Darlin Elvir González, una residente de Comayagua (Honduras), nunca pudo ir a la escuela debido a la falta de infraestructura accesible para las personas con discapacidad. Pese a no tener educación formal, está contenta con la reciente reconstrucción de la Escuela Primaria Marcelino Pineda, a la que asiste su hijo, porque ahora hay elementos de accesibilidad, como rampas.
Antes me daba tristeza porque no podía entrar a la escuela. Siempre tenía que dejar a mi hijo afuera, ya que no podía subir las escaleras. Pero ahora estoy feliz. La escuela es hermosa y ya puedo entrar.
Sin embargo, muchas personas con discapacidad siguen luchando contra la exclusión, la marginación y el acceso limitado a servicios esenciales, en particular la educación. Según un informe del Banco Mundial sobre la inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe (i) cerca de siete de cada 10 hogares con personas con discapacidad son vulnerables a caer en la pobreza. En promedio, los niños en edad escolar (de entre 6 y 12 años) con discapacidad representan una proporción significativa de la población no escolarizada, ya que uno de cada cinco niños no asiste a la escuela. Además, el analfabetismo es cinco veces más alto entre las personas con discapacidad (el 22,1 % frente al 4,3 %).
Las causas son complejas, y los entornos inaccesibles constituyen un obstáculo importante tanto para los estudiantes como para los padres. Esta vulnerabilidad se exacerba aún más durante los desastres naturales, cuando la falta de preparación y las instalaciones inaccesibles dejan excluidas de manera desproporcionada a las personas con discapacidad.
Dado que Honduras es un país muy expuesto a los peligros naturales y su población y economía han experimentado crisis devastadoras, es esencial reconstruir después de los desastres teniendo en cuenta la necesidad de garantizar tanto la resiliencia como la inclusión. En noviembre de 2020, el país fue azotado por dos tormentas tropicales consecutivas, Eta e Iota, que afectaron a aproximadamente 4,5 millones de personas, provocando pérdidas y daños por valor de casi USD 1900 millones.
En respuesta a esta crisis, el Gobierno hondureño, con el apoyo del Banco Mundial, puso en marcha un proyecto (i) que se centra en la reconstrucción de infraestructuras críticas, como escuelas, establecimientos de salud, obras de agua y saneamiento, y caminos y puentes. El proyecto, que pone especial énfasis en el sector de la educación, tiene como objetivo mejorar la resiliencia frente al clima y los desastres, y proporcionar acceso universal en las escuelas reconstruidas.
Con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes, todas las escuelas se someten a evaluaciones de riesgos de desastres, por ejemplo, inundaciones, deslizamientos de tierra o terremotos. Se llevan a cabo intervenciones estructurales para mitigar estos riesgos, que incluyen acciones tales como elevar la altura de las escuelas, asegurar los techos, realizar evaluaciones del suelo para detectar el riesgo sísmico o incluir medidas de mitigación de riesgos a pequeña escala (p. ej., drenaje mejorado). En las escuelas se aplican diseños bioclimáticos para hacer frente a los impactos del cambio climático y las condiciones meteorológicas extremas. Este tipo de diseño se traduce en obras de ajuste en los techos, la instalación de ventanas y la ventilación.
Además, los establecimientos educativos incorporan los principios del diseño universal, de ser factible, lo que significa crear infraestructuras o servicios que puedan utilizar todas las personas, en la medida de lo posible, y que no requieran medidas de adaptación. Se construyen rampas, barandas y baños accesibles para garantizar entornos educativos no solo más seguros, sino también más inclusivos. Estos beneficios se extienden más allá del ámbito de la educación, ya que muchas escuelas funcionan como refugios en caso de desastres, proporcionando un lugar seguro para todos los ciudadanos en las futuras emergencias.
Este éxito del proyecto en la promoción de la inclusión y el diseño basado en el riesgo se puede atribuir a dos factores. En primer lugar, en el diseño del proyecto ha sido fundamental un proceso participativo y consultivo. En los talleres organizados con las comunidades locales, los padres y los maestros se recopilan datos sobre las necesidades que luego se incorporan en los diseños. La colaboración con organizaciones de la sociedad civil, como la Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad de Honduras (FENAPAPEDISH), también fortalece los esfuerzos dirigidos a atender las necesidades de las personas con discapacidad. En segundo lugar, el asesoramiento técnico del Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación (GFDRR, por sus siglas en inglés) ha orientado la integración de los conceptos de infraestructura resiliente y diseño universal en el proyecto.
Si bien el diseño de los enfoques de inclusión y accesibilidad requiere una mayor cantidad de trabajo y puede ser más costoso, los beneficios a largo plazo superan el costo. En un estudio del Banco Mundial se destaca que las instalaciones accesibles aumentan los costos de construcción entre un 0,5 % y un 1 %, aproximadamente, si se planifican, diseñan e implementan desde el comienzo, mientras que las renovaciones pueden representar el 5 % o más de los costos de construcción iniciales. Además, estas inversiones contribuyen a crear sociedades más inclusivas, beneficiando a un amplio espectro de la población: las personas con discapacidad temporal, los ancianos, las embarazadas, los niños y las personas con obesidad.