En abril, los gobernadores del Banco Mundial respaldaron la consecución de dos metas históricas: poner fin a la pobreza extrema a más tardar en 2030 y generar una prosperidad compartida. Mucho se requerirá para poner fin a la pobreza extrema: un crecimiento vigoroso, más inversiones en infraestructura, el aumento de la productividad agrícola, mejores entornos empresariales, puestos de trabajo, una educación adecuada y servicios de cuidado de la salud de calidad adecuada. Debemos intensificar nuestros esfuerzos en esas esferas en lugares difíciles, especialmente aquellos cuya situación es frágil y que han sido afectados por conflictos, pero además será necesario superar fallas institucionales y no tolerar la corrupción en ninguna medida. Sin una mejor gestión de la cosa pública será imposible sacar de la pobreza a los 1200 millones de personas cuyos ingresos diarios aún no pasan de US$1,25 y lograr que el crecimiento económico beneficie a todos los ciudadanos.
Los temas de la buena gestión de la cosa pública y el papel que esta cumple en la lucha contra la pobreza son complejos. El ministro de Finanzas de un país rico en recursos pero por lo demás pobre me dijo recientemente que en ese país los subsidios a los combustibles, destinados a proteger de los altos precios a las personas más vulnerables, en definitiva perjudican a los pobres, porque benefician más a los ricos y son dispendiosos e ineficaces. Otro alto funcionario de un país de ingreso mediano calificó de difícil la consecución de una prosperidad compartida porque una creciente clase media tiene altas expectativas y se siente desalentada ante la corrupción y la falta de servicios, con lo cual está menos dispuesta a dar respaldo al Estado.
El primero de esos problemas está relacionado con el gasto, y tratar de resolverlo suele entrañar altos costos políticos. Yemen, Nigeria, Jordania y mi país, Indonesia, son todos países en que las reformas del sistema de subsidios a los combustibles han suscitado motines. Aunque cabría esperar que lo limitado de las finanzas públicas no dejara margen para el gasto, es eso, precisamente, lo que provocan los subsidios generalizados, los cuales disipan recursos escasos y son costosos e ineficaces. Según un análisis del Banco Mundial se estima que tan sólo el 8% de los US$409 millones gastados en subsidios a los combustibles fósiles en todo el mundo en desarrollo en 2010 favorecieron al 20% más pobre de la población. En siete países africanos el 20% más rico de la población recibe beneficios provenientes de los subsidios a los combustibles por un monto seis veces mayor que el sector más pobre, porque consume más.
En algunos lugares los precios de los combustibles se mantienen en un nivel tan bajo que promueven la existencia de una floreciente economía-sombra. Se estima, por ejemplo, que en cierto país productor de petróleo se pierden US$857 millones a través del contrabando de combustibles a precios superiores a los del mercado: más de US$300 millones por habitante.
El segundo problema guarda relación con la confianza, y una emergente clase media lo hace más punzante. Esto, en cierto nivel, es un hecho positivo, porque cuando las personas viven mejor exigen mejores servicios y se reduce su tolerancia a la corrupción y a una inadecuada gestión de la cosa pública, pero si el Estado no presta esos servicios se muestran menos dispuestas a pagar impuestos, invertir o cumplir las normas. Quienes disponen de medios para ello utilizan servicios obtenidos fuera del sistema estatal, lo que reduce la presión tendiente a lograr mejoras que podrían elevar el nivel de vida de toda la población. Algunos analistas consideran también que existe una conexión entre disminución de la confianza en el Estado y relaciones de clientelismo, en que los sectores favorecidos reciben cuidados y premios a expensas de la totalidad de la población. Esa situación puede generar un círculo vicioso en que la falta de confianza y la inclusión se refuercen mutuamente y vayan en detrimento de los programas encaminados a fortalecer las instituciones y prestar servicios de mejor calidad. En otros términos, un Estado que no presta servicios ‘limpios’ terminará por atascar su motor de crecimiento - una sólida clase media - y crea un grave obstáculo para la consecución de una prosperidad compartida.
No obstante, existen ejemplos que demuestran que los ciudadanos pueden mejorar la gestión de la cosa pública. La iniciativa “Yo pagué un soborno”, que comenzó en India, se aplica actualmente en otros países en desarrollo. Los usuarios denuncian la corrupción para fortalecer la rendición de cuentas del sector público mediante mensajes en un sitio web que constituye un instrumento de exposición pública de los infractores, y ahora pueden también dar a conocer ejemplos de honestidad de funcionarios públicos.
En el Banco Mundial tengo el honor de presidir el Consejo de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, que se ocupa de los obstáculos a una buena gestión que dificultan la consecución de metas de desarrollo. Muchos países en desarrollo han acudido al Banco en procura de asesoramiento y asistencia para llevar a cabo reformas. En México, por ejemplo, los costos de las adquisiciones representaban el 40% del presupuesto federal, o sea alrededor del 10% del producto interno bruto. La falta de transparencia también hacía florecer la corrupción. El Gobierno, con respaldo del Banco, implementó una serie de innovaciones. En el curso de tres años las ofertas para la adjudicación de contratos a pequeñas empresas aumentaron un 36%, y el Estado economizó alrededor de US$1000 millones. El Banco ha trabajado asimismo en programas de similar carácter innovador tendientes a aumentar la transparencia de las industrias extractivas o a utilizar la tecnología, en India, para la prestación de servicios de salud materna de mejor calidad.
Es más, sin embargo, lo que puede hacerse. Nuestra labor, en la esfera de la buena gestión de la cosa pública, se centra en el logro del cumplimiento y de la probidad financiera de nuestros proyectos. Además, como institución seguiremos prestando creciente atención a la prestación de servicios en el terreno, tanto a los más pobres como a la clase media; tanto a través de redes de protección social focalizadas como de reformas en materia de buena gestión de la cosa pública. Es que a falta de resultados para todos los ciudadanos, proporcionados de manera eficaz y ‘limpia’, no podremos poner fin a la pobreza extrema ni promover una prosperidad compartida.
