Pregunta: ¿En qué consiste el apoyo que se está brindando desde la Contraloría General de la Unión del Brasil al proceso de implementación de la Ley de Acceso a la Información Publica en Paraguay?
Respuesta: Brasil posee una Ley de Acceso a la Información Pública desde mayo de 2011. Yo formo parte del equipo de implementación de esa Ley, específicamente del equipo que ha desarrollado el portal e-SIC en Brasil. En ese contexto, y teniendo en cuenta esa experiencia, estamos apoyando a la Secretaría Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (SENATICS) para hacer un diagnóstico y relevamiento de las necesidades para el desarrollo e implementación del Portal Unificado de Gobierno de Acceso a la Información Pública. Junto con la SENATICS hemos elaborado una hoja de ruta a seguir que será incorporada en la planificación estratégica de la Dirección de Acceso a la información Pública del Viceministerio de Justicia, quien está coordinando la implementación de dicha ley al interior del Estado paraguayo.
P: De acuerdo a su experiencia ¿cuáles serían los principales desafíos para la implementación del portal de acceso en Paraguay?
R: El proyecto de portal paraguayo es muy innovador porque permitirá al ciudadano no solamente hacer solicitudes en línea sino también consultar solicitudes que ya fueron hechas en el mismo portal. De esta forma, combina de una manera innovadora la transparencia activa y la transparencia pasiva. La transparencia pasiva es aquella en la que el gobierno responde a una solicitud de acceso y la activa es aquella en la que el gobierno activamente pone a disposición una información.
En el proyecto del Portal gubernamental de Acceso a la Información de Paraguay, se prevé que las solicitudes sean públicas, y de esa manera otros ciudadanos pueden consultar todas las solicitudes a través de un mecanismo de búsqueda. Esto es muy importante para los ciudadanos porque pueden obtener información inmediatamente, ya no necesita efectuar una solicitud y aguardar 15 días hábiles por una respuesta.
Por otro lado, para las instituciones también es un beneficio porque deberán responder a solicitudes similares una sola vez, no necesitarán gastar recursos para responder varias veces la misma solicitud, es un punto positivo para ambos lados. El desafío reside en que entonces el ciudadano tiene que saber que una vez hecha la solicitud ya es pública, y por ende, no debe incluir información personal sensible.