¿Cuánto pagaría por un medicamento que le puede salvar la vida? A María, una madre de familia que bordea los 40 años, le costaría unos 40.000 dólares al mes, 20 veces el sueldo promedio de un trabajador latinoamericano. Sin ese tratamiento, no puede cuidar de sus dos pequeños hijos y eventualmente se enfrenta a la muerte como consecuencia del raro caso de anemia crónica que la aflige.
El dilema de María era formidable: conseguir un donante de médula o pagar por un medicamento nuevo y astronómicamente caro- Eculizumab- para tratar su padecimiento. La mujer optó por la vía judicial y ahora recibe del Estado el tratamiento sin incurrir en gastos exorbitantes.
El creciente costo de la salud y las necesidades de una población con más expectativas de vida –de 52 a 74 años en apenas medio siglo- ha llevado a millones de latinoamericanos del consultorio médico a los tribunales, en demanda de su “derecho a la salud”. Las querellas por este motivo se han disparado en los últimos años. Por ejemplo, en Brasil durante 2010, hubo cerca de 240.000 litigios mientras que en Colombia, entre 1999 y 2010, ha habido cerca de 900.000 litigios.
A raíz de esto, tanto los sistemas legales como de salud, están enfrascados en responder de una manera equitativa y justa a las demandas.
La cuestión central que enfrentan los magistrados y los responsables de salud es: ¿Cómo pueden las necesidades de unos pocos balancearse de manera equitativa y justa con las necesidades de la mayoría?
El derecho a la salud está consagrado en las constituciones de la mayoría de países de la región y ha habido avances significativos en la cobertura. Hoy en día, la mayoría de latinoamericanos tiene acceso a servicios de salud, aunque en algunos países y segmentos de la población este acceso es aún deficiente.
Por ejemplo, en Costa Rica la esperanza de vida y mortalidad infantil son comparables a la de los países de la OCDE. La nación tica es vista como un líder regional en temas sanitarios, desde que ofrece cobertura universal a sus pobladores. Pese a ello, no está exenta de querellas. A principios de 2013 la Corte Suprema costarricense ordenó al gobierno modernizar sus sistemas informáticos para que la información sanitaria fuese más transparente y evitar que los registros médicos se extraviasen.
Algo similar sucede en Chile, otro país considerado “estrella” en lo económico y en lo social. Miryam, una madre chilena de seis hijos, se lanzó al activismo desde que su hijo menor contrajo la enfermedad de Gaucher, que requiere una terapia de reemplazo enzimático. “Mi hijo está bien ahora pero en su momento era una tortura: las inyecciones duraban dos horas cada una, y por esta razón me interesé en el derecho a la salud”, afirma.
¿Más crecimiento, mejores servicios de salud?
De acuerdo a los expertos, la recurrencia de estos casos en toda la región se debe a que las políticas públicas no han avanzado al mismo ritmo que las demandas sociales y necesidades de salud de los latinoamericanos. En la última década más de 70 millones de personas dejaron de ser pobres y una mayoría pasó a formar parte de la creciente clase media regional. Entretanto, muchos países mantuvieron unos beneficios sociales que no fueron diseñados de manera participativa ni con previsión de las exigencias de los nuevos tiempos.
"Esto nos hace repensar la provisión de servicios de salud tal y como la conocemos hoy. Los sistemas de entrega de servicios deben estar centrados en el ciudadano y en el paciente,” dice María Luisa Escobar, especialista en salud del Instituto del Banco Mundial. “También deben enfatizar la atención primaria y un enfoque más holístico hacia el paciente de parte del personal de sanidad”, agrega la experta.
En este sentido, Escobar afirma que se está llevando a cabo una conversación importante entre los ciudadanos, expertos y diseñadores de políticas públicas. SaluDerecho, por ejemplo, es un espacio dedicado a este diálogo por el cambio.
Creado en 2010, SaluDerecho abarca a ocho países de América Latina y una amplia gama de partes interesadas: desde jueces supremos y altos funcionarios del gobierno, hasta ciudadanos de a pie, académicos, y pacientes, que se han congregado en torno al tema del derecho a los sistemas de salud. Algunos resultados notables incluyen:
- Argentina, Uruguay, Perú y Costa Rica han formado una coalición del Poder Judicial para hacer frente a cuestiones de política pública sobre el derecho a la salud.
- La Corte Suprema de Uruguay promovió el establecimiento de un diálogo entre múltiples interesados en la salud y formó una coalición nacional para sustentar este trabajo.
- En Costa Rica, la coalición inter institucional compuesta por instituciones públicas, privadas y no gubernamentales, ha trabajado con el seguro público de salud para aumentar el acceso a servicios sanitarios. La coalición ha contribuido a mejorar las listas de espera y los expedientes clínicos electrónico.
Los expertos coinciden en que el “derecho a la salud” no se cristalizará solo con mayores recursos para pagar más servicios, o con ajustes constitucionales o legales. Requieren de un persistente esfuerzo colectivo para lograr resultados trascendentes y evitar el vía crucis personal y legal de ciudadanos como María o Miryam.
