A comienzos de esta semana, México presentó su Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), la cual mejorará el acceso a los servicios financieros para esa más de la mitad de la población que actualmente se encuentra fuera del sistema financiero formal y regulado.
El 44% de los adultos mexicanos posee una cuenta bancaria, de acuerdo a la recientemente publicada Encuesta Nacional de Inclusión Financiera.
Una estrategia nacional de inclusión financiera es una hoja de ruta para ayudar al país a planificar mejor y centrar su atención en sus objetivos de inclusión financiera.
De acuerdo a estimaciones del Grupo del Banco Mundial identificadas en el Rastreador de Progreso de la UFA, al implementar una estrategia nacional de inclusión financiera, México podrá amplificar la efectividad de sus actuales esfuerzos de inclusión financiera, permitiéndole a 29 millones de adultos tener acceso a una cuenta de operaciones y otros servicios financieros. Otras intervenciones, como liberar el entorno legal y normativo, pueden ayudar a brindar acceso a 35 millones de personas que actualmente ahorran o realizan pagos fuera del sistema financiero formal. Además, la digitalización de las transferencias en efectivo de tipo Gobierno a Persona (G2P) puede alcanzar a 6 millones de personas que actualmente reciben su ayuda de gobierno o salarios en efectivo.
México ha implementado una variedad de cambios para acelerar la inclusión financiera.
En 2013, el Banco Mundial publicó la Encuesta Mexicana de Capacidad Financiera, la primera encuesta representativa a nivel nacional encargada por el gobierno para comprender mejor el comportamiento, actitudes y conocimientos financieros de las personas e informar la formulación de políticas e intervenciones públicas. La capacidad de los consumidores de tomar decisiones financieras idóneas y utilizar productos financieros es crucial a la hora de asegurar la inclusión financiera.
En 2014, el gobierno aprobó una reforma financiera integral para incrementar la contribución del sector financiero al crecimiento económico. La reforma se centró en cuatro áreas: fomentar la competencia en todo el sector financiero, fortalecer el marco normativo, el mandato y la capacidad operativa de la banca de desarrollo de ampliar el acceso al crédito; ampliar el crédito a través de instituciones financieras privadas permitiéndoles a las autoridades financieras una evaluación más sistemática del crédito bancario comercial para canalizarlo de manera más eficiente; y asegurar que el sistema financiero sea sólido y estable.
Para eliminar los obstáculos normativos para la apertura de cuentas, las autoridades introdujeron un esquema escalonado de “Conozca a su cliente” con requisitos menos exigentes para cuentas de bajo valor y riesgo.
El gobierno también comenzó a realizar sus pagos a través de una tarjeta de crédito, en lugar de efectivo. La mitad de los 6,5 millones de beneficiarios del programa de transferencia condicionada en efectivo Prospera (anteriormente Oportunidades) ahora reciben sus pagos a través de una cuenta electrónica asociada a una tarjeta de débito. Prospera también proporcionó acceso a mujeres de bajo ingreso, algo que explicaría la ausencia de una brecha de género sustancial en la propiedad de cuentas en México.
Sin embargo, el principal problema de México es el de aumentar la penetración de los servicios financieros, además de conceder acceso financiero a personas que están fuera del alcance del sector financiero regulado.
La banca de desarrollo tiene un papel clave que jugar aquí, concentrándose en ampliar el acceso financiero a personas y negocios hasta ahora difíciles de alcanzar. Por ejemplo, más de 4 millones de beneficiarios de bajo ingreso de transferencias públicas —a través de Bansefi— podrían beneficiarse de un acceso pleno a los servicios financieros.
Apoyo del Grupo del Banco Mundial a México
El Grupo del Banco Mundial tiene varios proyectos activos en México pensados para ayudar al país a fortalecer la supervisión del sector financiero, fomentar el crédito y ampliar la inclusión financiera.
El Proyecto para la Consolidación del Ahorro, el Sector Crediticio y la Inclusión Financiera, de US$100 millones, busca mejorar el desempeño de las instituciones crediticias y de ahorro del país y ampliar sus servicios financieros, en especial en áreas marginales de 1250 municipios, poniendo el foco de atención en las mujeres y los poblaciones desfavorecidas e indígenas de las áreas rurales.
Otro proyecto de US$400 millones para la Ampliación de la Financiación Rural busca ampliar el acceso al crédito entre micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y fortalecer la capacidad institucional, en instituciones financieras públicas y privadas, para la prestación de financiamiento rural sostenible. Se espera que el proyecto alcanza a más de 41.000 mipymes, 60 por ciento de las cuales estarían dirigidas por mujeres.
Al mismo tiempo, la IFC, el brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, está apoyando la inclusión financiera a través de varias iniciativas. En temas microfinancieros, la IFC apoyó el desarrollo de Compartamos, la mayor institución microfinanciera de México. La IFC también está apoyado Progresemos, una institución microfinanciera con 33.142 clientes, y CAMESA, que sirve a 370.000 microemprendedores.
En términos de tecnología financiera, la IFC apoya a compañías de tecnología financiera presentes en el mercado mexicano, en particular en áreas como préstamos P2P (Afluenta), préstamos en línea (Kreditech) e infraestructura de pagos. Asimismo, la IFC está en discusiones con PRONAFIM, el programa nacional mexicano para el financiamiento de microempresas, para asistir a instituciones microfinancieras seleccionadas en la adopción de servicios financieros digitales.
La IFC también se asoció con el Ministerio de Economía en un proyecto que apunta a promover la inclusión financiera de las pymes facilitando el uso de bienes muebles como colateral de un préstamo.
México y el Acceso Financiero Universal 2020
México representa alrededor de 2,6% de los 2000 millones de adultos no bancarizados en el mundo.
El país es uno de los 25 países que el Grupo del Banco Mundial y sus socios han priorizado como parte de un esfuerzo para alcanzar el Acceso Financiero Universal para 2020, cuyo objetivo es permitir el acceso a una cuenta de operaciones o un instrumento financiero para ahorrar dinero y enviar o recibir pagos a adultos fuera del sistema financiero formal.
A nivel nacional, más de 50 países se han comprometido a la inclusión financiera desde 2010, mientras que más de 30 han desarrollado, dado inicio o están en proceso de desarrollar una estrategia nacional de inclusión financiera.
En el caso de aquellos que han establecido una estrategia nacional de inclusión financiera, el aumento anual en el número de adultos con una cuenta formal puede ser hasta dos veces más rápido que en aquellos países no la tienen, de acuerdo a cálculos del Banco Mundial.
