Lima, 13 de Junio de 2022 – El Gobierno de Canadá anunció la aprobación de un financiamiento por CAD $ 4 millones de dólares al Banco Mundial para apoyar a los Gobiernos de Colombia y Perú en la implementación de políticas y programas dirigidos a promover la inclusión social de la población refugiada y migrante venezolana, y la protección de sus derechos humanos. Se espera de esta manera aprovechar el potencial de la migración para el bienestar de los refugiados, migrantes y sus comunidades de acogida.
“Esta generosa contribución del Gobierno de Canadá es crucial para fortalecer los esfuerzos de asistencia técnica, generación de evidencias, intercambio de mejores prácticas internacionales y fomento del diálogo político que el Banco Mundial lleva a cabo en ambos países para que los migrantes y sus comunidades de acogida puedan verse beneficiadas de una gestión adecuada de la migración”, mencionó Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.
“Canadá reconoce los importantes esfuerzos realizados por los Gobiernos y pueblos Colombianos y Peruanos para integrar los y las refugiados y migrantes venezolanos en sus sociedades. Es un placer colaborar con el Banco Mundial y otros socios para fortalecer estos esfuerzos, y apoyar en demonstrar que con el sustento de politicas y programas adecuados, la migracion puede impulsar el desarrollo economico y el fomento de sociedades mas inclusivas” expresó Michael Grant, Viceministro Adjunto para las Américas, Global Affairs Canada.
Colombia y Perú son los países con mayor recepción de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo: aproximadamente 1.8 millones de venezolanos y venezolanas han llegado a Colombia y 1.3 millones a Perú en los últimos años. Ambos gobiernos han realizado importantes esfuerzos para atender las necesidades de esta población. Sin embargo, la recuperación del impacto de la pandemia y la situación de muchos refugiados y migrantes sin accesos a servicios básicos, requieren de políticas integrales en el mediano y largo plazo.
Para encarar estos desafíos, este proyecto de dos años brindará apoyo institucional a ambos países con el objetivo de identificar e implementar intervenciones innovadoras de integración con alto impacto social y económico, tanto para la población refugiada y migrante - en particular las más vulnerables, incluyendo a mujeres y niñas - como para las comunidades locales. Además, se monitorearán y evaluarán estas intervenciones para su posible escalamiento.
El proyecto se enfocará en tres componentes: 1) el fortalecimiento institucional y legal mediante la evaluación y mejora de políticas y programas existentes; 2) la mejora de la entrega de servicios sociales a la población refugiada y migrante venezolana, y comunidades de acogida, con especial atención a las mujeres, niñas y personas vulnerables; y 3) la mejora de la inclusión social e integración de esta población a través de actividades para construir confianza, desafiar estereotipos y resaltar aspectos comunes entre refugiados y migrantes, y población local.
Al apoyar el diseño e implementación de políticas para remover barreras sociales y económicas para la inclusión de la población refugiada y migrante , y al resaltar aspectos comunes entre dicha población y la población local, se espera mejorar las percepciones sociales sobre la migración venezolana y estimular mayor cohesión en las comunidades receptoras.
