Panamá es un país de muchas caras. La principal y más conocida es la de su canal transoceánico, seguida de la de su capital delineada de rascacielos. Pero hay una que se conoce poco y que es crucial en su constitución como país: la de sus siete pueblos indígenas, que representan más del 12% de la población.
Su situación no es fácil. La gran mayoría vive lejos de esos rascacielos, en áreas ricas de naturaleza, pero de difícil acceso con pocos servicios básicos y con una brecha enorme en sus ingresos. Según el informe Latinoamérica Indígena del siglo XXI, en Panamá, los hombres indígenas ganan, en promedio, un 57% menos que los no indígenas, mientras que las mujeres indígenas ganan alrededor de un 70% menos.
Desde 2012, y a raíz de un episodio violento, el gobierno y las autoridades indígenas han estado llevando a cabo un diálogo permanente con el fin de cerrar brechas históricas de inversión pública y hacerles parte del desarrollo del país, pero de acuerdo con la visión y prioridades de ellos mismos. En esta entrevista, Dianna Pizarro, especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial y gerente de un nuevo préstamo para apoyar la implementación de este plan, explica qué se está haciendo para incluir a las comunidades indígenas en uno de los países más pujantes de América Latina.
Pregunta. Panamá es uno de los países que más ha crecido en los últimos años, pero hay una población indígena que no ha recibido los beneficios de ese crecimiento ¿Cómo cerrar la brecha de inclusión?
Respuesta. Ciertamente, Panamá ha logrado una tasa de crecimiento económico y reducciones de pobreza muy significativos, pero los beneficios de ese crecimiento no están llegando en la misma medida a los territorios indígenas. Panamá, entre los países de América Latina, cuenta con las mayores desigualdades en indicadores de bienestar, pobreza, y acceso a servicios básicos entre la población indígena y la no indígena del país. Por ejemplo, ser indígena en Panamá significa que tienes una expectativa de vida de casi una década menos que la expectativa de vida nacional. Si eres una mujer indígena, tienes cinco veces el riesgo de mortalidad materna que una mujer panameña no indígena. La pobreza llega hasta el 86% de la población en territorios indígenas en comparación con el 12% de la población no indígena en Panamá. Las razones de esta realidad de inequidad son múltiples, entre las que destacan un déficit histórico de inversión pública en territorios indígenas y décadas en las que ha habido una falta de capacidad y coordinación entre el Estado panameño y las autoridades indígenas en la planificación e implementación de la inversión que se ha dado.
P. Recientemente se lanzó un proyecto del Banco Mundial para financiar el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas en Panamá ¿En qué consiste el plan? ¿Cuáles son los puntos principales?
R. El plan es una propuesta de los 12 Congresos y Consejos Indígenas hacía el Estado panameño de una política nacional de desarrollo para sus territorios. El plan, inédito en América Latina, nació de una mesa de diálogo y un proceso consultativo de comunidades indígenas al nivel nacional entre el 2012 y el 2014. Esta mesa fue convocada después de un enfrentamiento violento entre el Pueblo Ngabe y el Gobierno en el 2012 cuando los Ngabe salieron a la calle a protestar por sus derechos de consulta sobre inversiones en su territorio, lo cual resultó en la pérdida de vida de dos Ngabe y casi 89 heridos. El plan propone acciones de gobernanza, de desarrollo productivo e inversiones en infraestructura básica con calidad y pertinencia cultural. El plan es único por tres razones: primero, representa un planteamiento nacional de todos los pueblos indígenas del país. Segundo, propone un desarrollo integral, lo cual requiere de acciones multisectoriales y de una coordinación y planificación interinstitucional del Estado. Finalmente, el plan plantea que los mismos pueblos deberían ser socios y protagonistas en su proceso de desarrollo, por lo que no se trata de programas públicos desarrollados desde el gobierno para los pueblos indígenas, sino más bien, inversiones públicas definidas e implementadas en conjunto con ellos y basados en su propia visión y prioridades para sus territorios.
P. ¿Cómo se avizora que será el impacto de este plan en el corto y mediano plazo en las comunidades?
R. A corto plazo, se esperan mejoras en la infraestructura y equipamiento de salud, educación y agua y saneamiento que ha sido priorizado por cada uno de los 12 territorios indígenas. A mediano plazo, se prevé una mayor calidad y pertinencia cultural de la prestación de servicios en estos sectores. A largo plazo, se proyecta una capacidad fortalecida de gobernanza y coordinación entre el Estado y las Autoridades Indígenas para que, de forma proactiva y fluida, respondan a las necesidades y prioridades de desarrollo de los territorios.
P. Menciona que este plan y el proyecto que financia el Banco marcan un hito para Latinoamérica ¿Cómo se puede replicar en otros países con gran población indígena vulnerable?
R. Para replicar una experiencia, hay que extraer los elementos del modelo que han sido clave y que se podrían darse en otros escenarios. Cada país en Latinoamérica tiene sus características únicas en relación con la capacidad de sus gobiernos y la situación histórica, nivel organizativo y reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. Desde esta experiencia hay varios aspectos innovadores que son replicables. En primer lugar, queda claro la necesidad de preinvertir en un proceso robusto de consulta y articulación de una visión, plan o propuesta desde las comunidades beneficiarias para que lo que se proponga cuente con un gran de máxima apropiación y compromiso. En Panamá este proceso con el plan fue facilitado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El segundo aspecto clave es la existencia e inversión en una plataforma de diálogo permanente entre las autoridades indígenas, el Estado y otros cooperantes, que permita un diálogo fluido, continuo, y un espacio estructurado para tomar decisiones y resolver conflictos. La consulta que se requiere en estos procesos de codiseño es continua y reiterativa, por lo cual solo pueden funcionar con espacios estructurados y legítimas de diálogo. El Gobierno de Panamá ha mostrado un compromiso y la apertura para hacer realidad las decisiones y propuestas establecidas en este espacio, logrando así crear un mayor nivel de confianza y mostrando buena fe con los pueblos indígenas. Un tercer aspecto clave ha sido la participación de las autoridades indígenas en cada aspecto de la preparación del primer proyecto —financiando por el Banco Mundial— y que implementarán el plan, lo cual crea una coresponsabilidad en las decisiones tomadas y apropiación para lo que viene. Finalmente, el rol de actores externos, como el PNUD y el Banco Mundial, no solo da mayor garantía a la sostenibilidad y facilita la mediación en momentos de conflicto, sino que permite al proceso panameño nutrirse de la experiencia global.
