Comunidades cerradas protegidas por guardias armados. Viviendas ocultas detrás de cercas con alambres de púas y de ventanas enrejadas. Todo esto parece ser un panorama común —y hasta grotesco — en buena parte de las ciudades de América Latina.
Más allá de su condición social, los latinoamericanos no quieren que el crimen ingrese en sus hogares y en sus vidas. A pesar de los avances sociales y económicos de la región — una creciente clase media y una menor brecha de la pobreza — la seguridad ciudadana es una preocupación creciente. Las encuestas más recientes muestran que el número de personas que mencionan a la delincuencia como su mayor preocupación se triplicó en los últimos diez años.
América Latina se transformó en una de las regiones más violentas del mundo. Las tasas de homicidio regionales sobrepasan los 10 asesinatos cada 100.000 personas, suficiente para convertirse en una “epidemia” según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud.
América Central es una zona particularmente conflictiva, registrando más de 18.000 homicidios por año, en un fuerte contraste con los promedios europeos, como los 400 homicidios anuales en España.
El crimen y la violencia representan un costo muy alto en términos sociales y económicos para los países y comunidades. Los gobiernos, los ciudadanos y el sector privado pagan un precio muy elevado debido a ello. Los costos de vigilar, de seguridad y de salud representan casi el 8 por ciento del PIB centroamericano — o cerca de US$20.000 millones. Y los costos relacionados con la seguridad en que incurren las empresas centroamericanas le agregan hasta un 3,7 por ciento a las ventas de todas estas firmas.
Nuevo socio contra crimen
En este contexto, las empresas de la región aparecen como un socio nuevo y bienvenido en la prevención del crimen. Llamémosle Responsabilidad social corporativa, altruismo verdadero o astucia para los negocios, el sector privado está haciendo una contribución palpable en este tema.
“Respaldando innovaciones en el sector público y en la sociedad civil, las empresas pueden jugar un papel de transformación en la promoción de iniciativas para la prevención de la violencia con base en evidencia”, apunta el vicepresidente del Banco Mundial para la región, Hasan Tuluy.
Los funcionarios públicos de la región entera hacen eco de este sentimiento.
“Hay un límite en lo que el Estado puede hacer por sí solo en términos de seguridad. El sector privado, especialmente a nivel local, puede convertirse en un socio efectivo a la hora de mejorar la seguridad comunitaria”, dice Douglas Moreno, viceministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública.
