1 de julio de 2010. Hoy entró en vigor la nueva Política sobre acceso a la información del Banco Mundial, poniendo por primera vez, más información a disposición del público, en particular sobre actividades del Directorio y proyectos en ejecución.
Esta, que fue aprobada por el Directorio Ejecutivo en noviembre de 2009, es un cambio trascendental para la institución y ya ha sido reconocida en la comunidad del desarrollo como una modificación fundamental de estrategia que establece una nueva norma para las organizaciones internacionales. En general, se basa en leyes de libertad de información adoptadas en Estados Unidos e India.
“Esta nueva política constituye una modificación notable en la estrategia del Banco para la divulgación de la información, la transparencia, el intercambio de conocimientos y la rendición de cuentas”, dijo Robert B. Zoellick, presidente del Banco Mundial. “El público tendrá acceso ahora y como nunca antes a una gama mucho más amplia de información, en particular sobre proyectos en elaboración y ejecución y sobre las actividades del Directorio”.
Junto con una serie de reformas que ya están en curso, como el aumento de los derechos de voto de los países en desarrollo en el Directorio Ejecutivo y la provisión de libre acceso a sus datos sobre el desarrollo a través de la Iniciativa Datos de libre acceso, la nueva política convierte al Banco en un asociado aún más eficaz de los países en desarrollo, de otros organismos internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) al brindar acceso abierto a sus operaciones con transparencia y responsabilidad.
Cambio de estrategia
En el marco de la nueva política, el Banco cambia de una estrategia que define qué tipo de información se puede revelar a una en la que la institución puede hacer pública cualquier información que posea y que no se encuentre en una lista clara de excepciones.
Habrá mucha más información disponible, por ejemplo, sobre decisiones clave durante la elaboración y ejecución de proyectos, que incluyen las decisiones tomadas en las reuniones de evaluación de proyectos, en las misiones de supervisión de los mismos y en las revisiones de mitad de periodo de los mismos.
Este aumento de la transparencia y de la rendición de cuentas permitirá un mayor seguimiento de los proyectos respaldados por el Banco, lo cual dará lugar a mejores resultados en materia de desarrollo. Además, la Política sobre acceso a la información hará que esta última sea más accesible al público en general, ofreciendo una oportunidad para un mejor control del uso de los fondos públicos.
En la lista de excepciones se incluyen información personal, comunicaciones de las oficinas de los Directores Ejecutivos, procedimientos del Comité de Ética, información sujeta al derecho de confidencialidad entre abogado y cliente, información que podría comprometer la seguridad y protección, información confidencial proporcionada por países miembros o por terceros, cuestiones administrativas institucionales, información sobre deliberaciones, información financiera e información en el marco de diferentes mecanismos de divulgación (por ejemplo, el Grupo de Evaluación Independiente, el Panel de Inspección y la Vicepresidencia de Integridad Institucional) y otra información relacionada con investigaciones.
Miles de documentos disponibles
El Banco ya ha publicado más de 17.000 documentos históricos de sus archivos, que ahora están a disposición en su sitio web. Este material comprende documentos finales sobre estudios económicos y sectoriales, informes sectoriales, informes finales de ejecución e informes de terminación de proyectos, informes de evaluación inicial preparados por el personal, anexos técnicos y las estrategias de asistencia a los países anteriores al 1 de julio de 2005, así como los informes y memorandos del Presidente anteriores al 1 de julio de 1990.
Se puede acceder a la mayor parte de la información en su sitio web y en más de 100 centros de información pública de todo el mundo. El sitio enlaza con un nuevo sistema de seguimiento que asignará automáticamente un número de caso a una solicitud y seguirá y señalará la misma a la unidad que corresponda para brindar la respuesta.
En virtud del nuevo sistema, el Banco acusará recibo de un pedido dentro de cinco días hábiles y normalmente proveerá una exhaustiva respuesta o, dependiendo de la complejidad de la inquietud, el estatus de la solicitud dentro de 20 días hábiles.
La nueva política incorpora además el derecho de apelación en caso de que un solicitante crea que se le ha negado de manera impropia o no razonable acceso a la información que debería estar disponible en el marco de la nueva política o que es de interés público dejar sin efecto una excepción que restringe la divulgación de la información requerida.
Se celebraron consultas públicas internas y externas acerca de esta política en 33 países, así como en el sitio web del Banco. Esta refleja los puntos de vista de los países miembros, organizaciones de la sociedad civil, círculos académicos, legisladores, medios de comunicación, sector privado, otros organismos internacionales, entidades donantes y el personal del Banco.
Nombran integrantes del Panel de Apelaciones
Como parte de su nueva Política sobre acceso a la información, el Banco estableció una Junta de Apelaciones compuesta por tres miembros y de carácter independiente. Este panel cumple un papel esencial en el proceso que habilita a las partes a presentar una reclamación si el Banco rechaza sus solicitudes de acceso a la información. Además, servirá como segunda y última instancia de apelación para las demandas que denuncien que el Banco denegó de manera impropia o no razonable el acceso a información que sería normalmente divulgada según la política vigente.
Los integrantes, cuyas designaciones por un período de dos años comienzan el 1 de julio de 2010, son Wajahat Habibullah, Daniel J. Metcalfe y Olivier Schrameck.
En la actualidad, Habibullah es el comisionado principal de sistemas de información de la Comisión Central de Información de India y es un reconocido experto en el área de acceso a la información.
Metcalfe es profesor asociado de Leyes del Washington College of Law de American University. Tiene experiencia legal y de gobierno en los temas de libertad de información. Además, se desempeñó en la Oficina de Información y Privacidad del Departamento de Justicia de Estados Unidos desde la fundación de la misma en 1981 y hasta su retiro en 2007. En la actualidad es director ejecutivo de “Colaboración sobre Secretos de Gobierno”, un proyecto académico no partidista dedicado al estudio de la transparencia y confidencialidad de los gobiernos.
Schrameck es presidente de la Sección Informes y Estudios del Conseil d’Etat’s y es un juez destacado del supremo Tribunal Administrativo de Francia, el Consejo de Estado francés, y es también un destacado especialista en temas de redacción legislativa, derecho público (derecho administrativo y constitucional), libertades civiles y derechos humanos.
