CIUDAD DE WASHINGTON, 4 de octubre de 2022. La guerra que se está librando en Ucrania ha ensombrecido las perspectivas de una recuperación económica pospandémica para las economías emergentes y en desarrollo de la región de Europa y Asia central (i), según la actualización económica (i) del Banco Mundial sobre la región publicada hoy.
La actividad económica seguirá profundamente deprimida durante el próximo año, y se espera un crecimiento mínimo del 0,3 % en 2023, en un contexto en el que las crisis de los precios de la energía siguen afectando a la región. Hasta ahora, sin embargo, esta ha capeado la tormenta de la invasión rusa a Ucrania mejor de lo que se había pronosticado. Ahora se prevé que este año la producción regional se contraerá un 0,2 %, lo que refleja un crecimiento superior a lo esperado en algunas de las economías más grandes de la región y la prudente ampliación de los programas de estímulo de la era de la pandemia que llevaron adelante algunos Gobiernos.
Actualmente, se prevé que este año la economía ucraniana se contraerá un 35 %, pese a que la actividad económica está marcada por la destrucción de la capacidad productiva, los daños a las tierras agrícolas y la reducción de la oferta de mano de obra, ya que, según las estimaciones, más de 14 millones de personas han sido desplazadas. De acuerdo con estimaciones recientes del Banco Mundial, las necesidades de recuperación y reconstrucción en los sectores sociales, productivos y de infraestructura ascienden, como mínimo, a USD 349 000 millones, es decir, más de 1,5 veces el tamaño de la economía de Ucrania anterior a la guerra en 2021.
“La invasión de Rusia a Ucrania ha desatado una de las mayores crisis de desplazamiento humano y ha provocado graves perjuicios para la vida humana y económica”, declaró Anna Bjerde, vicepresidenta del Banco Mundial para la región de Europa y Asia central (i). “Ucrania sigue necesitando un enorme apoyo financiero mientras la guerra continúa innecesariamente, y también para proyectos de recuperación y reconstrucción que podrían iniciarse rápidamente”.
La economía mundial sigue debilitada por la guerra debido a las importantes alteraciones en el comercio y las crisis de los precios de los alimentos y los combustibles, lo que está contribuyendo a que aumente la inflación y se endurezcan las condiciones financieras mundiales. La actividad en la zona del euro, el principal socio económico para los mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED) de Europa y Asia central, se ha deteriorado marcadamente en la segunda mitad de 2022, debido a las dificultades en las cadenas de suministro, el aumento de las tensiones financieras y la disminución de la confianza de los consumidores y las empresas. Sin embargo, los efectos más perjudiciales de la invasión son el alza de los precios de la energía en medio de grandes reducciones en el suministro de energía de Rusia.
Las reducciones de los pronósticos de crecimiento para 2023 son generalizadas en los MEED de Europa y Asia central, ya que las perspectivas regionales están sujetas a un grado considerable de incertidumbre. La prolongación o intensificación de la guerra podría generar daños económicos y ambientales mucho más importantes, así como mayores posibilidades de fragmentación del comercio y la inversión internacionales. El riesgo de tensiones financieras también sigue siendo considerable, habida cuenta de los elevados niveles de deuda e inflación.
En un suplemento del informe se examina el impacto de la crisis energética. Si bien los precios mundiales del petróleo, el gas y el carbón han venido aumentando desde principios de 2021, se dispararon después de la invasión rusa a Ucrania, lo que llevó la inflación a niveles que no se habían registrado durante décadas en la región. Esta crisis sin precedentes tiene consecuencias tanto para los consumidores como para los Gobiernos, lo que limita la asequibilidad fiscal, la productividad de las empresas y el bienestar de los hogares.
Los más afectados serán los países que dependen moderada o considerablemente de las importaciones de gas natural para calefacción (que representa el 30 % de la demanda de energía), actividad industrial o electricidad, así como los países estrechamente conectados con los mercados energéticos de la Unión Europea. Estos países deben prepararse para la escasez de gas y poner en marcha planes de emergencia destinados a mitigar los peores impactos en los hogares y las empresas, incluido el ahorro de energía, el aumento de la eficiencia energética y la implementación de planes de cuotas y racionamiento. Las campañas de cambio de comportamiento que se centran en la eficiencia de la calefacción en las viviendas y los edificios —como las que promueven resellar las ventanas y agregar aislamiento— requieren una inversión relativamente mínima y tienen impactos inmediatos.
“Las crisis superpuestas, esto es, la guerra en Ucrania, la pandemia actual y el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles, son dolorosos recordatorios de que los Gobiernos deben estar preparados para afrontar conmociones de gran magnitud e inesperadas que se precipitan muy rápidamente”, señaló la Sra. Bjerde. "Los sistemas de protección social, que constituyen la base de los esfuerzos de lucha contra la pobreza, deben modernizarse para que sean eficaces frente a las crisis y los desafíos a largo plazo".
En el informe también se hace especial hincapié en los sistemas de protección social de la región, que han desempeñado un papel fundamental en el apoyo brindado a los hogares y las empresas durante la pandemia y, más recientemente, frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania.
Para responder a la pandemia, la región aplicó dos tipos generales de instrumentos de política: las medidas de protección de los ingresos y las medidas de protección del empleo. En el informe se evalúa la eficacia de estas medidas para promover el crecimiento económico, reducir la pobreza y preservar el empleo. Se concluye que, a corto plazo, el aumento del gasto en medidas de protección de los puestos de trabajo se tradujo en más empleo y menos pobreza. Sin embargo, el efecto de estas medidas en el crecimiento es menos claro.
Estas lecciones derivadas de la pandemia resultan instructivas para los responsables de formular políticas a la hora de lograr que los sistemas de protección social sean adaptables e inclusivos para abordar eficazmente tanto las crisis a corto plazo que afectan a la economía como las tendencias a largo plazo que están transformando los mercados laborales, como la globalización, las tendencias demográficas, la innovación tecnológica y los impactos del cambio climático y la acción climática.
Las intervenciones normativas orientadas a crear sistemas de protección social para el futuro pueden incluir una combinación de los siguientes elementos: i) apoyo al ingreso mínimo garantizado cuyo objetivo es proteger a las personas y los hogares frente a perturbaciones adversas, ii) reformas regulatorias que eliminen gradualmente las restricciones a las prácticas de contratación y despido de las empresas y, en última instancia, apoyen la creación de empleos formales en el sector privado y la reducción de la informalidad, iii) mayor cobertura y protección de los grupos vulnerables, y iv) digitalización destinada a mejorar la calidad y cantidad de los servicios prestados.
