Cuando los países tienen garantía de acceso a recursos financieros mediante fondos para riesgos de catástrofe antes de que se produzca un desastre, pueden responder rápidamente frente a esas situaciones y reducir el impacto en las personas y en sus medios de subsistencia.
Esto es lo que han hecho países insulares tanto del Caribe como del Pacífico en los últimos 10 años a través de sendos fondos regionales para riesgos de desastre: el Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe para el Caribe (CCRIF SPC) y la Iniciativa para la Evaluación y el Financiamiento de Riesgos de Catástrofe en el Pacífico (PCRAFI).
Tras los huracanes Irma y María de septiembre pasado, en menos de 15 días el CCRIF SPC efectuó pagos por valor de USD 29,6 millones a seis países del Caribe: Antigua y Barbuda, Anguila, Haití, Saint Kitts y Nevis, Bahamas, y las Islas Turcas y Caicos. Además, el CCRIF SPC, conjuntamente con un proyecto en curso del Banco Mundial sobre reducción de desastres, pagó USD 19 millones a Dominica.
Igualmente, en 2015, tan solo siete días después de que Vanuatu sufriera los devastadores efectos del ciclón Pam —que a su paso dejó sin hogar a un tercio de la población de la isla y provocó daños equivalentes a más del 60 % del producto interno bruto (PIB) del país—, el Gobierno recibió USD 2 millones de la póliza de seguro que había contratado a través de la iniciativa PCRAFI. Si bien USD 2 millones tal vez no sea mucho dinero, esos fondos equivalían a ocho veces las reservas para casos de emergencia de que disponía el Gobierno y fueron fundamentales para financiar prioridades urgentes, como el traslado aéreo de personal médico a las zonas más afectadas.
A través de los fondos soberanos para riesgos de catástrofe, los países pueden mancomunar riesgos en una cartera diversificada, conservar una parte de los riesgos mediante reservas conjuntas y capital, y transferir el exceso de riesgo a los mercados de reaseguros y de capital.
Dado que es muy improbable que varios países se vean afectados por un desastre de grandes proporciones en un mismo año, la diversificación entre los países participantes crea una cartera más estable y menos intensiva en cuanto a capital, y cuyo reaseguro es menos costoso.
Al poner un precio al riesgo, los fondos soberanos para riesgos de catástrofe también pueden crear incentivos para que los países inviertan en la reducción de los riesgos a que están expuestos.
Esto reviste importancia, pues la asistencia de donantes es insuficiente para financiar el costo cada vez mayor de los desastres, y la cobertura de los seguros sigue siendo baja en los países vulnerables. Al mismo tiempo, las pérdidas provocadas por los desastres han ido creciendo, ya que la frecuencia e intensidad de los peligros relacionados con el clima están aumentando y hay más personas y más activos en riesgo.
Actualmente, los efectos de los desastres naturales equivalen a una pérdida de USD 520 000 millones anuales en consumo, y cada año sumen en la pobreza a unos 26 millones de personas.
En la última década, 26 países de tres regiones —África, el Pacífico, y América Central y el Caribe— se han incorporado a tres fondos soberanos para riesgos de catástrofe, en parte, gracias a los aportes de donantes, que han proporcionado recursos técnicos y financieros para su respaldo. Estos países han contratado seguros paramétricos contra riesgos de catástrofe que brindan cobertura por un total de USD 870 millones y representan una prima total de USD 56,6 millones, con el respaldo de más de 30 compañías reaseguradoras. Hasta ahora, los tres fondos han efectuado pagos por un monto de USD 150 millones.
En un nuevo informe del Banco Mundial se analiza esta experiencia y se muestra que los fondos para riesgos de catástrofe pueden cumplir una función importante para separar la gestión de las perturbaciones relacionadas con los desastres y con los fenómenos climáticos de la asistencia humanitaria especial, de manera que dicha gestión pase a formar parte de la planificación del desarrollo. En el informe, titulado Sovereign Catastrophe Risk Pools: A World Bank Technical Contribution to the G20 (Fondos soberanos para riesgos de catástrofe: un aporte técnico del Banco Mundial al G-20), (i) se propugna una mayor cooperación entre los países miembros del Grupo de los Veinte (G-20) y los países en desarrollo en materia de financiamiento y seguros contra desastres y riesgos relacionados con el clima. El documento fue fundamental para el respaldo por parte del G-20 de la iniciativa InsuResilience, una nueva alianza mundial para procurar financiamiento y seguros contra riesgos climáticos y de desastre, que se pondrá en marcha en la CP 23.
Finalmente, los fondos para riesgos de catástrofe son solamente uno de los elementos que conforman un planteamiento eficaz con respecto a la gestión de riesgos. Para reducir el impacto de los desastres en las personas, en los medios de subsistencia y en los presupuestos nacionales, los Gobiernos deben estudiar formas de identificar y reducir los factores subyacentes que generan riesgo. Los fondos para riesgos de catástrofe, conjuntamente con otras soluciones de financiamiento y seguro contra riesgos de desastre, complementan la reducción de riesgos al ayudar a los Gobiernos a afrontar aquellos peligros que no pueden mitigarse. También contribuyen a encaminar la gestión de riesgos hacia un planteamiento proactivo, centrado en la planificación anticipada de las respuestas financieras, en lugar de apoyarse en iniciativas de movilización de fondos después de ocurridos los desastres.
En el informe se muestra que el éxito de los fondos para riesgos de catástrofe se sustenta en el compromiso político, el apoyo de los donantes, un buen diseño operacional y la sostenibilidad financiera.