En 2050, la población mundial habrá aumentado en 2000 millones de personas y para alimentarlas deberá incrementarse en un 70% la producción mundial de alimentos. Los precios de los alimentos van en aumento, lo que vuelve a sumir en la pobreza a muchas personas que la habían superado. Para hacer frente a ese desafío se necesitarán nuevas y cuantiosas inversiones en agricultura a fin de aumentar la productividad de grandes y pequeños agricultores y proteger, al mismo tiempo, el medio ambiente y los derechos de los usuarios existentes.
Compartimos las preocupaciones expuestas por Oxfam en su informe Our Land, Our Lives (Nuestra tierra, nuestras vidas) con respecto a los riesgos que pueden entrañar las adquisiciones de tierras en gran escala y la necesidad de una apropiada gestión, transparencia y participación de los terratenientes locales y otros interesados en el proceso de adquisición de tierras. Discrepamos, en cambio, con la exhortación dirigida por Oxfam al Grupo del Banco Mundial (“Grupo del Banco”) para que se imponga una moratoria a las inversiones en empresas agrícolas de gran escala que hacen un uso intensivo de tierras, sobre todo en un período de acelerado aumento de los precios mundiales de los alimentos.
Una moratoria centrada en el Grupo del Banco afectaría, precisamente, a los interesados que más se esfuerzan en mejorar las prácticas de producción: Gobiernos progresistas, inversionistas y nuestra institución. Ese paso no contribuiría en ninguna medida a reducir los casos de prácticas abusivas y probablemente sería un disuasivo para los inversionistas dispuestos a aplicar nuestros elevados estándares.
Hoy más que nunca, el mundo tiene la necesidad de incrementar las inversiones en agricultura, sector cuyo crecimiento contribuye entre dos y cuatro veces más que otros sectores a elevar los ingresos de los más pobres. Tanto los pequeños establecimientos agrícolas como los de gran escala son necesarios para aumentar la productividad y producir suficientes alimentos para alimentar a los pobres del mundo.
Para pasar de una agricultura de subsistencia a una producción comercial, 1500 millones de personas que operan en pequeños establecimientos deben tener acceso a conocimientos, activos, crédito, mercados y gestión de riesgos que pueden provenir de empresas agrícolas de mayor escala. Creemos que un enfoque integral, con participación de una pluralidad de interesados, es la única manera de hacer frente al desafío de la seguridad alimentaria y ayudar a alimentar en forma sostenible a los pobres del mundo.
El Banco (el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento) se interrelacionan principalmente con Gobiernos para fortalecer las políticas de tenencia de la tierra y mejorar la gestión de la tierra. Más del 90% de nuestra cartera de proyectos agrícolas tiene como objetivo mejorar la productividad de los pequeños agricultores y proporcionarles un mayor acceso a los mercados. Asimismo, el 10% de nuestros proyectos se centra en la adecuada gestión de la tenencia de la tierra. El Banco Mundial ha respaldado activamente las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la forestación y la pesca aprobadas en mayo de 2012 por el Comité de Seguridad Alimentaria (FAO, Roma). En asociación con numerosos interesados, como la plataforma Grow Africa, actualmente nos ocupamos de difundir y dar carácter operativo a nivel regional y nacional a esas directrices, pues constituyen un elemento esencial de nuestro diálogo de políticas con los Gobiernos y de la interrelación con el sector privado. Para conocer ejemplos de proyectos, haga clic aquí.
La Corporación Financiera Internacional (IFC), la institución del Grupo del Banco que se ocupa del sector privado, trabaja con empresas clientes a fin de aumentar la productividad agrícola en países en desarrollo y respaldar, al mismo tiempo, políticas de protección para los derechos sobre la tierra de los pequeños agricultores más vulnerables y ayudar a los Gobiernos a sancionar leyes transparentes. IFC invierte en empresas privadas ambiental y socialmente sostenibles en todos los eslabones de la cadena de valor (insumos tales como riego y fertilizantes, producción primaria, procesamiento, transporte y almacenaje, corretaje y servicios de gestión de riesgos, incluidos seguros contra riesgos climáticos o relacionados con los cultivos, financiación contra recibo de existencias, etc.). Las inversiones de IFC efectuadas directamente en el sector agrícola ya han reportado beneficios económicos sustanciales, entre otras cosas ayudando a proporcionar empleo a 37 000 personas, incluidas 11 000 mujeres, y llegando a 4,2 millones de agricultores. Haga clic aquí para conocer ejemplos de proyectos.
Coincidimos en que existen casos de abusos, sobre todo en países donde la gestión de la cosa pública es insatisfactoria y, al igual que Oxfam, creemos que en muchos casos es necesario que las prácticas garanticen una participación más transparente e inclusiva en casos de transferencia de tierras. Ese es, precisamente, el papel que asume el Grupo del Banco a través de la aplicación de sus estándares ambientales y sociales, y también la labor que realiza con los Gobiernos receptores de asistencia en materia de reformas esenciales, como la del régimen de tenencia de la tierra.
El Grupo del Banco no respalda inversiones ni adquisiciones especulativas mediante las cuales se saca ventaja de instituciones débiles de países en desarrollo o se desconocen principios de inversión agrícola responsable. El Banco Mundial respalda y recomienda invariablemente políticas gubernamentales que apliquen programas sistemáticos de agrimensura y otorgamiento de títulos de propiedad que reconozcan todas las formas de tenencia de la tierra: públicas y privadas; formales y consuetudinarias, incluidas las de los productores pastoriles u otros productores dotados de títulos de propiedad imperfectos; colectivas e individuales, incluidas aquellas cuyos titulares sean mujeres, y tanto rurales como urbanas. IFC aplica sus propios estándares de desempeño, referentes a temas tales como impactos ambientales y sociales, prácticas laborales, mecanismos de participación y consulta comunitaria, y políticas tendientes a asegurar futuras condiciones de subsistencia para los actuales usuarios. Una amplia gama de interesados las reconocen como estándares mundiales rectores. Admitimos el desafío que supone la ejecución de proyectos que cumplan normas rigurosas. A ese respecto, el compromiso de IFC de dar a conocer información públicamente, en forma regular, después de la aprobación de un proyecto por el Directorio, es un paso importante para promover la transparencia y la rendición de cuentas.
La evaluación y gestión prudentes de los riesgos y el fortalecimiento de la capacidad son los instrumentos que permiten lograr prácticas sostenibles, y seguimos aprendiendo y perfeccionando nuestro enfoque con aportes de interesados y a la luz de nuestra propia experiencia. IFC, por ejemplo, ha mejorado sus procedimientos de diligencia debida y evaluación temprana de riesgos para evaluar los impactos locales, en la seguridad alimentaria, de potenciales inversiones agrícolas que requieran grandes superficies, y está estableciendo, con carácter piloto, nuevos requisitos en materia de transparencia de contratos en casos de transferencia de tierras del sector público al sector privado. El Banco Mundial se propone iniciar este mes un proceso consultivo con una pluralidad de interesados a fin de examinar y actualizar sus políticas ambientales y sociales. El principal objetivo de ese examen consiste en aumentar la eficacia de las políticas de salvaguardias para mejorar el impacto en el desarrollo de las operaciones financiadas por el Banco.
Consideramos provechoso trabajar con entidades como Oxfam para encontrar la mejor la manera de enfrentar los desafíos de la seguridad alimentaria y el desarrollo económico, pero rechazamos el llamamiento a una moratoria. La mejor manera de hacer frente a esos amplios y complejos problemas consiste, más bien, en trabajar en asociación con interesados a través de foros de una pluralidad de ellos y ofrecer, al mismo tiempo, asesoramiento y asistencia a Gobiernos e inversionistas para lograr resultados positivos y alentar inversiones responsables. Vemos con beneplácito una participación que preservará la honestidad de inversionistas y Gobiernos y que puede ayudarnos a trabajar juntos en los problemas suscitados por “la fiebre de la tierra”.
