Trabajar desde la prisión, una salida para miles de reclusos en Latinoamérica

Desde que está en la cárcel, hace casi cuatro años, Daniel no ha dejado de pensar en su familia ni en el año 2022, cuando debe volver a ser libre. El tiempo no pasa lo suficientemente rápido en el penal de Quencoro, Cuzco, donde el joven cumple condena junto con otros 1.900 reclusos.

Pero desde que empezó hacer textiles típicos y venderlos fuera de la prisión, siente que está asegurando el sustento de su esposa e hijo hasta el día que lo pongan en libertad.

Daniel, de 30 años, es uno de los miles de reclusos que forman parte de nacientes programas de reinserción a través del empleo, que buscan restituir el verdadero significado a la palabra “rehabilitación” en uno de los sistemas penitenciarios más ineficientes del mundo.

Hacinamiento, corrupción, falta de control y reincidencia son solo algunos de los graves problemas que aquejan a las cárceles de América Latina.

Por ejemplo, los penales de El Salvador presentan una sobrepoblación de 334% (o tres veces más de lo planeado) y en Bolivia la cifra llega hasta el 263%. Perú ocupa el tercer lugar en este ranking, con una ocupación del 225%.

Solo el 45% de los reclusos tiene una sentencia judicial. Muchos crímenes en ciudades como Lima, Bogotá o Tegucigalpa son ideados desde la prisión y la mayoría de los internos vuelve rápidamente a los penales luego de su liberación, convirtiendo su reinserción a la sociedad en un rotundo fracaso, según los expertos.

Hay un divorcio entre el sistema judicial y el penal. Quienes hacen las leyes y quienes imparten justicia no suelen tomar en cuenta la capacidad de albergue de los penales, según admiten las propias autoridades.

“Los beneficios penitenciarios se recortan y las penas se endurecen, entran más internos de los que salen y los espacios disponibles apenas varían”, afirma José Luis Pérez Guadalupe, presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú. Agrega que “además, una parte importante de la población penitenciaria todavía está esperando que un juez decida de manera definitiva si es o no culpable”.

¿Qué hacer?

El aumento de la población penitenciaria en Latinoamérica ha ido de la mano del aumento viral de la criminalidad. Siete de los diez países con las tasas más altas de homicidio en el mundo están en la región.

Si bien no hay una sola razón para ambos fenómenos, ni una varita mágica para solucionarlos, es difícil pensar en una reinserción social efectiva sin tomar en cuenta las condiciones de exclusión social que llevan al delito.

Un proyecto del Instituto Nacional Penitenciario del Perú tiene como objetivo atacar, precisamente, las causas de la exclusión social que aflige a la mayor parte de los presos, especialmente de las cárceles andinas. El denominado Penal-Escuela Taller es una estrategia que busca cambiar los valores y las perspectivas de reinserción laboral de individuos privados de su libertad.

Esta iniciativa, apoyada por el Banco Mundial y otras instituciones, impulsa la capacitación de jóvenes en el trabajo de artesanías, textiles, cueros y otros productos, que luego son vendidos en muchos puntos de los circuitos turísticos, o en los supermercados.

Para muchos de los internos, como es el caso de Daniel, los ingresos de estas actividades son la fuente principal de sustento de sus familias y su única opción para seguirlos “cuidando desde la prisión”.

Ahora, bien, la importancia de proyectos como éste es que no sólo ayudan a mejorar las condiciones económicas de las familias de los presos, que están entre las más vulnerables de la región. “Representa un modelo de rehabilitación a través de la inclusión económica, que es uno de los pilares del ambicioso proceso de reforma carcelaria en Perú", afirma el experto en Gobernabilidad del Banco Mundial, Sergi Pérez Serrano.

Estas iniciativas, según el especialista, respaldan lo que debería ser la misión de los sistemas penitenciarios: convertirse en verdaderos espacios de inclusión social.