En 2020, el Gobierno colombiano incorporó criterios de selección relativos al género en los documentos de licitación y los contratos de proyectos de obras públicas para promover la participación de las mujeres y ofrecer, al mismo tiempo, igualdad salarial entre hombres y mujeres. En la legislación también se contemplan las tarifas, se proporcionan incentivos financieros y se presentan estrategias públicas que respaldan el desarrollo de empresas dirigidas por mujeres. Por ejemplo, se establece que las empresas rurales que en su mayoría son propiedad de mujeres deben tener prioridad en los programas de asistencia técnica y financiera del Estado, un obstáculo clave para estos negocios1.
De conformidad con estos nuevos requisitos, el Gobierno colombiano solicitó al Banco Mundial incluir un criterio de género en los contratos de los proyectos de obras públicas para promover la participación de las mujeres y ofrecer la misma remuneración a hombres y mujeres. Entre los requisitos contractuales se incluyeron indicadores de cumplimiento en el proceso de contratación de mujeres y sanciones, entre ellas multas, si no se alcanzaban los objetivos. Todos los contratistas cumplieron estas estipulaciones.
