Los créditos de carbono al servicio de las personas
Costa Rica, donde los bosques pluviales tropicales abarcan casi el 50 % del territorio (i), es ampliamente reconocido como líder mundial en materia de conservación y uso sostenible de sus abundantes recursos naturales. En el marco del ACRE, firmado en diciembre de 2020, el país puede recibir hasta USD 60 millones en tres pagos por la reducción de un total de 12 millones de toneladas de emisiones de carbono antes de fines de 2025.
Costa Rica percibió recientemente un segundo pago de USD 17,5 millones, luego de recibir un monto inicial de USD 16,4 millones en agosto de 2022. Estos pagos reconocen los esfuerzos nacionales para lograr los objetivos de reducir las emisiones derivadas de la deforestación y mejorar el secuestro de carbono incluidos en el acuerdo.
Una parte de los fondos derivados de los pagos se entrega directamente a las comunidades locales a través de un plan de distribución de beneficios, para garantizar que quienes contribuyan a la reducción de emisiones se beneficien de manera concreta por sus esfuerzos.
María Elena Herrera, coordinadora del proyecto y jefa de la Secretaría de REDD+, ha sido testigo de cómo estos pagos están marcando una diferencia en las comunidades que han enfrentado durante mucho tiempo obstáculos para acceder a recursos: “Este proyecto ha generado mucha capacidad. También ha abordado numerosas necesidades comunitarias. Las comunidades, por ser indígenas o de un lugar remoto tienen muchas necesidades que no han sido atendidas por el Gobierno nacional. Estos recursos complementan esas necesidades que tiene la gente”.
El liderazgo de Costa Rica en los mercados de carbono
Con el apoyo del Banco Mundial y el FCPF, Costa Rica se ha posicionado como líder en los mercados de REDD+ jurisdiccionales, y se ha convertido en el primer país latinoamericano en recibir pagos por concepto de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal.
Costa Rica ha seguido innovando en el ámbito del financiamiento del carbono y es el primer país que ha vendido créditos de carbono “sobrantes” de alta integridad —aquellos que exceden sus compromisos asumidos — a través de un reciente acuerdo de venta de 100 000 créditos a un integrante de la Coalición LEAF (i).
Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, viceministro de Ambiente, destaca cómo la participación de Costa Rica en los mercados de carbono y esta colaboración con el Banco Mundial han respaldado la economía verde y resiliente a largo plazo del país: “El FCPF ha contribuido a generar datos sólidos que muestran de qué manera ciertas acciones de conservación de los bosques pueden secuestrar carbono eficazmente. Esta información facilita la venta de créditos de carbono, garantiza la continuidad de los pagos por servicios ambientales y fortalece la capacidad del programa de pagos por servicios ambientales para medir y recompensar el secuestro de carbono”.
Costa Rica está llevando su Programa de Pago por Servicios Ambientales un paso más allá al incorporar la conservación de la biodiversidad y el agua dulce, con lo que refuerza su papel como líder en las finanzas sostenibles y la gestión ambiental.
Mirar hacia el futuro para fortalecer la resiliencia y la participación de las comunidades locales
Costa Rica está profundizando su compromiso con la inclusión social y la resiliencia climática a través de una nueva iniciativa respaldada por el fondo fiduciario EnABLE. Desarrollado en colaboración con redes de pueblos indígenas, el proyecto complementa el Plan Ambiental Territorial del país y prioriza la preservación del patrimonio cultural autóctono a la vez que promueve el ecoturismo, la agricultura sostenible y los emprendimientos locales. En la iniciativa se pone especial énfasis en la distribución transparente de los recursos, el monitoreo participativo y la gestión colaborativa entre los territorios indígenas, las partes interesadas regionales y el Banco Mundial.
Un objetivo clave es garantizar que las voces de los pueblos nativos se incluyan en la política climática nacional y la toma de decisiones, para fortalecer su papel en la elaboración de la agenda ambiental del país. Con el fortalecimiento de las estructuras de gestión y el fomento de las oportunidades económicas, Costa Rica continúa empoderando a las comunidades y reforzando las prácticas de ordenación sostenible de la tierra.
