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ARTÍCULO Abril 27, 2021

A cinco años del terremoto, Ecuador sigue trabajando en su resiliencia frente a desastres

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La noche del 16 de abril de 2016 es un momento que Joselías Sánchez nunca olvidará. Mientras compartía junto a su esposa e hijo en su casa en Manta, Ecuador, un fuerte movimiento los puso en alerta. Se trataba de un terremoto que estremeció todo el país. Al salir a las calles, y en palabras de Joselías, solo pudo encontrar “destrucción, oscuridad llena de dolor, llanto en medio de la noche, alaridos y gritos”.

“Todo estaba como detenido en el tiempo,” agregó Joselías. Para él, como para otros miles de ecuatorianos, este terrible momento dejó escenas de terror y tragedia, pero también ejemplos de solidaridad humana. Mirando al futuro, Joselías deseaba que el terremoto fuera “una lección de historia”.

Un punto de inflexión

El 16 de abril se cumplió el quinto aniversario del terremoto de Pedernales, que con una magnitud 7,8 Ml, se considera como el más destructivo de la historia reciente de Ecuador. El terremoto causó fuertes daños, principalmente en las zonas de mayor vulnerabilidad física y socioeconómica, y dejó un balance total de 676 fallecidos, 6.274 heridos y 80.000 desplazados. Los estragos causados en 51 establecimientos de salud y 886 centros educativos, complicaron seriamente el acceso para muchas personas a servicios sanitarios y educativos durante meses.

El Gobierno de Ecuador estimó que los costos de reconstrucción para las zonas afectadas ascendían a 3.300 millones de dólares, principalmente en los sectores social, productivo y de infraestructura, por orden de afectación. El impacto del terremoto provocó la destrucción de alrededor de 21.823 empleos y generó 515 millones de dólares en pérdidas (en términos de flujos perdidos) en el sector productivo. 

Invertir en la respuesta, recuperación y resiliencia ante desastres

En respuesta a este catastrófico evento, el Banco Mundial y el Gobierno de Ecuador reforzaron su colaboración para fortalecer el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y así aumentar la resiliencia ante catástrofes y emergencias de distinta índole.

En el proceso, el proyecto de mitigación de riesgos y respuesta ante emergencias ha servido como catalizador de diversas actividades de asistencia técnica financiadas por el Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de los Desastres (GFDRR). En estas actividades, el Banco Mundial apoyó el desarrollo de estrategias, lineamientos y guías técnicas clave para la gestión de riesgo de desastres, con el fin de mejorar la capacidad de las entidades ecuatorianas en mitigación, respuesta y recuperación ante desastres y emergencias.


"Al salir a las calles, solo pude encontrar destrucción, oscuridad llena de dolor, llanto en medio de la noche, alaridos y gritos”. “Todo estaba como detenido en el tiempo..."
Joselías Sánchez
Manta, Ecuador

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¿Cómo evitar las consecuencias de este tipo de desastres?

Siempre nos preguntamos si este tipo de eventos se repetirá. La respuesta es SI. Los terremotos se van a repetir, así como también las erupciones volcánicas y las intensas lluvias que pueden causar inundaciones y deslizamientos. Sin embargo, el gobierno ha adoptado una postura más proactiva y se ha marcado el objetivo de reforzar sistemáticamente la reducción de riesgos predesastre y la respuesta posdesastre.

Uno de los hitos del proceso llevado a cabo por el gobierno fue la adopción del Plan Nacional de Respuesta ante Desastres “RespondeEc” en 2018 (dos años luego del terremoto), a cargo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE). El Plan definió procedimientos destinados a reducir al máximo los riesgos posteriores a eventos adversos, mediante la categorización de estados de alerta para cada tipo de emergencia, los lineamientos para responder de manera eficaz ante diferentes escenarios y la articulación para coordinar las labores de los diversos organismos encargados de la respuesta a emergencias.

En cuanto a la Reducción de Riesgos de Desastres, el Gobierno de Ecuador se propuso desarrollar un Plan Nacional “PrevieneEc”, que aspira a conformar un marco completo para avanzar en el conocimiento e integración de las consideraciones de riesgo en los proyectos de infraestructura, actividades de prevención y obras de mitigación, entre otros, con miras a corregir las vulnerabilidades existentes. En este ámbito, el Banco Mundial ha apoyado a la SNGRE en la elaboración de estrategias de prevención y mitigación de riesgos como parte del Plan PrevieneEc.

Mejorar la protección financiera e identificar los impactos de desastres y emergencias

Otro de los hitos clave que demuestra el compromiso de Ecuador con la gestión integral del riesgo de desastres fue la elaboración de la Estrategia de Gestión Financiera ante el Riesgo de desastres para Ecuador. El documento guía el manejo de recursos públicos para la atención de desastres a fin de garantizar el apoyo a los afectados y minimizar los impactos en los programas de desarrollo, uniéndose así a la lista de países líderes en protección financiera ante desastres que ya cuentan con una estrategia, como México y Colombia.

Asimismo, el reporte de “Evaluación Socioeconómica de necesidades posdesastre COVID-19 en Ecuador,” elaborado por el Gobierno de Ecuador en coordinación con Naciones Unidas, Banco Mundial y la Unión Europea, fue la primera evaluación sistemática en la región, que permitió medir el impacto inicial de la COVID-19. El estudio precisó que en el período marzo-mayo 2020 (los tres primeros meses desde el inicio de la pandemia en Ecuador) los efectos económicos reflejan pérdidas de 6.400 millones de dólares (6.0% del PIB). Vale la pena mencionar que en abril de 2020, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, se destinaron 45,8 millones de dólares del proyecto de mitigación de riesgos y respuesta ante emergencias para financiar la ayuda a más de 400.000 familias.

El terremoto mostró muchas de las debilidades y desafíos que tiene Ecuador. Mirando al futuro, se presentan importantes retos para avanzar en la reducción del riesgo de desastres, como son la generación de mejor información sobre riesgos para apoyar la toma de decisiones, la integración transversal de los diferentes riesgos de origen natural y humano no-intencional en las políticas nacionales, el fortalecimiento institucional para asegurar una aplicación adecuada de las normas y una mejor coordinación entre las instituciones competentes en este ámbito.

 




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