2. Desarrollar un marco regulatorio estable para el sector
El contexto: Según el análisis, el magro desempeño del país en la producción y exportación agroalimentaria en relación con su potencial puede atribuirse a las políticas que han gravado y limitado fuertemente al sector.
En 2021, Argentina ocupó el segundo lugar entre los países con la tasa más alta de recaudación impositiva por derechos de exportación (el 2,1% del PIB).
La inversión pública de apoyo al sector ha sido menor en comparación con la carga tributaria que aporta el sector, por ejemplo, entre 2019 y 2021, el sector aportó USD8.700 millones más que las inversiones que recibió, lo que representa el 2,12% del PIB.
Realinear los incentivos: El informe afirma que realinear los incentivos agrícolas, permitiendo a los productores tener mayor previsibilidad para el desarrollo de su negocio, puede ayudar a reducir la vulnerabilidad económica a largo plazo.
Aunque la reducción de los impuestos es fundamental para el desarrollo sostenible, para lograr un crecimiento continuado de toda la economía es urgente recuperar la sostenibilidad fiscal en términos generales.
El informe recomienda avanzar en la eliminación gradual de los impuestos a las exportaciones y una sustitución del impuesto a los ingresos brutos de las actividades primarias por impuestos menos distorsivos a nivel subnacional, entre otras medidas para incentivar a los productores a invertir en tecnologías más avanzadas y ambientalmente sostenibles.
3. Mejorar la resiliencia y acelerar la innovación tecnológica
El contexto: La competitividad de Argentina en la producción y exportación de alimentos se sustenta tanto en su riqueza de recursos naturales como en su inversión en innovación. Sin embargo, hoy en día, este modelo se encuentra en peligro.
El ecosistema de innovación ha apoyado al crecimiento de la productividad impulsado por la tecnología, lo que ha aumentado la eficiencia en el uso de los recursos.
, especialmente en la producción de cereales y semillas oleaginosas. Un elemento clave ha sido la incorporación generalizada de prácticas de labranza cero: actualmente, la siembra directa abarca el 90% de las áreas de cultivo de cereales.
Sin embargo, las sequías e inundaciones cada vez más frecuentes hacen que la adaptación para mejorar la resiliencia del sector frente al cambio climático sea esencial.
Hoy, la disminución del financiamiento público está amenazando las innovaciones para el bien común que son fundamentales para la competitividad.
Buenas prácticas e inversión en innovación: La vulnerabilidad a los daños ocasionados por el clima puede reducirse con la adopción generalizada de buenas prácticas agropecuarias climáticamente inteligentes, capaces de mejorar la gestión del suelo, el almacenamiento del agua y la cubierta forestal.
El reporte indica la importancia de sostener un sistema de innovación pública para dar soluciones que la innovación privada no abarca, como la generación continua de información, un sistema regulatorio actualizado y el acceso para los pequeños productores agropecuarios que no se benefician con los desarrollos del sector privado.
Por otro lado, Argentina podrá aprovechar las opciones para llegar a los mercados mundiales de financiamiento del carbono para solventar bienes públicos mundiales como la reducción de los GEI.
Al implementar estas medidas,
