Apoyar las inversiones públicas sostenibles en el desarrollo comprendiendo y gestionando los riesgos financieros.
En el tórrido desierto de la península de La Guajira, ubicado en la frontera occidental de Colombia, una niña se dirige por un camino de tierra a su ranchería, un pequeño conjunto de hogares precarios que forman la aldea donde vive. El calor de la tierra seca y estéril solo se ve aliviado por un árbol frágil o unos pocos cactus espinosos. Acaba de regresar de la ciudad de Bucaramanga.
“Los subsidios del ICETEX me ayudaron mucho a mantenerme en la ciudad”, afirmó. “Si no fuera por ellos, yo no hubiera podido ir a la universidad. Me sirven para pagar la matrícula, la ropa, el transporte y otros gastos cuando estoy en Bucaramanga”.
El propio Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) era el sueño de un estudiante colombiano, Gabriel Betancourt, que posteriormente se convirtió en ministro de Educación. En 1950, apoyó la creación del ICETEX, el primer programa de préstamos para la educación superior del mundo. En la actualidad, es una entidad estatal que promueve la educación superior mediante el otorgamiento de créditos educativos a estudiantes con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico.
“Para poder sobrevivir y prosperar, una entidad del Estado necesita obtener financiamiento estable y de bajo costo. El Gobierno central desempeña un papel esencial en este sentido mediante la emisión de garantías”, declaró Rodrigo Cabral, oficial financiero superior de la Tesorería del Banco Mundial. “Pero como en cualquier suscripción financiera, cuando un Gobierno emite una garantía en respaldo de un préstamo que solicita uno de sus organismos, asume un riesgo como cosignatario, dado que el organismo puede verse imposibilitado de cumplir con su obligación financiera y, por ende, no pagar el préstamo”.
Asumir este tipo de riesgos no siempre ha sido una solución. Como resultado de la recesión económica de fines de los años noventa, se hicieron efectivas varias garantías del Estado, lo que llevó a que se acumularan pagos por un valor de hasta el 2 % del producto interno bruto (PIB) de Colombia en 2004. La materialización de estos pasivos contingentes generó una conmoción financiera en una economía que ya se veía presionada por la recesión.
Luego de la crisis, Colombia actualizó su marco legislativo para abordar de forma más adecuada la cuestión de los pasivos contingentes y mejorar la gestión de riesgos derivados de las garantías públicas.
Cooperación con la Tesorería del Banco Mundial
En 2011, el Gobierno colombiano se asoció con el Programa GDRM, una iniciativa de la Tesorería del Banco Mundial patrocinada por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), para perfeccionar la evaluación de riesgos y la gestión de los pasivos contingentes. La cuestión pendiente consistía en encontrar un modelo de riesgo cuantitativo para determinar las comisiones, separadas en un fondo para contingencias, y definir el aval que debían presentar las entidades públicas que deseaban obtener garantías del Estado para poder endeudarse.
El Programa GDRM respaldó al Ministerio de Hacienda de Colombia principalmente de dos formas. En primer lugar, proporcionando un experto técnico que brindó servicios de consultoría en el lugar, así como apoyo directo para la investigación y el desarrollo de la nueva metodología. En segundo lugar, fomentando el diálogo con otros países en cada etapa del proceso de gestión de riesgos. El equipo de profesionales incluyó a Suecia, un país desarrollado con años de experiencia en la emisión de garantías; Turquía, un país emergente con un sólido marco para emitir garantías y gestionar prácticas de otorgamiento de représtamos; Sudáfrica, cuya experiencia en la gestión de garantías públicas era la más similar a la de Colombia, e Indonesia, una nación que recién comenzaba a transitar el camino de la gestión de los riesgos derivados de las garantías públicas.
“El trabajo comenzó con una serie de diálogos virtuales a través de WebEx: cinco sesiones de medio día en el lapso de dos meses, durante las cuales cada profesional hizo preguntas específicas de acuerdo a sus necesidades y se benefició con los conocimientos especializados de los demás”, señaló Alessandro Scipioni, asesor residente de la Tesorería del Banco Mundial. Los miembros del grupo de países tuvieron la oportunidad única para encontrarse en persona y presentar ideas durante una conferencia fiscal dedicada a sus problemas que la Tesorería del Banco Mundial organizó en Estambul.
Trifecta para la gestión de la deuda colombiana
Metodología perfeccionada: la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional —el equivalente de una oficina de gestión de la deuda— mejoró su metodología para determinar las comisiones y los avales adecuados que se requieren para que el Gobierno emita garantías; estas comisiones se separan en un fondo para contingencias que pertenece al Gobierno central.
Marco jurídico revisado: la Contraloría General de la República solicitó al Ministerio de Hacienda que elaborase una política sobre garantías públicas para el endeudamiento del sector público no financiero. En 2015, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional aprobó una resolución ministerial sobre garantías públicas.
Implementación del cambio: hasta el momento, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional ha aplicado la nueva metodología a los préstamos externos de organizaciones multilaterales obtenidos por tres organismos públicos: Findeter, ICETEX y Bancóldex. Los tres préstamos fueron respaldados con garantías del Gobierno central.
La colaboración entre Colombia y el Programa GDRM de la Tesorería del Banco Mundial permitió mejorar la gestión de riesgos para emitir garantías que respaldan el endeudamiento público y proteger, al mismo tiempo, la clasificación crediticia del Gobierno colombiano. Comprender y gestionar estos riesgos de forma proactiva ayuda a resguardarse de nuevas crisis como las que se produjeron a comienzos de la década de 2000. Estos esfuerzos también permiten que entidades públicas como ICETEX prosperen y que los estudiantes más necesitados tengan acceso ininterrumpido a la educación superior.
