Los Gobiernos deben hacer más para preparar a los trabajadores para el cambio
WASHINGTON, 17 de septiembre de 2019. Cambios profundos y acelerados en la naturalezadel trabajo en países de todos los niveles de desarollo exige un enfoque totalmente nuevo en las políticas de protección social y trabajo, según un nuevo informe publicado hoy por el Banco Mundial. En este documento, titulado Protecting All: Risk-Sharing for a Diverse and Diversifying World of Work (Protección para todos: Distribución del riesgo enun mundo laboral diverso y diversificando), se analiza de qué forma los factores que generan disrupciones representan un reto para la viabilidad del contrato social en los países de ingreso bajo, mediano y alto. El documento propone un enfoque sobre la protección del trabajador y la seguridad social más adaptado a un mundo laboral cada vez más diverso y variable.
En los países en desarrollo, hasta un 80 % de los trabajadores se gana la vida en la economía informal. Por lo tanto, las políticas de protección social tradicionales basadas en el empleo no ofrecen un resguardo eficaz contra el riesgo y la incertidumbre. Mientras tanto, en los países más ricos, el cambio tecnológico está transformando la naturaleza del trabajo de modo tal que el empleo dependiente a largo plazo se ha vuelto menos habitual. El empleo también se está tornando más diverso a partir del surgimiento de la economía del trabajo esporádico a través de las apps (gig economy) y el aumento de la cantidad de trabajadores con “carteras” de empleos.
“En todo el mundo se está transformando la naturaleza del trabajo. Esto significa que es necesario reorganizar la protección social (un componente fundamental de cualquier contrato social) de modo que dependa menos del lugar en el que la persona trabaja o de la forma en que lo hace”, afirmó Michal Rutkowski, Director Global de la Práctica Mundial de Protección Social y Trabajo en el Banco Mudial. “Los objetivos de las políticas de distribución de riesgos siguen siendo primordiales: aliviar y evitar la pobreza; brindar protección contra el riesgo y la incertidumbre, y ayudar a las familias a estabilizar su consumo durante el transcurso de sus vidas. Sin embargo, la forma en que los países alcanzan estos objetivos debe adaptarse a un mundo laboral en constante cambio”.
En este documento se examina el modelo de seguro social y protección al trabajador basado en el empleo, y se documenta de qué forma las intervenciones de políticas son insuficientes cuando suponen que la mayoría de las personas se encuentran en relaciones laborales dependientes y estables en fábricas y empresas formales. Por ejemplo, en Bangladesh, India, Indonesia, Nigeria y Pakistán (países que, en conjunto, albergan a casi un tercio de la población mundial), la cobertura del seguro social de los trabajadores sigue siendo de un solo dígito y prácticamente no ha cambiado en las últimas decadas.
“Las políticas eficaces de distribución de riesgos son esenciales para fortalecer y blindar el capital humano de las personas y de un país. Sin embargo, estas políticas deben reflejar las formas diversas y variables en que las personas trabajan en la actualidad y que, posiblemente, trabajarán en el futuro”, dijo Truman Packard, Economista Principal en la Práctica de Protección Social y Trabajo del Banco Mundial y autor principal del documento. “Los problemas surgen cuando la naturaleza diversa, fluida cambiante del trabajo se choca contra las políticas rígidas. En lugar de proteger a los trabajadores contra el cambio, ahora los gobiernos deben ayudarlos a adaptarse a él y apoyar las transiciones laborales”.
Puesto que los gobiernos en la mayoría de los países en el mundo enfrentan limitaciones de recursos y capacidad, en el documento se propone un enfoque de “universalismo progresivo”, que aborda las necesidades de las personas más pobres y más vulnerables en primer lugar para luego extenderse a otros hogares en función del nivel de necesidad, con la meta de alcanzar la cobertura universal. En este informe se observa que el avance de las tecnologías digitales genera disrupciones, pero también puede ser una herramienta clave para movilizar recursos tributarios y ofrecer protección social de manera más eficaz, más eficiente y más equitativa.