Por Maitreyi Bordia Das, Sabina Anne Espinoza, Ede Jorge Ijjasz-Vasquez, Narae Choi y Sonya M. Sultan

Rehana tiene 21 años^[1]. Se fue de su aldea, en las afueras de Rangpur, hace tres años para trasladarse a Dhaka porque su prima, que trabajaba en una fábrica de ropa, le dijo que en la ciudad había muchas oportunidades. Rehana admiraba la confianza, la independencia y el estatus de su prima que se derivaba de la ayuda económica que daba a su familia. Rehana había sufrido un accidente que le provocó una discapacidad permanente que afectaba su movilidad. Pero, cuando llegó a Dhaka, descubrió un mundo completamente nuevo. Hizo nuevos amigos, obtuvo ingresos estables y un sentido renovado de sí misma. Empezó a ahorrar para su boda y a enviar dinero a su familia. Incluso soñaba con ser propietaria algún día de un pequeño negocio.

Y entonces la pandemia de COVID-19 afectó a la industria de la confección (i) en Bangladesh, que se tambaleó por la crisis. Dejaron de llegar pedidos. Se acumularon las existencias. Rehana y varias jóvenes más fueron despedidas, por lo que tuvo que regresar a su aldea, sin saber lo que le depararía el futuro.

Mientras el mundo intenta darle un sentido a la pandemia, la situación de Rehana no es única, se repite en muchos lugares. El término “recuperación inclusiva” se ha convertido en un lugar común en la respuesta de emergencia a la pandemia. Al replantearse el mundo posterior a la COVID-19, la principal preocupación de los encargados de formular políticas, los organismos internacionales y otros actores no gubernamentales es hacer las cosas bien. Se ha hablado mucho de que los pobres son los que están soportando los peores efectos de la pandemia. Las últimas proyecciones del Banco Mundial indican que entre 73 millones y 117 millones de personas caerán en la pobreza extrema debido a la crisis. Es más probable que sus integrantes trabajen en empleos sin protección social, no tengan acceso al teletrabajo, y corran un mayor riesgo de ser despedidos. Tampoco tienen un acceso adecuado a la información y las tecnologías digitales, lo que les impide aprovechar las oportunidades de aprendizaje en línea.

Ahora bien, una recuperación inclusiva va más allá de la protección de los pobres o de quienes están en riesgo de caer en la pobreza, aunque eso sea esencial. Independientemente de su situación económica, las personas de edad avanzada y las que viven con ciertas discapacidades (i), por ejemplo, corren un mayor riesgo de contraer el virus. Las mujeres y los niños, tanto en los hogares pobres como en los hogares no pobres, se ven afectados de manera desproporcionada por la creciente violencia doméstica (i) y tienen acceso limitado a servicios de salud reproductiva. En Estados Unidos, los índices de hospitalización y mortalidad relacionados con la COVID-19 son más elevados entre los indígenas americanos o los nativos de Alaska, los afroamericanos y los hispanos. Históricamente, muchas personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) se han enfrentado al estigma y otros obstáculos a la hora de acceder a los servicios de salud, y la COVID-19 les ha dificultado aún más el acceso a servicios esenciales.

En un informe reciente (i) del Banco Mundial se señaló que la exclusión es costosa tanto para las sociedades como para las economías. A nivel individual, esos costos incluyen, entre otros, resultados educativos deficientes y mala salud física y mental, pérdida de salarios y pérdida de ingresos a lo largo de la vida. A nivel mundial, solo la pérdida de riqueza en capital humano debido a la desigualdad de género asciende a aproximadamente USD 160,2 billones (i). El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que la desigualdad es perjudicial para el crecimiento a mediano y largo plazo (PDF, en inglés). Por último, las reivindicaciones acumuladas de quienes quedan excluidos pueden provocar tensiones y conflictos sociales, con importantes costos sociales y económicos a largo plazo. Por lo tanto, se debe analizar y considerar cuidadosamente el perfil de una recuperación inclusiva. A continuación, seis aspectos que se deben considerar.

1. Es necesario entender las desigualdades sistémicas de larga data y saber quién está siendo excluido, cómo y por qué. Antes de la pandemia ya se conocían muchas de las deficiencias que existían en las sociedades y economías de todo el mundo. Desde entonces, las desigualdades se han agravado. En algunos países europeos, las comunidades romaníes se han convertido en chivos expiatorios (i) y se las ha estigmatizado como propagadoras de la infección. En Estados Unidos, según un estudio del Centro de Investigación Pew, alrededor del 40 % de los adultos afroamericanos y asiáticos asegura que, desde que comenzó la pandemia, otras personas actúan como si se sintieran “incómodas cerca de ellos” (i) debido a su raza u origen étnico. También hay informes sobre el aumento de la xenofobia (i) durante la pandemia. Asimismo, la estigmatización de personas afectadas por la COVID-19 (i) está siendo un fenómeno emergente en toda África al sur del Sahara, disuadiendo a los enfermos de buscar atención sanitaria y provocando el ostracismo de los sobrevivientes. En la recuperación inclusiva se tendrán que considerar de manera proactiva estas desigualdades estructurales y los procesos por los que se está marginando aún más a los grupos históricamente excluidos.

Pero regresemos a Rehana. ¿Quién es? ¿A qué se dedica su familia? ¿Cuánto ganan sus familiares? ¿Cómo afecta la discapacidad de Rehana el grado de acceso a los servicios que el Gobierno pone a su disposición? En otras publicaciones (i) se ha mostrado que el primer paso hacia la inclusión consiste en hacer las preguntas correctas (PDF, en inglés), y esto se aplica también a la recuperación inclusiva. Se deben responder preguntas como las siguientes: ¿Quiénes tienen más probabilidades de verse más afectados? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son sus ocupaciones y condiciones de vida? ¿De qué forma es más probable que se vean afectados? ¿Por qué tienen más probabilidades de verse afectados y qué necesitan y quieren para enfrentar la situación? Estas preguntas pueden parecer sencillas, pero en realidad son la clave para determinar una focalización eficaz, una intervención apropiada, y si las medidas han sido realmente inclusivas. Por ejemplo, Rwanda invirtió en tecnología (i) para recopilar datos e información, así como para tener su propio sistema de identificación de grupos vulnerables, mediante una iniciativa comunitaria denominada Ubudehe (i). Esta permite a las autoridades locales saber quién tiene probabilidades de quedar excluido de las pruebas y el rastreo, y cómo se produce esa exclusión.

2. Es necesario ser conscientes de las nuevas formas de exclusión que representan una amenaza para el logro de avances. Para comprender quiénes se ven afectados y de qué forma, es importante estar al tanto de los efectos de la pandemia en los grupos actualmente excluidos, a la vez que comprender el riesgo de nuevas formas de exclusión. Por ejemplo, Rehana se había convertido en una representante de la movilidad social impulsada por el sector de la confección, que ha dado fama a Bangladesh. Aunque ella haya superado muchas de sus limitaciones funcionales, una vez que regrese a su aldea, Rehana no solo probablemente volverá a ser pobre, sino también será estigmatizada debido a su discapacidad. El Banco Mundial recientemente llamó la atención sobre el perfil de los “nuevos pobres”, caracterizándolos como personas que. También se trata de personas más instruidas que los pobres crónicos. Finalmente, mientras se observan los avances en la fabricación de una vacuna contra la COVID-19, existe preocupación sobre posibles medidas de racionamiento de dicha vacuna. En tal caso, los Gobiernos tendrán que asegurarse de que las élites no monopolicen el suministro de vacunas.

3. Se necesitan inversiones sólidas en datos y análisis. Rehana es un caso emblemático de las comunidades marginadas, que a menudo permanecen invisibles y se enfrentan a luchas vitales similares. No se sabe dónde viven, ni cómo se ven afectadas por la pandemia. Por lo tanto, es fundamental contar con datos de calidad para cerrar la brecha de la inclusión. Los datos desglosados por edad, sexo, lugar de residencia, ocupación, raza, etnia, situación de discapacidad y características del hogar son indispensables para comprender los matices del problema. Ya se han puesto en marcha algunas de estas iniciativas (PDF, en inglés) con el apoyo a la recopilación por teléfono de datos de alta frecuencia en más de 100 países (i). Las evaluaciones rápidas realizadas por Gobiernos locales y ONG son también fuentes indispensables de información durante y después de la pandemia, como la evaluación llevada a cabo por WIEGO sobre la forma en que la COVID-19 y las medidas sanitarias conexas repercuten en los trabajadores informales de África, Asia y América Latina. Estos datos y los análisis deben ser accesibles al público, respetando la privacidad de las personas. Diversos países ya están tomando la delantera en este ámbito, entre ellos Corea del Sur (i).

4. Se debe garantizar que las personas tengan las herramientas para impulsar sus propias soluciones. Para una recuperación inclusiva, es imprescindible escuchar a las personas para conocer sus necesidades y definirlas como una parte esencial del diseño y la supervisión de las intervenciones. Nueva Zelandia (i) ha mostrado que la confianza pública, el pacto entre el Estado y la sociedad, y la transparencia pueden contribuir al cambio de conducta de las personas y ayudarlas a tomar el control de su situación. Los programas de desarrollo impulsado por la comunidad (PDF, en inglés), por ejemplo, pueden ayudar a entregar eficazmente dinero en efectivo o transferencias en especie y prestar servicios básicos a las comunidades y grupos más vulnerables. Se han utilizado con éxito (i) para brindar apoyo a grupos excluidos. En Indonesia (i), los programas de desarrollo impulsado por la comunidad están ayudando a equipar a las aldeas que se encuentran en la primera línea de la lucha contra la COVID-19 con sistemas de información y vigilancia que permiten, periódicamente, recopilar datos a gran escala y monitorear indicadores relativos a la salud, el desempleo, la pobreza y la asistencia social. La participación de las comunidades en el diseño y, a menudo, en la supervisión de los programas será una parte esencial del proceso de recuperación.

5. Es necesario ayudar a los Estados y los proveedores de servicios a rendir cuentas a los hogares y las comunidades. Hoy en día es más importante que nunca asegurarse no solo de que los proveedores públicos y privados “escuchen” a las personas más marginadas en la etapa de diseño, sino también los mantengan informados durante la fase de implementación. A menos que esa rendición de cuentas se refuerce mediante comentarios periódicos de la ciudadanía, nunca se sabrá realmente si una medida es inclusiva o no. Existen muchos mecanismos a través de los cuales los Gobiernos pueden recibir la opinión de los ciudadanos. Abarcan desde preguntas sencillas a través de mensajes de texto en los teléfonos móviles hasta portales web más complejos. El fortalecimiento de los sistemas de atención de reclamos también ha cobrado más importancia en el presente que en el pasado, ya que se ha reducido el contacto cara a cara con las autoridades y se ha restringido la movilidad física.

6. Se debe apoyar el diseño de programas de estímulo que se focalicen explícitamente en las poblaciones excluidas. Cuando se ponen en marcha planes de recuperación para después de la pandemia en todos los países, muchos parecen perder oportunidades explícitas para las poblaciones excluidas. Será de vital importancia implementar programas de recuperación pospandémica para apoyar proyectos de empleo para los grupos excluidos y respaldar la creación o el crecimiento de pymes dirigidas por miembros de poblaciones excluidas. Dar empleo a habitantes de barrios marginales en programas de expansión de servicios para asentamientos informales o promover las pymes dirigidas por mujeres en programas de gestión de crisis alimentarias son ejemplos de programas de estímulo dirigidos a los más necesitados. Se sabe también que las mujeres, por ejemplo, enfrentan numerosas limitaciones en los programas tradicionales de obras públicas. Garantizar el acceso fácil y seguro a los lugares de trabajo, proporcionar un transporte seguro, permitir horarios de trabajo flexibles o proporcionar servicios de guardería adecuados (i) son medidas que los Gobiernos pueden adoptar para facilitar la participación de las mujeres en los programas de generación de empleo. En el caso de los grupos étnicos y religiosos, las personas desplazadas, los refugiados o las minorías sexuales que enfrentan discriminación social, puede ser necesario realizar una divulgación selectiva para asegurar que se beneficien de esos programas. En una guía reciente sobre el trabajo con empresas sociales (i) se pusieron de relieve las formas en que la recuperación inclusiva puede apoyar a los pequeños empresarios, así como proporcionar ayuda directa a las comunidades mediante mecanismos de financiamiento innovadores.

En términos generales, la COVID-19 puede ser una oportunidad para construir sociedades y economías más inclusivas. Para lograrlo, sin embargo, se debe dar prioridad a Rehana y a otras personas vulnerables como ella, cuyas vidas han cambiado drásticamente debido a la pandemia. Estas personas serán las que en última instancia juzgarán si la recuperación mundial habrá sido verdaderamente inclusiva.