Perú alberga una de las industrias más grandes del mundo de pesca de una sola especie, la anchoveta, que provee aceite de pescado rico en omega 3 y harina de pescado utilizada en la industria ganadera y de la acuicultura.
Hace apenas unos años, este pequeño pez, una especie relacionada con la anchoa, se vio amenazado por la sobreexplotación desmedida y por los cambios recurrentes en las corrientes oceánicas debido a eventos como el fenómeno de El Niño.
Hasta 2009, la pescadería de anchoveta peruana era gestionada como un recurso de libre acceso y propiedad común, con una cuota de pesca general impuesta en la región Centro-Norte del país. Esto llevó a las compañías a aumentar la cantidad de barcos e intentar pescar tanto como pudieran durante la temporada, lo que a su vez ejerció una gran presión sobre la población existente.
“Todo estaba permitido”, recordó Antonio Juárez Amaya, un capitán de pesca con 42 años de experiencia. “Tomábamos el cardumen completo, sin importar el tamaño del pez”.
Ante la amenaza de agotar las existencias, el gobierno del Perú revisó la gestión de la pesca industrial de anchoveta. La principal prioridad fue la de devolverle la salud a la población de peces, reduciendo la actividad. En el caso de la anchoveta, esto significó que se adoptara una estrategia en la que se asigna un porcentaje de la pesca total permitida, según lo establecido por una organización científica, a las compañías individuales.
Como resultado de esta reforma, un cuarto de la flota fue desmantelada. Las compañías pesqueras que permanecieron en el sector de la anchoveta, pero con sus flotas reducidas, asignaron tareas rotativas a sus trabajadores, y compensaron a aquellos que eligieron dejar el sector. Según lo exigido por la ley, el FONCOPES, un fondo de compensación financiado por el sector privado, brindó programas de capacitación y asesoría para iniciar un pequeño emprendimiento a más de 2.000 expescadores.
De pescador a chef
José Luis Cárdenas Vílchez, un expescador convertido en un exitoso chef de Nuevo Chimbote, una ciudad costera al norte del Lima, es uno de los más de 1.000 “casos exitosos” documentados por el FONCOPES. “Yo tuve suerte, recibí una capacitación muy buena [en gastronomía]. Vi la transición como una oportunidad, en lugar de enfocarme únicamente en el paquete de indemnización”, dijo.
Otros tuvieron más problemas. Ana María Jaico, una coordinadora de FONCOPES que solía trabajar en Chimbote, admite que no siempre fue fácil reconvertir a los pescadores, la mayoría de ellos de entre 40 y 60 años de edad, hacia otras profesiones. “Algunos decidieron abandonar los programas de capacitación”, dijo. La sensación general, sin embargo, es que los beneficios de la reforma son superiores a las molestias.
La salud de la población de anchoveta, la calidad de la harina de pescado, las condiciones de trabajo en los buques, y la rentabilidad de la industria mejoraron desde 2009, si bien el caudal de pesca sigue estando a merced de las cambiantes corrientes oceánicas y demás perturbaciones.
Dado que la anchoveta es un recurso que habita un ecosistema de elevada variabilidad climática, y es afectada por los cambios en la temperatura del mar, el tamaño de la población y el volumen de captura sostenible varían enormemente año tras año. La población por lo tanto requiere de un monitoreo constante. La creciente cooperación entre las pesquerías privadas e IMARPE, el instituto marítimo peruano, está ayudando en la recopilación de datos en tiempo real de las condiciones climáticas y su impacto en la población de peces.
“Hoy en día, existen límites de captura por buque, [y] temporada de pesca. Preservamos la especie por tamaño y madurez”, dijo Miriam Huanca Aguilar, jefe de control de calidad de la pesquera Diamante en Malabrigo. “Cumplimos con los controles no solo porque la ley lo estipula. Queremos ser responsables para asegurarnos que podremos seguir pescando a futuro”.
En pro de la pesca sustentable
Si bien los controles y cuotas han ayudado en la recuperación de la anchoveta, las demás pesquerías están menos reguladas. De las principales especies comerciales, el 35 por ciento no está sujeta a norma de gestión alguna, mientras que un 35 por ciento adicional está sujeta apenas a tallas mínimas de captura, de acuerdo a un análisis de 2013.
En Pucusana, un pequeño puerto pesquero al sur de Lima repleto de buques esperando descargar su captura, la presión puesta sobre los pescadores artesanales como David García es evidente. García estaba en tierra firme el día que fue entrevistado, dado que el precio de la pota (molusco semejante al calamar) era demasiado bajo para cubrir sus costos. “El precio bajó mucho debido al exceso de oferta”, dijo. En su opinión, las limitaciones de pesca ayudan mucho a mejorar el sector: “Trayendo menos pescados aquí, estaríamos conservando mejor a la especie y negociando mejores precios”.
Un nuevo informe del Banco Mundial titulado “Los miles de millones hundidos: Una nueva visión” aduce que el sector pesquero podría generar 83.000 millones de dólares adicionales por año a nivel mundial reduciendo el volumen de pesca y dejando que las pesquerías se recuperasen hasta alcanzar un tamaño más saludable y valioso.
De acuerdo a Héctor Soldi, viceministro peruano de Pesca y Acuicultura, lograr que la pesca artesanal sea más sustentable es una de las prioridades del gobierno, así como el desarrollo de la acuicultura.
“Hay un enorme potencial para la innovación”, dijo Soldi, quien le da la bienvenida a la siguiente fase del apoyo del Banco Mundial en ambos sectores, un Programa Nacional de Innovación en la Pesca y Acuicultura de US$40 millones. La pesca artesanal emplea entre 45.000 y 65.000 personas. La acuicultura, aún incipiente en Perú, podría proporcionar una actividad alternativa a algunos de estos pescadores y ayudar a reducir la presión sobre las especies silvestres.
