Crecimos en un sistema principalmente machista. Así fueron creadas las leyes y en el último siglo se han hecho esfuerzos importantes por una verdadera equidad de géneros. Anteriormente, las mujeres no tenían participación política y eran encarceladas por abortar. Hoy, aunque hay algunos avances, todavía hay países que tienen un largo trabajo por delante para proteger a las mujeres, no solo en pro de la equidad, sino en el resguardo su propia vida.
Y es que las cifras son alarmantes. Según la Organización de Naciones Unidas, en 2021 se registraron en el mundo al menos 45.000 asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o familiares. En Argentina, por ejemplo, datos de la Corte Suprema de Justicia en 2021 determinaron que cada 35 horas una mujer fue víctima de feminicidio. En Chile, desde 2013 se contabilizaron oficialmente 457 feminicidios, pero hubo 1.447 intentos frustrados. Por su lado, en México los feminicidios se empezaron a contar desde 2015. Desde entonces se han registrado oficialmente 6.925 víctimas hasta septiembre de 2023, según cifras del Secretariado Ejecutivo de ese país.
Brasil ha registrado la mayor cantidad de feminicidios por año, con 1.900 víctimas, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Además, el organismo asegura que los países de la región con mayores tasas de feminicidios por cada 100.000 habitantes son El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Bolivia.
Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y hasta el 10 de diciembre se celebrarán los 16 Días para Promover el Activismo contra la Violencia de Género, una oportunidad para profundizar en un problema que afecta el crecimiento de América Latina y el Caribe.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una de cada tres mujeres en la región ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o de un familiar. Los tipos de violencia más comunes son la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica. La violencia física se refiere al uso de la fuerza para causar daño a la mujer. La violencia sexual se refiere a cualquier acto sexual no deseado o forzado. En cambio, la violencia psicológica se refiere a los actos de agresión verbal o emocional que causan daño a la autoestima o al bienestar de las mujeres.
Organizaciones como el Banco Mundial reconocen esta problemática como un impedimento de desarrollo para las mujeres en el ámbito social y económico. En su informe Prevenir y abordar la violencia de género, la organización investiga y señala algunas acciones que se han mostrado eficaces para responder ante la violencia contra las mujeres.
Entre las acciones destacadas en las investigaciones que han funcionado en la prevención de la violencia de género están el empoderamiento económico de las mujeres con programas de transferencia monetaria; programas para prevenir la violencia doméstica y el maltrato infantil; activismo comunitario para promover el cambio de actitudes y normas sociales patriarcales; intervenciones en las escuelas para prevenir la violencia sexual entre jóvenes, así como actividades con trabajadoras sexuales para reducir la violencia por parte de los clientes, policías o personas externas.
Ronda Maria da Penha en Manaos, Amazonas.Mariana Kaipper Ceratti / Banco Mundial
El Banco Mundial ha trabajado con los países de la región para prevenir, reducir y responder ante la violencia de género con acciones que van desde asistencia técnica, creación de espacios seguros, implementación de servicios para mujeres sobrevivientes de violencia, creación de centros de acogida, desarrollo de protocolos de acción, líneas telefónicas de apoyo a la violencia y refuerzo en las políticas contra el acoso sexual.
En Brasil, el Banco Mundial dio apoyo analítico a gobiernos federales para entender el riesgo de violencia contra la mujer en el confinamiento por la pandemia de coronavirus. El proyecto Recuperación de las Pérdidas de Aprendizaje de la Pandemia por Covid-19 en Brasil busca identificar a estudiantes con riesgo de abandono escolar debido al embarazo adolescente.
Otros proyectos en la región, como la Estrategia Nacional Intersectorial de Salud del Adolescente para la Prevención o Retraso de la Paternidad en Nicaragua incluye capacitación de trabajadores de la salud sobre la prevención de la violencia de género y buenas prácticas para trabajar con adolescentes. En Colombia, el proyecto Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud y Eficiencia realiza acciones de detección, activación de protocolos, prestación de servicios de salud para víctimas, rehabilitación e inclusión social.
En Ecuador, el informe del Banco Mundial, Revisión de Literatura ¿Qué ha funcionado para prevenir la violencia de género y aumentar el empoderamiento económico en Ecuador, América Latina y el resto del mundo con énfasis en comunidades indígenas?, detalla intervenciones directas para prevenir este tipo de violencia. En 2016, el programa Impacto de las transferencias en la reducción de la violencia en pareja, se desarrolló con refugiadas colombianas y ecuatorianas en situación de pobreza, logrando reducir la violencia entre el 6 % y el 7 %. Otro proyecto en colaboración con Economistas Sin Fronteras incluyó a mujeres en circuitos de economía solidaria e intercultural, lo que contribuyó al avance del ejercicio de sus derechos económicos y el empoderamiento en diferentes aspectos de sus vidas.
Este tipo de proyectos reflejan la intención de intervenir en pro de la prevención y respuesta contra la violencia de género. Apoyar reformas legislativas y políticas sobre este tema, así como la protección jurídica de las sobrevivientes y refuerzo de las penas para los agresores es un paso necesario para comenzar el cambio de normas sociales dañinas que terminen en violencia en los hogares de América Latina y el Caribe.
