31 de marzo de 2010—Trasladarse en Bogotá, Colombia, solía ser una experiencia caótica. Miles de buses de operadores independientes competían por los pasajeros en calles congestionadas y sin paradas establecidas.
Hoy en día, un moderno sistema de transporte público rápido que se autosustenta financieramente, el TransMilenio, cuenta con 114 estaciones y 84 kilómetros de líneas segregadas para buses. Los datos más recientes muestran que gracias a él, en esta ciudad de 7 millones de habitantes, se han reducido considerablemente el tiempo de viaje promedio de los pasajeros, los accidentes y la contaminación.
“Bogotá ha cambiado un 100% desde el inicio del TransMilenio. En 2002, yo me esforzaba mucho”, dice Amelia Cuestas.
Ahora, es parte de los 1,64 millones de personas que usan el sistema de transporte público rápido (TPR) todos los días: alrededor del 27% de la demanda de este servicio en la capital colombiana.
TransMilenio es el modelo del ambicioso Programa Nacional de Transporte Urbano de Colombia, que apunta a crear redes eficientes y accesibles en 10 ciudades durante un decenio, a una fracción del costo de los sistemas ferroviarios.
Esta iniciativa respaldada por el Banco cuenta con otros tres sistemas de TPR instalados y funcionando: Megabus en Pereira-Dosquebradas, Mio en Cali (financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID) y Metrolinea en Bucaramanga. Existen planes de implementar TPR en Barranquilla, Bello, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Medellín-Valle de Aburra y Soacha.
Red llega a seis ciudades
Desde 2003, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) ha entregado financiamiento por US$757 millones para estudios y la construcción del TPR en seis ciudades —Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Medellín y Pereira— así como asesoría técnica sobre un marco reglamentario e institucional de transporte urbano en el país.
El Gobierno colombiano ha comprometido US$1.400 millones para el programa hasta la fecha, mientras que el total de fondos destinados entre 2009 y el término de la iniciativa en 2016 llega a US$1.900 millones para nueve de las 10 urbes consideradas. De estos, US$1.100 millones pueden obtenerse de recursos del BIRF.
Otros socios incluyen el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo Andino. Un impuesto a la gasolina, cancelado fundamentalmente por los usuarios de automóviles, cubre alrededor del 30% del costo total del programa.