holística con un enfoque de contratación nuevo para el país que contempla la rehabilitación y mantenimiento periódico y rutinario de las carreteras en una sola operación.

El Proyecto Mejora de Acceso Sostenible a la Electricidad (IDTR III) apoyará a que más de 141 000 personas tengan acceso nuevo o mejorado a la electricidad para uso doméstico y productivo a través de la extensión de redes, construcción de minirredes e instalación de sistemas de energía solar (fotovoltaicos) individuales. Estas soluciones tecnológicas beneficiarán a hogares, pero también a instituciones públicas (escuelas y centros de salud, por ejemplo) y unidades productivas de pequeña escala en los sectores agrícola, comercial e industrial. Se prevé la instalación de 25 500 conexiones domiciliarias por redes eléctricas, 300 conexiones en unidades productivas, más de 9000 sistemas fotovoltaicos domiciliarios autónomos, 350 sistemas fotovoltaicos en instituciones públicas y cerca de 1100 conexiones por minirredes o sistemas híbridos alimentados con energía renovable en hogares. El proyecto se enfoca también en el fortalecimiento del sector eléctrico nacional a través del robustecimiento del área de distribución de electricidad y del apoyo a políticas públicas para una transición energética justa y así reducir la contaminación.

El Proyecto Gestión Resiliente del Agua para Riego Familiar y Comunitario apoyará una mejor gestión de los recursos hídricos en 15 cuencas y 256 municipios en todo el país. De este modo, unas 30 000 familias de zonas rurales, dedicadas mayormente a la agricultura de subsistencia en las partes altas de las cuencas en Bolivia, mejorarán su capacidad para enfrentar los impactos del cambio climático y potenciarán su productividad mediante un mejor uso del agua para riego. El proyecto apoyará la planificación estratégica del país en el sector, la gobernanza e institucionalidad en la gestión hídrica en los niveles subnacional y municipal y la orientación de inversiones. Estas inversiones se enfocarán en: protección de fuentes de agua para incrementar la oferta mediante reforestación, recuperación de praderas nativas, mejora de suelos y protección de áreas de recarga de agua, todo en un área aproximada de 16,000 km²; optimización de los sistemas de riego familiar y comunitario, incluyendo riego tecnificado, para mejorar la productividad de los cultivos, diversificar su producción y mejorar los ingresos de las familias; e implementación de infraestructura resiliente contra inundaciones y la erosión.

El Programa de Resiliencia Climática del Sector Vial tiene el objetivo de fortalecer la gestión del riesgo climático en el sector vial y mejorar la resiliencia climática y la seguridad de puentes y tramos de carreteras. El Programa beneficiará a más de 165 000 habitantes de los municipios de Chimoré e Ivirgarzama en Cochabamba, Guanay en La Paz y Monteagudo en Chuquisaca, así como a peatones y conductores de aproximadamente 9000 vehículos que utilizan estas vías y puentes diariamente. El proyecto tiene dos componentes principales: desarrollo institucional en la gestión del riesgo climático en el sector vial y la implementación de tres subproyectos con un enfoque de resiliencia ante desastres climáticos. Además, incluye obras y actividades a nivel municipal, con al menos la mitad de las inversiones destinadas a prioridades definidas por las mujeres de las comunidades, promoviendo su empoderamiento económico, inclusión social y prevención de la violencia de género.

Última actualización: Oct 16, 2024