Washington, 15 de marzo de 2018-- El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó hoy un innovador proyecto por US$80 millones para mejorar la infraestructura y la calidad de servicios en salud, educación, y agua y saneamiento en los 12 territorios indígenas de Panamá, con base en las prioridades establecidas por sus propias comunidades y autoridades tradicionales.
El préstamo apoyará la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas de Panamá por medio del fortalecimiento de la capacidad de gobernanza y coordinación entre el gobierno panameño y las autoridades indígenas para fomentar y mejorar la calidad, pertinencia cultural, y sostenibilidad de la inversión en estos territorios.
“Es importante este apoyo en el Plan de Desarrollo, ya que los pueblos indígenas han planteado a los gobiernos nacionales su visión de desarrollo. Son pueblos aislados que necesitan accesos a carreteras, escuelas, centros de salud, agua, mantener su cultura e identidad, defender sus territorios y mantener los recursos naturales, que son la vida de los pueblos originarios y en general del país”, dijo el cacique Maximiliano Igwayoikiler, del pueblo indígena Guna Yala.
Si bien Panamá es una de las economías más pujantes de América Latina y el Caribe, aún subsiste una situación de desigualdad que afecta sobre todo a la población indígena, que en su mayoría vive en la pobreza. A este reto se suma que el país está expuesto a desastres naturales y a los efectos del cambio climático, lo que afecta en particular a comunidades indígenas cuya alimentación depende de su entorno natural.
En el corto plazo, el proyecto busca responder a las necesidades urgentes de infraestructura y equipamiento que fueron priorizadas por las comunidades indígenas y sus autoridades en salud, educación y agua y saneamiento. En el mediano plazo el proyecto apoyará el diseño e implementación de programas para mejorar la calidad y pertinencia cultural de estos servicios. A largo plazo el proyecto busca transformar la capacidad del gobierno y de las autoridades indígenas para planear e invertir en sus territorios de acuerdo a la visión y prioridades establecidos por sus propias comunidades.
“Desde sus inicios, este Gobierno ha asumido el irrenunciable compromiso de defensa y promoción de los derechos humanos, donde la mayor participación de los pueblos indígenas, así como la definición de políticas de Estado que mejoren su calidad de vida, son cuestiones centrales”, dijo María Luisa Romero, Ministra de Gobierno de Panamá. “Reconocemos los derechos de los pueblos originarios como columnas vertebrales de la cultura panameña”.
El proyecto beneficiará directamente a aproximadamente 200,000 personas, quienes verán mejoras en la infraestructura, calidad y pertinencia cultural de los servicios brindados en sus comunidades. A la vez, el apoyo a aspectos claves de gobernanza debería brindar beneficios para toda la población indígena del país, estimada en 418,000 personas, al mejorar su visibilidad, reconocimiento e implementación de sus derechos, así como inclusión en la prosperidad del país.
Por otro lado, se espera que la operación contribuya a los objetivos nacionales de cambio climático, a través del uso de estándares y técnicas de construcción sustentables en la infraestructura de salud, educación, agua y saneamiento, entre otros aspectos.
“Este proyecto supone un paso importante para contribuir a mejorar la movilidad social de los pueblos indígenas, a la vez que refleja el compromiso del Banco Mundial de apoyar a las poblaciones más vulnerables”, señaló Seynabou Sakho, directora del Banco Mundial para Centroamérica.
Se trata de una iniciativa innovadora que apoya un modelo de desarrollo integral proveniente de las propuestas emanadas de los pueblos indígenas y acordadas con el gobierno.
Asimismo, se basa en la experiencia del Banco Mundial en diferentes sectores y países con pueblos indígenas para atender temas relacionados con inclusión, desarrollo y disponibilidad de información y datos, sistemas para brindar servicios interculturales, y mesas permanentes de coordinación entre el gobierno y las autoridades indígenas, entre otros. Con este proyecto se busca crear una plataforma de desarrollo integral que pueda ser replicable en otros países.
El monto total del proyecto es de US$85 millones, de los cuales 80 millones serán financiados con un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) a un plazo de 25 años y 5.5 años de gracia.
Para pedidos de contenido multimedia: Huma Imtiaz, (202) 473-2409, himtiaz@worldbankgroup.org
