Colombia es rica en agua, pero esa riqueza no llega a todos los colombianos. Aunque es uno de los nueve territorios del mundo con mayores recursos de agua, un tercio de su población urbana está afectado por estrés hídrico.
A raíz del cambio climático y el crecimiento demográfico, la disponibilidad de agua ha venido disminuyendo durante las últimas dos décadas. Desde sequías extremas hasta inundaciones graves, Colombia ya está presentando síntomas de inseguridad hídrica en todo su territorio, que reflejan sus problemas de “exceso, escasez y contaminación” del agua.
En un nuevo informe titulado Cambiar el rumbo: mejorar la seguridad hídrica para propiciar la recuperación y el crecimiento sostenible de Colombia, se analizan medidas para mitigar los impactos negativos de estas crisis vinculadas al agua y se recomiendan inversiones prioritarias para mejorar el desempeño del sector del agua y catalizar su potencial para impulsar el crecimiento y la recuperación después de la covid-19. El documento se lanzó este miércoles en ACODAL, en el marco del 63 Congreso Internacional de Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables - EXPOAGUA 2020.
Los desafíos hídricos que enfrenta Colombia
Según estudios realizados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 391 municipios ya están expuestos al riesgo de escasez de agua, y la tendencia a largo plazo indica que muchos más correrán la misma suerte. El cambio climático está incrementando las anomalías pluviales, y se prevé que las temperaturas medias aumentarán en hasta 2,14 grados hacia el final del siglo. El resultado probable será un mayor número de sequías e inundaciones, el aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos El Niño y La Niña, y la pérdida rápida y constante de glaciares, que ya han retrocedido un 60% en los últimos 50 años.
La contaminación del agua, otro problema grave, está degradando cada vez más la calidad de los recursos hídricos del país y dañando sus ecosistemas. En muchas regiones, el agua está tan contaminada que el contacto directo es peligroso. Las cargas sanitarias que impone la contaminación del agua crean ciclos viciosos de pobreza, desigualdad y movilidad forzada.
El agua contaminada y la incertidumbre pluvial también están incidiendo en la estabilidad de los ingresos agrícolas, que son fundamentales para lograr que las zonas rurales y remotas del país prosperen.
En Colombia, donde la tasa de desplazamiento interno es una de las más altas del mundo, la incertidumbre pluvial y el aumento de la contaminación del agua están acelerando los desplazamientos, lo que plantea dificultades al Gobierno al momento de elaborar planes de desarrollo territorial y políticas inclusivas en las zonas rurales.
Aunque el país ha adoptado medidas fundamentales para mejorar el marco institucional del agua, el sector aún está regido por numerosos intereses, leyes y fuentes de financiamiento contrapuestos, que separan el diseño, la implementación y el seguimiento de las políticas y las inversiones.
Todavía persisten deficiencias considerables en los servicios de agua: la cobertura del abastecimiento de agua gestionado de manera segura llegó al 73% a nivel nacional (el 40% en las zonas rurales) y la cobertura del saneamiento gestionado de manera segura a tan solo el 17%.
El impacto de la covid-19 en el sector del agua
La pandemia de covid-19 ha impuesto limitaciones enormes a los proveedores de servicios de agua en todo el país. Mantener la continuidad del servicio e incluso aumentar los niveles de abastecimiento de agua durante la fase de emergencia de la crisis han planteado un gran desafío para los proveedores.
La presión adicional sobre estos se originó en la disminución de los ingresos, debido a las dificultades que enfrentan los hogares para pagar las facturas y al aumento de los mandatos públicos relacionados con el suministro de agua.
A esto se han sumado el aumento de los costos (horas extras, la incorporación de personal temporario, y la importación de insumos, como productos químicos) y las limitaciones en materia de prestación y cobertura del servicio, ya que hay zonas que carecen de acceso o donde la continuidad del servicio es escasa.
Otro aspecto está relacionado con la deuda, para pagar el financiamiento otorgado por instituciones financieras internacionales, o las deudas con bancos locales y alianzas público-privadas.
Estos problemas que han surgido con la pandemia exigen reforzar el desarrollo del sector y promover asignaciones más altas de financiamiento público. Los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento son esenciales y, si se ven afectados por interrupciones o suspensiones, pueden causar rápidamente una acumulación de costos para la economía en términos de capital humano.
Aunque el Gobierno ha actuado con celeridad para mitigar algunos de estos impactos a través de la adopción de medidas de emergencia, la solución de las actuales deficiencias de los servicios y las acuciantes limitaciones financieras planteará un desafío aún mayor que en el pasado.
Para la etapa posterior a la covid-19, Colombia ha elaborado un plan de recuperación que incluye cuatro pilares: creación de empleo, crecimiento verde, orientación del apoyo a las personas pobres y vulnerables y énfasis en las zonas rurales, la paz y la seguridad.
Las inversiones correctas en seguridad hídrica conllevarán la creación de empleo, un equilibrio entre la infraestructura verde y la infraestructura gris, y el mejoramiento de las condiciones de salud para las personas pobres y vulnerables. La incorporación de estas inversiones en el desarrollo territorial reducirá la migración a las ciudades, así como el número de personas que se desplazan dentro del país, y promoverá la paz y la seguridad, señalan los expertos en el informe.
Soluciones hídricas para Colombia
Sin inversiones considerables en obras de infraestructura hídrica existentes y nuevas y sin una revisión del marco institucional vigente, se seguirá desaprovechando el enorme potencial de capital hídrico de Colombia. En el informe se recomendaron varias áreas prioritarias en las que es conveniente que el país adopte medidas orientadas, por ejemplo, a fortalecer el marco institucional, promover el desarrollo territorial, aumentar la resiliencia y aprovechar la economía circular (en el que las aguas residuales ya no son vistas como desechos, sino como un recurso valioso en el contexto de escasez de agua).
Más específicamente, cualquier mejora significativa de la seguridad hídrica tendría un impacto directo en el desarrollo social, ambiental y económico del país. Por ejemplo, el Proyecto del Canal del Dique, que forma parte del plan de recuperación del Gobierno, es una inversión que podría generar más empleos, oportunidades económicas para las comunidades de la zona y la restauración de valiosos ecosistemas en la región.
En el estudio se pone de relieve la importancia de modernizar las instituciones del sector debido a que múltiples ministerios intervienen en la gestión de los recursos, la prestación de servicios y la mitigación de los riesgos. Las reformas institucionales podrían mejorar la colaboración, reducir la superposición de funciones, aumentar la rendición de cuentas y la transparencia, y propiciar la implementación de proyectos multipropósito.
Para promover la inclusión y el desarrollo territorial es fundamental realizar inversiones en las zonas que carecen de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.
Claramente, todas estas recomendaciones están vinculadas con las prioridades establecidas por el Gobierno para lograr la recuperación, que incluyen la creación de empleo, el crecimiento verde, la focalización en las necesidades de las personas pobres y vulnerables, el mejoramiento de los medios de subsistencia en las zonas rurales y la promoción de la paz y la seguridad.
