Puede parecer raro, pero en pleno siglo XXI solamente 18 países no tienen restricciones legales que impiden a la mujer alcanzar su potencial económico. Tres de esos países están en América Latina y el Caribe: México, Perú y República Dominicana.
Si bien la región ha registrado progresos en la introducción de leyes contra la violencia de género, aún hay muchas barreras para las mujeres en cuánto a oportunidades económicas, según un nuevo estudio del Banco Mundial.
En 16 economías de la región, las mujeres no tienen acceso a los mismos trabajos que los hombres: en Honduras y Colombia, las trabajadoras no pueden tener empleos considerados peligrosos y en Belice las mujeres no pueden trabajar en fábricas por la noche o manipular mercancías en un muelle.
Pero también hay mejoras: Jamaica suprimió una ley, con más de 70 años de vigencia, que impedía a las mujeres trabajar de noche.
“Hay muchas restricciones de empleo para las mujeres (en el mundo), algunas bastante interesantes. Creo que, en parte, la razón detrás de ellas es el deseo de proteger a las mujeres, pero lo que sugerimos es verlo desde la perspectiva de una mujer”, opina Sarah Iqbal, autora del reporte Mujer, Empresa y el Derecho 2016 (i) del Banco Mundial. Este estudio analiza diferencias legales de género en 173 economías, en siete áreas: el acceso a las instituciones, el uso de la propiedad, la obtención de empleo, los incentivos para trabajar, la capacidad de generar un historial crediticio, el acceso a la justicia y la protección de la mujer contra la violencia.
La experta menciona que en Francia por ejemplo existe una restricción para las mujeres en cuanto a lo que pueden cargar: no más de 25 kilogramos, lo que les impide ser conductoras para UPS, Fedex u trabajadoras postales. “Esto es el peso promedio de un niño de 5 años. Y cualquier madre les dirá que cargar a su hijo (pequeño) es algo que hace todos los días”, afirma Iqbal.
Progreso contra la violencia doméstica
En América Latina y el Caribe, casi todos los países tienen leyes contra la violencia doméstica, aunque los expertos advierten que sólo es el primer paso y que hay que enfocarse en aplicarlas.
“En América Latina, la violencia contra las mujeres es un asunto importante. Los países han introducido legislaciones y están tratando de implementar mejor esta legislación”, dice Sarah Iqbal. Un ejemplo es la ley de Maria da Penha en Brasil, que la experta considera un “modelo de legislación sobre la violencia doméstica”. “Hay muchos compromisos presupuestales vinculados a ésto y están tratando de cambiar la conversación sobre la violencia en Brasil y sobre la violencia doméstica”, explica Iqbal.
El reporte muestra que la región ha hecho otros progresos en la igualdad de género desde el punto de vista de legislaciones: Uruguay aumentó la edad mínima para poder casarse, así como la duración de los permisos de maternidad y paternidad, mientras que Nicaragua introdujo el permiso de paternidad y mejoró los derechos de propiedad de las mujeres en caso de divorcio.
Por otra parte, “en América Latina hay un movimiento fuerte para desarrollar mejores formas de guarderías”, dice Iqbal. Los expertos encontraron que donde hay apoyo de los gobiernos para el cuidado de los niños, a través de apoyo público o de subsidios a proveedores privados, hay más probabilidad que las mujeres estén trabajando.
El costo de ser mujer
Estas mejoras son importantes ya que la discriminación contra las mujeres en las leyes puede tener impactos negativos en la sociedad a largo plazo.
“Un nivel más alto de desigualdad de género parece estar asociado a todo tipo de disfunciones sociales”, dice Augusto Lopez-Claros, director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial. “Por ejemplo, en los países con más diferenciaciones o discriminaciones contra las mujeres incorporadas en las leyes, menos niñas van a la escuela secundaria que niños. (En esos países) hay tasas de participación en la fuerza laboral más bajas, menos mujeres dirigen empresas, y existe una brecha de género más amplia”.
Incluso, se pueden asociar las leyes contra la violencia doméstica con la longevidad de las mujeres. “Lo que vemos es que en economías con leyes contra la violencia doméstica, es más probable que las mujeres vivan hasta los 65 años o más”, explica Sarah Iqbal.
