La minería ha sido uno de los principales motores del crecimiento económico de Perú en la última década. Representando casi el 60 por ciento de las exportaciones peruanas, la minería ha jugado un rol clave en los esfuerzos del gobierno por reducir la pobreza. Entre 2004 y 2014, la pobreza se redujo a la mitad, mientras la pobreza extrema lo hizo en casi dos tercios. El acceso a los servicios básicos, la educación primaria y la salud mostraron una expansión sin precedentes, contribuyendo a una notable reducción de muchas brechas sociales y económicas.
La minería, sin embargo, no es percibida por muchas comunidades locales como una fuerza de desarrollo positiva, especialmente en las áreas andinas, ricas en minerales, pese a que algunos estudios han mostrado que los distritos ricos en minerales han visto mejorar sus estándares de vida más rápido que aquellos con similares condiciones pero sin minerales; los primeros han mostrado mayores niveles de consumo por hogar, menores niveles de pobreza y mayores niveles de alfabetismo. Pese a estas mejoras, la rápida expansión de la minería ha estado acompañada por un igualmente rápido crecimiento de los conflictos sociales. De hecho, Perú tiene una de las cifras más altas de conflictos sociales asociados a la minería en Latinoamérica. La creciente desigualdad, las distorsiones en las economías locales y un legado negativo de impactos sociales y ambientales, entre otras razones, han sido identificados como elementos que contribuyen a la desconfianza y a la oposición a la minería entre las comunidades locales.
Los costos sociales y económicos del conflicto han impuesto, de manera creciente, cuestiones de equidad, justicia y sostenibilidad en la agenda nacional. Esto ha llevado al Gobierno y al sector privado a buscar estrategias regulatorias y procedimentales adecuadas para hacer frente a las causas subyacentes del conflicto. La sociedad peruana, de hecho, ha experimentado con un amplio rango de enfoques para hacer frente a los conflictos, así como para Construyendo desde el conflicto: Las mesas de diálogo de Tintaya y Moquegua en Perú 9 Tintaya: intentar nivelar el campo de juego entre las compañías mineras y las comunidades. En este sentido, Perú ha demostrado altos niveles de innovación ante los muchos desafíos a los que hace frente en este sector. Nuevas leyes y reglamentos han sido promulgados. Los derechos indígenas y de participación están ahora reconocidos en instrumentos legales, tales como la Ley de Consulta Previa, la Ley General del Ambiente y el Reglamento de Participación Ciudadana. Pese a ello, las brechas y los desafíos son todavía importantes en el plano de la implementación.
A lo largo de los años han surgido también una serie de procesos sociales creativos, en respuesta a las brechas pasadas y actuales en el marco regulatorio y en su implementación. En ocasiones, algunos de esos procesos han recibido apoyo del aparato estatal y de las compañías extractivas mismas. Un ejemplo de estas respuestas es el de las mesas de diálogo. Las mesas de diálogo han aparecido en los años recientes para hacer frente a las preocupaciones y aspiraciones en torno a la minería y el desarrollo, a través de un proceso de compromiso directo y de diálogo entre las compañías, las comunidades y los gobiernos locales. En gran parte, éstas han emergido en respuesta conflictos, por lo que ofrecen lecciones valiosas sobre la creación de entornos favorables que conviertan la minería en una fuerza positiva para el desarrollo local.
Este reporte ofrece un conjunto de breves reflexiones sobre las mesas de diálogo en dos proyectos mineros de gran escala en el sur de Perú—el de Tintaya, en la provincia de Espinar, departamento de Cusco, y el proyecto de Quellaveco en el departamento de Moquegua.
