Según el informe del Banco Mundial, dos terceras partes de las personas más pobres del mundo siguen sin cobertura
CIUDAD DE WASHINGTON, 13 de mayo de 2014. En los últimos años, los programas de la red de protección social han crecido de manera exponencial alrededor del mundo, pero más de dos terceras partes de los 1200 millones de personas más pobres del mundo —aquellos que viven con menos de US$1,25 al día— siguen sin cobertura, señala un nuevo informe del Banco Mundial.
Según The State of Social Safety Nets 2014, más de 1000 millones de personas en 146 países de ingreso bajo y mediano se benefician de programas de la red de protección social y, sin embargo, 870 millones de las personas más pobres del mundo siguen sin cobertura.
Los programas de la red de protección social incluyen transferencias de efectivo y en especie a hogares pobres y vulnerables, con el objetivo de proteger a las familias del impacto de las convulsiones económicas, los desastres naturales y otras crisis; garantizar que los niños crezcan con buena salud y alimentación y puedan permanecer en la escuela y aprender; potenciar a las mujeres y las niñas; y crear empleos.
“En promedio, los países en desarrollo se gastan el 1,6 % de su producto interior bruto en redes de protección social. Se trata de un porcentaje bajo en comparación con otras medidas de las políticas públicas como los subsidios a los combustibles, que no van destinados a las personas más pobres. Se puede hacer más para atender a las personas más pobres del mundo”, dijo Arup Banerji, director de Protección Social y Empleo del Banco Mundial. “Hay un conjunto de pruebas sólido y creciente que indican que las redes de protección social son una de las maneras más eficaces en función de los costos para que los países acaben con la pobreza extrema y promuevan la prosperidad compartida”.
El informe es el primero de una serie de estudios que examinarán e informarán acerca del crecimiento y la cobertura de las redes de protección social en el mundo en desarrollo, en los que se subrayarán las innovaciones prometedoras y se revisarán los acontecimientos importantes en materia de políticas y prácticas en esta área.
La expansión de las redes de protección social se ha visto reforzada por las pruebas crecientes de su impacto sobre la reducción de la pobreza, la mejora de la salud y la nutrición materna e infantil, el incremento de la asistencia escolar y los resultados del aprendizaje, y la promoción del crecimiento económico sostenido. A lo largo de los últimos tres años, se han completado un total de 53 nuevas evaluaciones del impacto de las redes de protección social, la mayoría en África. Según el informe, se siguen acumulando evidencias firmes de los aspectos positivos de las redes de protección social.
En términos de cobertura mundial de las redes de protección social, en el informe se muestra que los países con niveles de ingresos más bajos sufren las deficiencias más grandes de atención a las personas más pobres:
- En los países de ingreso bajo, en los que el 47 % de la población se encuentra en una situación de pobreza extrema, las redes de protección social cubren a menos del 10 % de la población.
- En los países de ingreso bajo o mediano, las redes de protección social atienden a alrededor de una cuarta parte de las personas extremadamente pobres, pero los 1000 millones restantes de personas más pobres siguen sin cobertura.
- La situación es mejor en los países de ingreso alto o mediano, en los que las redes de protección social cubren al 45 % de las personas en situación de pobreza extrema.
En el informe se señala que la expansión de los programas de la red de protección social, especialmente en forma de transferencias de efectivo, es especialmente manifiesta en África al sur del Sahara. Por ejemplo, 37 países africanos cuentan actualmente con programas de transferencias no condicionadas de efectivo, casi el doble que hace cuatro años. A nivel mundial, el número de países con un programa de transferencias condicionadas de efectivo pasó de 27 en 2008 a 52 en 2013. Se constatan tendencias similares para otros tipos de programas de la red de protección social, como las obras públicas.
Según los datos disponibles, el gasto combinado en redes de protección social en países de ingreso bajo o mediano equivale a US$337 000 millones. En el informe también se señala que, a pesar de la tendencia positiva, el gasto de los países en desarrollo en redes de protección social sigue siendo desproporcionadamente bajo.
En Oriente Medio y Norte de África, el gasto promedio en subsidios a los combustibles es cuatro veces mayor al gasto en redes de protección social. Se observan patrones de gasto similares en India, Camerún, Malasia, Ecuador, Indonesia y Bangladesh.
“Tres países —India, China y Brasil— tienen los programas de la red de protección social más grandes del mundo, y engloban casi la mitad de la cobertura mundial. Los países de ingreso más bajo están aprendiendo de su experiencia”, dijo Banerji. “Estos nuevos datos demuestran que, si las redes de protección se aplican de manera adecuada, es posible cerrar la brecha en la cobertura y atender a los 1200 millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema en todo el mundo”.
El informe señala también que los países están pasando de programas fragmentados a sistemas integrados de protección social. Están surgiendo nuevas estrategias, una mejor coordinación institucional y herramientas innovadoras de administración en todo el mundo. Por ejemplo, el registro social del Cadastro en Brasil está contribuyendo a recopilar datos sobre 27 millones de personas para conectarlas con más de una decena de programas sociales, lo que permite a los diseñadores de políticas observar quién se beneficia y quién no se beneficia de ciertos programas, con el fin de mejorar su enfoque para que atiendan a las personas que más los necesitan.
Actualmente, alrededor de 68 países cuentan con una estrategia nacional de protección social que describe estos enfoques sistémicos, en comparación con solo 19 países en 2009. Además, diez países han establecido organismos institucionales para coordinar los programas de protección social entre sectores y ministerios.
