Ciudad de Washington, 11 de abril de 2013. La lucha mundial contra la piratería en Somalia se ha centrado en la persecución de los piratas y la movilización de las fuerzas navales. Pero para llegar a la causa del problema, la comunidad internacional debe concentrarse en ayudar al país a consolidar un sistema político que funcione, según un nuevo estudio del Banco Mundial.
“La piratería es un síntoma de la descomposición del sistema político de Somalia”, dice Quy-Toan Do, economista superior del Departamento de Investigación del Banco y autor principal del informe The Pirates of Somalia: Ending the Threat, Rebuilding a Nation (“Piratas de Somalia: Acabar con la amenaza y reconstruir una nación”). “Perseguir al sistema, no solo a los piratas”, agrega.
Tres elementos –capital político, recursos humanos y recursos financieros– son la base de los raptos a cambio de rescate en Somalia, donde una historia de competencia entre los clanes y dentro de estos, y la colonización europea han dejado muchas áreas sin instituciones que funcionen adecuadamente, según el estudio. Eso ha permitido a los piratas reclutar jóvenes locales, comprar armas y lanchas rápidas y, lo más importante, asegurarse zonas costeras donde pueden anclar barcos secuestrados durante meses o años.
Los piratas de la nación de África oriental prefieren lugares como Puntland y Somalia central, que proporcionan bastante estabilidad política para hacer negocios, pero no suficiente control estatal para dificultar la piratería. Ellos pueden sobornar y amenazar a los políticos y obtener así acceso a largo plazo a las costas.
El costo de esa operación política involucra hasta el 86% de las ganancias de la piratería, según el estudio. Una gran suma –a veces US$300.000 por buque– se destina a funcionarios gubernamentales, empresarios, clanes, milicias y líderes religiosos en concepto de sobornos y “comisiones de desarrollo” para asegurar que los políticos no interfieran. Los miembros de la tripulación, que a menudo son contratados en un determinado clan o lugar, exigen salarios significativamente más altos que los sueldos locales. Los piratas también pagan más que los lugareños por los servicios de comida, energía y agua. Dada la costumbre del uso compartido de recursos, las ganancias de esta actividad llegan a los residentes locales y otras partes interesadas, creando un entorno político favorable en el que los piratas pueden operar.
Su éxito tiene consecuencias mundiales. Entre 2005 y 2012, más de 3.740 tripulantes de 125 países fueron víctimas de piratas somalíes, y al menos 97 murieron. Del lado somalí, se cree que centenares de piratas han muerto en el mar. Los rescates obtenidos durante ese periodo ascienden a unos US$385 millones. Esta actividad criminal también perjudica el comercio, dado que los transportistas están obligados a modificar las rutas y pagar más por el combustible y las primas de seguros, lo que le cuesta a la economía mundial unos US$18.000 millones anuales, según estimaciones del estudio. Desde 2006, el turismo y la pesca, así como otros resultados del comercio costero, han disminuido en los países vecinos.
La economía de Somalia también sufre perjuicios: los costos comerciales vinculados a la piratería son de US$6 millones al año, sin tener en cuenta el hecho de que las posibles actividades económicas marinas se ven limitadas por los secuestros. La colaboración entre los piratas y los grupos rebeldes islamistas también es motivo de preocupación para la estabilidad política de Somalia.
La comunidad internacional se ha centrado principalmente en medidas aplicadas costa afuera para luchar contra la piratería, tales como la creciente presión naval y la seguridad a bordo, que han ayudado a reducir el número de raptos. Pero para acabar con esta actividad, es necesario que esas costosas acciones se amplíen y se vuelvan permanentes, lo cual no sería sostenible en el largo plazo. Los esfuerzos destinados a la prevención en tierra, como pagar más a los jóvenes a fin de desalentarlos de unirse a los piratas, solo llevarían a que los propietarios pagaran más a los miembros de la tripulación. Dado los porcentajes de pobreza entre la población de la que son normalmente reclutados los piratas, los propietarios pueden permitirse pagarles más sin perjudicar demasiado las ganancias.
Para terminar con este problema en el Cuerno de África, el estudio insta a un cambio de paradigma en que el foco de atención esté en quienes hacen posible la piratería más que en los autores de esta actividad. Con un número limitado de zonas costeras adecuadas disponibles para anclar buques secuestrados, la piratería sería menos rentable si Somalia eliminara el acceso a puntos de anclaje seguros o aumentara significativamente el precio de acceso a la costa. Además, el gobierno central puede ofrecer incentivos –junto con mecanismos de seguimiento incorporados– para alentar a las partes interesadas locales a detener la actividad pirata y aprender de los éxitos y fracasos de las políticas afganas dirigidas al cultivo de adormidera (planta del opio) y de Colombia contra la producción de coca.
En el centro de este programa se encuentra la necesidad de comprender mejor la economía política de la distribución de los recursos, para que se identifiquen y compensen debidamente a los ganadores y los perdedores. Las enseñanzas que deja el estudio van más allá de la erradicación de la piratería; estas dan testimonio también de un tema fundamental, como es la consolidación del Estado en Somalia.
