El Salvador es una pequeña economía dolarizada con una población de 6,3 millones de habitantes estrechamente vinculada a Estados Unidos a través del comercio y las remesas. Entre 2000 y 2023, el producto interno bruto (PIB) creció a una tasa anual promedio del 2,1 %. Durante el mismo período, la tasa de pobreza oficial disminuyó 14 puntos porcentuales. Además, con un coeficiente de Gini de 38,8 en 2022, la desigualdad se mantuvo entre las más bajas de la región. Sin embargo, desde entonces y a pesar de la plena recuperación de la pandemia de COVID-19, con un crecimiento que alcanzó el 3,5 % en 2023, la pobreza ha aumentado del 26,8 % en 2019 al 30,3 % en 2023. Adicionalmente, se estima que alrededor del 10 % de la población vive hoy en la pobreza extrema, en comparación con poco más del 5 % en 2019.
El reciente crecimiento que, según las proyecciones, se moderará hasta llegar al 2,9 % en 2024, ha sido impulsado principalmente por la inversión pública, las exportaciones y el consumo privado, y respaldado por el aumento de la demanda externa, el incremento de las remesas y la mejora de las percepciones sobre el entorno empresarial. Asimismo, desde 2022, las estrictas medidas de seguridad han reducido de manera considerable la delincuencia y la violencia de las pandillas, lo que ha contribuido a un crecimiento por encima del promedio y, potencialmente, a la creación de empleos de mayor calidad.
Sin embargo, sostener este impulso requiere superar obstáculos estructurales, como las deficiencias sistémicas en la calidad de los servicios públicos, la elevada carga de la deuda y la mayor vulnerabilidad a los desastres naturales. Estos factores debilitan la productividad, obstaculizan el desarrollo del capital humano y limitan la incorporación en el mercado laboral, en particular de las mujeres. A pesar de los avances en el empoderamiento económico de las mujeres, siguen existiendo brechas importantes. En 2023, la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral fue del 46,1 %, en comparación con el 76,5 % de los hombres. Datos de Findex indican que, si bien el 36 % de los adultos en El Salvador posee una cuenta bancaria, solo el 29 % de las mujeres tiene acceso a una.
Si bien el fortalecimiento de la actividad económica aumentó los ingresos públicos en un 6,8 % en 2023, el mayor gasto público (incremento del 12,3 %) hizo subir el déficit fiscal al 4,7 % del PIB. La deuda pública alcanzó un máximo del 84,9 % del PIB y los márgenes soberanos se mantuvieron altos, con limitadas opciones de financiamiento. Desde 2021, las autoridades han estado negociando con éxito un programa del FMI para ayudar a abordar estos desafíos fiscales. Al mismo tiempo, las percepciones en torno a la gestión de gobierno en general y la calidad de las instituciones han empeorado desde 2016 y siguen estando en niveles inferiores al promedio regional.
Para aumentar la productividad, atraer inversión extranjera directa (IED), diversificar la economía y reducir aún más la pobreza y la desigualdad, se necesitan reformas integrales que reduzcan las ineficiencias en los mercados laborales; aborden la escasez de habilidades, especialmente entre las mujeres y los grupos vulnerables, y mejoren la infraestructura y la resiliencia al cambio climático y otros posibles desastres naturales. Esto será clave para reducir las percepciones generales del riesgo con respecto a la capacidad institucional y el potencial de crecimiento a largo plazo de la economía, así como para consolidar los avances en términos de reducción de la pobreza y la desigualdad.
Última actualización: Oct 18, 2024
