De acuerdo con un informe del Banco Mundial, en 2020 se registró un aumento sin precedentes de estos programas
CIUDAD DE WASHINGTON, 26 de enero de 2021. Los programas de inclusión económica, que ayudan a los habitantes más pobres del mundo a obtener más ingresos y activos, están aumentando en 75 países, donde llegan a unos 20 millones de hogares pobres y vulnerables y benefician a casi 92 millones de personas. Este aumento se produce en un momento crucial, dado que, a nivel mundial, más de 700 millones de personas subsisten en la pobreza extrema, y esta cifra va en aumento por primera vez en dos décadas.
De acuerdo con la publicación reciente del Banco Mundial, titulada “Informe sobre el estado de la inclusión económica 2021: El potencial de ampliar la escala de actividades”, los programas de inclusión económica, que por lo general consisten en una combinación de transferencias de efectivo o en especie, capacitación u orientación en materia de aptitudes, acceso a financiamiento y apoyo para establecer nexos con el mercado, se están convirtiendo rápidamente en un instrumento esencial en las estrategias de lucha contra la pobreza a gran escala aplicadas por muchos Gobiernos. Por lo tanto, es probable que continúen, en particular en las zonas afectadas por conflictos, por el cambio climático y por las conmociones provocadas por la pandemia de COVID-19 (coronavirus).
“Uno de los desafíos más difíciles que enfrentamos en la esfera del desarrollo es el de lograr transformaciones positivas en la vida de las personas extremadamente pobres y vulnerables, dado que la pandemia de COVID-19 intensificó este problema”, afirmó Mari Pangestu, directora gerente del Grupo Banco Mundial. “En este informe se presenta, por primera vez, un examen sistemático de los programas de inclusión económica de todo el mundo, y se analiza el modo en que los Gobiernos pueden realizar inversiones óptimas en las esferas de protección social, empleo e inclusión financiera, para ayudar a las personas pobres a construir un futuro mejor para sí mismas”.
El Informe sobre el estado de la inclusión económica se elaboró mediante una colaboración excepcional en el marco de la Alianza para la Inclusión Económica (AIE). La AIE es una plataforma que se dedica específicamente a respaldar la adopción y la adaptación de programas nacionales de inclusión económica trabajando con diversas partes interesadas, entre ellas Gobiernos nacionales y organizaciones bilaterales, multilaterales, no gubernamentales, privadas y de investigación.
“La Alianza es fundamental para lograr que los programan sean satisfactorios debido a la naturaleza pluridimensional de su ejecución. La relación de BRAC con la AIE es reflejo de nuestro compromiso colectivo de garantizar que los enfoques de los programas y su ejecución se basen en las necesidades de las comunidades, las realidades sobre el terreno y los conocimientos especializados de los asociados locales”, señaló Shameran Abed superior BRAC, una organización internacional de desarrollo con sede en Bangladesh.
En el informe se analizan más de 200 programas, distribuidos en 75 países, y se establece que los Gobiernos de todo el mundo están ampliando, cada vez más, sus iniciativas de inclusión económica a través de redes de protección social. En estudios de casos exhaustivos que abarcan la región del Sahel, Bangladesh, Perú e India se describe la evolución de los programas de inclusión económica y el modo en que permiten abordar diversos desafíos, como la urbanización, las brechas en la acumulación de capital humano, la adaptación a las crisis y el cambio tecnológico.
Las implicancias de la COVID-19 se abordan ampliamente en el informe, que contiene un análisis de las consecuencias de la pandemia a nivel de los hogares y a nivel institucional. Los programas de inclusión económica para las personas más pobres ofrecen grandes posibilidades de mejorar los medios de subsistencia cuando forman parte de respuestas normativas integradas orientadas a contener la pandemia, garantizar la seguridad alimentaria y respaldar la recuperación a mediano plazo. Las experiencias en Egipto, Etiopía, Ghana, Zambia y otros países, indican que los programas de inclusión económica pueden sacar provecho de los programas de asistencia social, en vez de reemplazarlos.
“La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de establecer un nexo entre la protección social y la inclusión económica cuando se trata de proteger a las personas contra las crisis. Seguimos proporcionando un volumen considerable de financiamiento para protección social y empleos. No obstante, los sistemas de protección social del Gobierno ya existentes ofrecen grandes posibilidades a los programas de inclusión económica, cuestión esta que sería fundamental para la recuperación a largo plazo tras la crisis provocada por la COVID-19”, afirmó Birgit Pickel, directora de Salud Mundial, Prevención de Pandemias, Una Salud, en el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania.
El informe permite establecer que el empoderamiento económico de las mujeres es un factor clave que impulsa iniciativas, y en casi el 90 % de los programas analizados se dedica especial atención a las cuestiones de género. Este aspecto es crucial en vista de las conclusiones del informes y de otros estudios realizados por la AIE, que indican que las mujeres conforman la mayoría de la fuerza laboral en los sectores relacionados con la educación, el turismo minorista, la hotelería y el servicio doméstico, que han sido los más afectados por la COVID-19. Las lecciones derivadas de crisis anteriores subrayan la importancia de poner el acento en la cuestiones de género para evitar que las mujeres tengan menos oportunidades, lograr que se siga asignando prioridad a los servicios de salud femenina e impedir que aumente la violencia de género.
“Los paquetes de medidas de inclusión económica son sumamente aptos para ayudar a las mujeres a abordar la pluralidad de impactos relacionados con la COVID-19. En particular, la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer los sistemas nacionales, y de velar por que sean inclusivos y equitativos por diseño, de manera que las mujeres y las otras personas que históricamente han estado marginadas, no queden excluidas”, afirmó Olivia Leland, fundadora y directora ejecutiva de Co-Impact, un esfuerzo de colaboración mundial que tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo.
En el informe también se analizan debates clave sobre los impactos y los costos de los programas, dado que son factores esenciales que inciden en la sostenibilidad de los programas de inclusión económica a gran escala. Por ejemplo, se describen las principales lecciones derivadas de las iniciativas respaldadas en el marco del Programa de Protección Social Adaptable del Sahel, que se puso en marcha en 2014 para diseñar y ejecutar programas de protección social adaptable con el objetivo de ayudar a los hogares pobres y vulnerables a ser más resilientes a los efectos del cambio climático. Una enseñanza importante derivada de esa experiencia fue la necesidad de ampliar el alcance de forma sistemática y rápida.
“La utilización de la tecnología digital será fundamental para superar las limitaciones de capacidad y fortalecer la gestión de los programas. En muchos programas ya se están utilizando los registros sociales de los Gobiernos, registros de beneficiarios y otras bases de datos gubernamentales para identificar a posibles participantes”, señaló Michal Rutkowski, director del Departamento de Prácticas Mundiales de Protección Social y Trabajo del Banco Mundial.
Además del informe, la AIE está lanzando un portal de datos de libre acceso en línea, que subraya su compromiso de permitir el acceso gratuito a la información para respaldar el aprendizaje mundial y la ejecución de programas.
El Grupo Banco Mundial, una de las principales fuentes de financiamiento y conocimientos para los países en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance a fin de ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su respuesta frente a la pandemia. Respalda iniciativas de salud pública, trabaja para garantizar el suministro de insumos y equipos esenciales, y ayuda al sector privado a continuar sus operaciones y preservar el empleo. Asimismo, proporcionará hasta USD 160 000 millones durante un período de 15 meses, que finalizará en junio de 2021, para ayudar a más de 100 países a proteger a los sectores pobres y vulnerables, respaldar a las empresas e impulsar la recuperación económica. Dicho monto incluye USD 50 000 millones correspondientes a nuevos recursos de la Asociación Internacional de Fomento en forma de donaciones y préstamos en condiciones sumamente concesionarias y USD 12 000 millones destinados a ayudar a los países en desarrollo a financiar la compra y distribución de vacunas contra la COVID-19.
