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Discursos y transcripciones Marzo 29, 2021

Lograr una recuperación verde, resiliente e inclusiva: Palabras de David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial

Puede ver la repetición del evento aquí (i)

Introducción

Gracias, baronesa Shafik. Es un placer estar hoy aquí con usted, una distinguida exfuncionaria del Grupo Banco Mundial, y con otros destacados exfuncionarios de nuestra institución que se encuentran ahora en la Escuela de Economía de Londres, entre ellos Lord Stern, nuestro ex primer economista. También agradezco a la Escuela de Economía de Londres por recibirme virtualmente. Hoy diré unas palabras anticipándome a las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este evento constituye una oportunidad para interactuar con los asociados en relación con asuntos urgentes, como el trabajo sobre el cambio climático, la deuda y la desigualdad, y los esfuerzos por lograr una recuperación verde, resiliente e inclusiva.

Permítanme comenzar por reconocer la importancia del Reino Unido dentro del Grupo Banco Mundial. El Reino Unido es el país que más contribuye a la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y es también el quinto mayor accionista del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Además, valoro las sólidas relaciones que he entablado con el primer ministro Johnson; el secretario de Estado, Dominic Raab; el ministro de Hacienda, Rishi Sunak, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey; el presidente de la Vigésimo Sexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), Alok Sharma, y miembros del Parlamento, la sociedad civil, el sector privado, los círculos académicos y los medios de comunicación. Nuestra oficina en Londres trabaja para promover el consenso en torno a la agenda internacional de desarrollo y elaborar una plataforma que facilite la colaboración respecto de las prioridades compartidas.

A más de un año del inicio de la pandemia de COVID-19, la magnitud de la tragedia no tiene precedentes: 127 millones de infectados, 2,8 millones de muertos, más de 100 millones de personas sumidas en la pobreza extrema, el equivalente a 250 millones de puestos de trabajo perdidos y 250 millones de personas afectadas por el hambre aguda. Además de los daños inmediatos, la COVID-19 está dejando “cicatrices” duraderas: cierre de escuelas y retraso del crecimiento físico de los niños; derrumbe de empresas y pérdida de empleos; disminución de ahorros y activos, y un sobreendeudamiento que deprimirá la inversión y quitará recursos para el gasto social urgente.

La pandemia de COVID-19 se abatió sobre los pobres como un incendio sin control. Asimismo, se superpuso con varias otras crisis de combustión lenta: el aumento de los conflictos y la violencia, los campos de refugiados, el estancamiento de los ingresos medios, los préstamos concedidos de forma imprudente y los contratos de deuda mal elegidos, y los daños provocados por el cambio climático. Debido a que estas crisis se desarrollaron en diferentes velocidades, la tendencia natural en todas partes fue abordarlas por separado, una a la vez, sin prestar suficiente atención a las interconexiones que podrían haber permitido una respuesta más eficaz.

El mundo está elaborando una perspectiva más adecuada para el futuro. Nuestras respuestas colectivas a la pobreza, el cambio climático y la desigualdad serán las decisiones que definirán nuestra era. Es hora de avanzar urgentemente para generar oportunidades y soluciones que permitan lograr un crecimiento económico sostenible y de base amplia sin dañar el clima, degradar el medio ambiente ni dejar a cientos de millones de familias en la pobreza. Nuestro enfoque respecto de estas crisis interrelacionadas consiste en promover un desarrollo verde, resiliente e inclusivo.

En discursos anteriores, describí algunas de las medidas que el Grupo Banco Mundial adoptó para ayudar a los países a responder a la pandemia de COVID-19, abordar lo que he llamado la “pandemia de la desigualdad” y trabajar en favor de la recuperación. Entre esas medidas se incluyen los nuevos programas sanitarios de emergencia relacionados con la COVID-19 implementados en 112 países; las operaciones de vacunación que, según esperamos, alcanzarán hacia mediados de año los USD 4000 millones en compromisos para 50 países, y la rápida duplicación del financiamiento que destinamos al comercio y al capital de trabajo para ayudar a llenar el vacío bancario que golpeó a los sectores privados. A pesar de las restricciones que impuso el trabajo desde el hogar como consecuencia de la pandemia, el Banco Mundial registró en 2020 un crecimiento récord del 65 % en la ejecución de programas, un aumento aún mayor que el que representó la respuesta a la crisis financiera mundial en 2009, y este nivel elevado se mantiene también en 2021. Es importante que cada compromiso genere el mayor impacto posible en el desarrollo, así como políticas operacionales y procesos de revisión sólidos. Por otro lado, estamos promoviendo una cultura que fomente el debate de ideas, en virtud de la cual alentamos a los miembros de nuestro personal —sumamente diverso, multidisciplinario y con experiencia internacional— a cuestionar mutuamente sus perspectivas y contribuir a mejorar la calidad de las operaciones tanto durante la preparación como en la ejecución.

También es fundamental el aporte externo, por ejemplo, el de los profesionales del desarrollo y los centros educativos como el suyo. Cada uno de nuestros marcos de alianza con los países se elabora con la participación de los ciudadanos. Asimismo, estamos trabajando para ayudar a los países a crear plataformas específicas que les permitan interactuar con un grupo más amplio de actores del ámbito del desarrollo a medida que elaboran los programas que apoyamos. En la formulación de nuestros proyectos y programas con frecuencia participan expertos externos. Durante el último año, tomamos medidas significativas para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas tanto en el Banco Mundial como en la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). Cabe mencionar que, entre 1960 y 2021, IFC ha comprometido USD 330 000 millones en financiamiento a largo plazo, y más de la mitad de ese monto se entregó en los últimos 10 años.

Invito a cada uno de ustedes a leer los programas del Banco Mundial para los países, los documentos de nuestros proyectos y nuestro intercambio de conocimientos para pensar acerca de las medidas que dan resultado y, posiblemente, las que no. El eje de la misión y de las actividades del Banco consiste en lograr buenos resultados de desarrollo en los países. El desafío abarca todas las disciplinas académicas, y necesitamos avanzar con más rapidez en todos los ámbitos: agua, nutrición, educación, salud, infraestructura, acceso a la electricidad, gobernanza, regulación, impuestos, conectividad, inclusión, tolerancia y muchos otros temas críticos.

Hoy me voy a centrar en tres de los desafíos más apremiantes: el clima, la deuda y la desigualdad. Pero antes, permítame darles un poco de información sobre la historia y el contexto.

El Banco Mundial fue creado junto con el FMI en 1944, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Su primer objetivo fue la reconstrucción y el desarrollo en la posguerra, y la primera rama del Grupo Banco Mundial que se creó fue el BIRF, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En la actualidad, está conformado por 189 países miembros, o accionistas, y funciona de manera similar a un banco sin fines de lucro: otorga préstamos a tasa fija y variable a los Gobiernos para financiar iniciativas de desarrollo, por ejemplo, para apoyar los gastos en agua potable, clima o educación.

Una segunda rama importante del Banco es la AIF, la Asociación Internacional de Fomento, que se creó en 1960 explícitamente para ayudar a los países más pobres. Tiene como objetivo reducir la pobreza mediante donaciones y préstamos a muy largo plazo y a tasa cero o cercana a cero. En el ejercicio que finalizó el 30 de junio de 2020, la AIF formuló compromisos para 305 proyectos por un total de USD 30 000 millones, de los cuales el 26 % correspondió a donaciones. Desde su creación, proporcionó unos USD 450 000 millones para inversiones en 114 países. La entidad constituye un canal eficaz para que los donantes brinden financiamiento en condiciones sumamente concesionarias a las naciones pobres. Debido a la gravedad de la pandemia, la AIF pudo acelerar de forma significativa sus compromisos de financiamiento en 2020, y me complace decir que nuestros accionistas han aceptado reponer tempranamente los recursos de la entidad para que pueda mantener los actuales niveles elevados de asistencia a los países más pobres. Estamos trabajando a fin de concluir para diciembre una ambiciosa vigésima reposición (AIF-20), con el apoyo de los principales contribuyentes, incluido el Reino Unido.

El Grupo Banco Mundial es el principal banco multilateral de desarrollo: en el ejercicio anterior otorgó más de USD 100 000 millones en donaciones y préstamos y recaudó casi USD 100 000 millones en los mercados internacionales de bonos. Además del BIRF y la AIF, contamos con IFC, una importante institución dirigida a apoyar al sector privado, y con MIGA, un organismo de garantía, para respaldar la inversión en los países en desarrollo.

Durante mi mandato como presidente, hemos hecho varios cambios importantes en el Grupo Banco Mundial para que nuestro trabajo sea lo más efectivo posible. Quisiera mencionar brevemente la realineación que finalizó en junio y que permite aumentar la rendición de cuentas de la Administración y acerca el personal a los clientes y los programas de los países. Con esta realineación se intensificó el énfasis en el impacto a nivel nacional, apoyado por programas de conocimiento e investigación más pertinentes en relación con las operaciones y centrados en las políticas. El objetivo organizativo es aplicar los conocimientos internacionales del Banco en los países clientes para lograr resultados de desarrollo que sean transformadores y puedan ampliarse. A nivel nacional, nos centramos más en los países afectados por situaciones de fragilidad, conflicto y violencia. Hemos ampliado nuestra presencia y nuestros servicios en estos países, que serán fundamentales en el trabajo que llevamos adelante para apoyar a los refugiados, reducir la migración y la violencia, y ayudar a los países y las regiones a estabilizarse. Como resultado de estas medidas, en los próximos años se reducirá nuestra presencia en Washington, y una creciente mayoría de nuestro personal internacional y local estará apostado en los países en desarrollo.

Tema 1: Clima

Ahora permítanme hablar sobre el clima, uno de los tres temas en los que me enfocaré hoy. Sé que todos tenemos presente el problema del clima, y tal vez en particular en el Reino Unido, dado que en noviembre se llevará a cabo la COP26 en Glasgow. El Banco Mundial apoya activamente a los países en desarrollo para que logren avances significativos en la agenda climática, con la convicción de que las inversiones en el clima ofrecen oportunidades de desarrollo.

El Grupo Banco Mundial es el mayor proveedor de financiamiento climático para el mundo en desarrollo. En mi primer año como presidente, se registró el mayor volumen de inversiones climáticas de nuestra historia, y las inversiones correspondientes a mi segundo año en el cargo van camino de ser aún más cuantiosas. Hemos fijado un nuevo objetivo ambicioso: alcanzar el 35 % para las inversiones climáticas (en promedio) en los próximos cinco años. Esto significa que el 35 % del total del financiamiento de nuestras inversiones se destinará a respaldar los beneficios climáticos de los países en desarrollo. Para darles una idea de la magnitud de nuestras aspiraciones, en los últimos cinco años el financiamiento climático del Grupo Banco Mundial representó el 26 % de una cantidad de préstamos significativamente menor.

Nuestro financiamiento climático se destinará a los esfuerzos de mitigación, con los que se busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sus impactos, y a las iniciativas de adaptación, con el fin de ayudar a los países a prepararse para los efectos adversos del cambio climático. Hemos fijado un segundo objetivo importante en ese sentido: del total de nuestro financiamiento climático de los próximos cinco años, al menos el 50 %, en promedio, se destinará a la adaptación. Es de esperar que la proporción correspondiente a la adaptación sea particularmente elevada en los países clientes de la AIF: si bien en la actualidad representan solo el 4 % de las emisiones mundiales, muchos de ellos sufren impactos del cambio climático que ponen en peligro la vida de la población.

Además de estas metas ambiciosas referidas al financiamiento, estamos trabajando para lograr el mayor impacto posible en los resultados: mejoras reales en la trayectoria de las emisiones de gases de efecto invernadero y preservación de vidas y medios de subsistencia a través de las medidas de adaptación. Para contribuir a este esfuerzo, buscamos integrar el tema del clima en todos nuestros diagnósticos y estrategias para los países. Durante el próximo año, tenemos previsto completar los informes sobre el clima y el desarrollo correspondientes a un máximo de 25 países. Nuestro objetivo será incluir en esta primera tanda a los países en desarrollo con mayor volumen de emisiones de carbono y a los que presentan más vulnerabilidades climáticas. También estamos trabajando para mejorar la medición de los resultados con el fin de asegurarnos de que nuestro financiamiento y nuestras estrategias generen impacto.

Una parte crucial de nuestra labor relacionada con el clima consiste en apoyar a los países para que cumplan con sus contribuciones determinadas a nivel nacional y elaboren planes de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de carbono. Los países tienen enfoques muy diversos, y queremos ayudarlos a integrar el clima y el desarrollo de la manera más eficaz posible, por ejemplo, a través de políticas fiscales y planes para un crecimiento sostenible. Para algunos de ellos, los impuestos al carbono serán una forma eficaz de orientar el capital y responder al impacto distributivo de la respuesta al cambio climático. Todos los años, los países que integran el Grupo de los Veinte (G-20) destinan decenas de miles de millones de dólares a subvencionar industrias con elevados niveles de emisión de carbono. Si ese dinero pudiera utilizarse para financiar una “transición justa”, piensen cuánto más rápido podríamos avanzar hacia un mundo con bajos niveles de carbono y cero emisiones netas.

El crecimiento verde requerirá varias transformaciones sistémicas clave, por ejemplo, en energía, sistemas alimentarios, manufacturas, transporte e infraestructura urbana. Todas estas transformaciones son complicadas, pero los sectores mencionados representan el 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que son la clave para reducir el volumen de estos gases. Una de las transformaciones más difíciles y cruciales radica en que los países logren una transición justa que les permita pasar del carbón a formas de energía asequibles, confiables y sostenibles. El Banco puede colaborar en esta tarea, pero resultará compleja por una serie de razones, entre otras, la dependencia económica respecto del carbón, el desplazamiento de los trabajadores mientras se produce la transición, el costo de la nueva infraestructura y la pérdida de muchas inversiones cuantiosas recientes, y la necesidad de identificar formas de incrementar con rapidez la carga base (que debe ser asequible, confiable y estar disponible durante todo el año) para reemplazar el carbón en las redes nacionales de los países en desarrollo que se enfrentan a la pobreza energética. Se necesitan más avances tecnológicos antes de que podamos lograr un mundo con cero emisiones de carbono.

El clima presenta varios desafíos y oportunidades importantes para la economía, las finanzas y el desarrollo. Me gustaría mencionar algunos y alentar la discusión pública. Primero, ¿cómo se ayuda a las naciones pobres a realizar grandes inversiones en bienes públicos mundiales, como la reducción del uso del carbón? ¿Los costos deberían repartirse entre todos los países? Si es así, ¿cómo? Segundo, ¿cómo pueden alinearse y financiarse los incentivos nacionales para ayudar a las personas a pasar a combustibles y empleos más ecológicos, por ejemplo, mediante los impuestos al carbono y la gasolina? Tercero, ¿se puede crear un mercado eficaz de créditos de carbono que permita que algunos emitan gases de efecto invernadero si pagan reducciones en otro lugar (no solo certificados de una reducción teórica, sino una descarbonización real medible y sostenible)? Cuarto, ¿cómo podemos medir con precisión los costos y beneficios de todo el ciclo de las diversas opciones de política climática? Quinto, ¿cuál es la forma más conveniente para que los habitantes de los países pobres implementen las medidas de adaptación al cambio climático que son necesarias pero costosas, y cómo pueden prepararse de la mejor manera posible para futuras pandemias y desastres naturales, sabiendo que es mucho mejor la preparación que el alivio posterior a los hechos? Y, por último, ¿cuál es la manera más adecuada de integrar los avances que deben lograrse en el área de los bienes públicos mundiales con el desarrollo y la reducción necesaria de la pobreza y el aumento de la prosperidad compartida?

Estas son cuestiones y desafíos clave en la lucha contra el cambio climático. El Banco aborda estos desafíos en el trabajo analítico que lleva adelante en los países de ingreso bajo y mediano, y en sus operaciones climáticas, en rápida expansión.

Tema 2: Deuda

También quisiera hablar de la situación de deuda que enfrentan los países más pobres. Para empezar, permítanme mencionar los avances que se están produciendo en Sudán, uno de los países más endeudados y pobres de África. Sudán ya tiene cicatrices que son resultado de décadas de conflictos, y su pueblo se enfrenta a un gran peligro debido al cambio climático: la seguridad alimentaria depende de las lluvias, especialmente en las zonas rurales, donde vive el 65 % de la población. Sudán ha logrado importantes avances económicos, incluida la unificación de su tipo de cambio. Este es un ingrediente clave en cualquier receta que aplique un país para lograr la estabilización, la estabilidad de precios y la asignación productiva y equitativa de los recursos. Además de estas y otras reformas de políticas, con la ayuda del Gobierno de Estados Unidos, la República del Sudán ha liquidado los pagos atrasados que adeudaba a la AIF, lo que le permite reanudar las actividades con el Grupo Banco Mundial después de casi tres décadas y sienta las bases para que el país acceda a casi USD 2000 millones en donaciones de la AIF para la reducción de la pobreza y la recuperación económica sostenible.

Al liquidar sus pagos en mora y trabajar con el FMI, Sudán también ha dado un paso clave para poder recibir un alivio integral de la deuda externa en virtud de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados. He hablado extensamente sobre Sudán porque este es un gran avance en un momento en que el país necesita la ayuda del mundo para respaldar sus progresos en términos de desarrollo. Países como Sudán —destrozado por una carga de más de USD 50 000 millones en deuda externa— no podrán abordar el problema de la pobreza ni responder a la emergencia climática hasta que el mundo no encuentre mejores formas de resolver las situaciones de deuda insostenible.

Si bien se están logrando algunos avances en esta esfera, muchos de los países más pobres se enfrentan a cargas de la deuda sin precedentes. Incluso antes de la pandemia, en el informe del Banco Mundial denominado Global Waves of Debt (Oleadas mundiales de deuda) —en el que se estudiaron las causas y las consecuencias de las cuatro oleadas de acumulación de deuda que ha experimentado la economía mundial en los últimos 50 años— se señalaba que la mitad de todos los países de ingreso bajo ya estaba en situación de sobreendeudamiento o corría un alto riesgo de estarlo. La pandemia no ha hecho más que exacerbar la carga de la deuda para las personas, muchas de las cuales serían pobres incluso sin tener que pagar los intereses y el capital de la deuda de su Gobierno.

Cada día, los elevados pagos del servicio de la deuda están desviando recursos escasos que podrían utilizarse para necesidades urgentes: salud, educación, nutrición y también acción climática.

Desde la aparición de la COVID-19, el Banco Mundial ha sido la mayor fuente de transferencias netas a la AIF y a los países menos desarrollados. De abril a diciembre de 2020, solamente nuestras transferencias netas a estos países llegaron a cerca de USD 17 000 millones, de los cuales USD 5800 millones se otorgaron a título de donación, y nuestros compromisos alcanzaron casi los USD 30 000 millones. Pero se necesita mucho más. 

La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) del G-20 —que Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, y yo instamos a crear casi un año atrás— ha ayudado mucho. Permitió que 43 países pospusieran cerca de USD 5700 millones en pagos del servicio de la deuda entre mayo y diciembre del año pasado, y promete ahorros adicionales de hasta USD 7300 millones entre ese momento y la actual fecha de cierre de junio.

No obstante, hasta ahora, el alivio ha sido inferior al previsto porque no participaron todos los acreedores. Los grandes acreedores bilaterales que no pertenecen al Club de París solo han intervenido parcialmente en la DSSI y —lo más preocupante— los tenedores de bonos y otros acreedores privados han continuado recaudando los montos totales de reembolso durante toda la crisis.

Las experiencias recientes con la DSSI muestran que los acreedores comerciales no cumplen con los pedidos de “participación voluntaria” en las iniciativas de alivio de la deuda. Ahora que comienza la implementación del Marco Común, los países del G-20 deben brindar instrucción y crear incentivos para que todos sus acreedores bilaterales públicos participen en los esfuerzos de reducción de la deuda, incluidos los bancos institucionales de los países. También deben alentar decididamente a los acreedores privados de sus jurisdicciones a participar de lleno en los esfuerzos de alivio de la deuda soberana para los países de ingreso bajo.

Hay medidas específicas que los países del Grupo de los Siete deben considerar para impulsar una mayor participación. Por dar un ejemplo, se podrían modificar las leyes de inmunidad soberana para incluir la protección contra embargos frente a los acreedores comerciales que se nieguen a aceptar los términos del Marco Común en el que esté participando su Gobierno.

Estoy convencido de que la DSSI debería extenderse una vez más, por seis meses y hasta el final de 2021, ya que muchos países continúan luchando contra la COVID-19 y se enfrentan a una reducción de la liquidez. Pero también es momento de alentar a los países sobreendeudados a adoptar una estrategia que les permita alcanzar una posición de deuda moderada. La sostenibilidad de la deuda debe traducirse no solo en solvencia a corto plazo, sino también en capacidad para no incumplir los pagos y, al mismo tiempo, atender las prioridades sociales y económicas mínimas. La historia demuestra que los países que no tienen forma de superar cargas de deuda excesivas no pueden crecer y no logran reducciones duraderas de la pobreza. El Marco Común para el Tratamiento de la Deuda del G-20 —que va más allá de la DSSI— podría generar importantes resultados adicionales.

La reducción de las tasas de interés podría tener un papel clave en algunas reestructuraciones de deuda emprendidas en virtud del Marco Común. Algunos países están pagando tasas de interés del 6 % o el 7 % por su deuda bilateral oficial; esos valores directamente no se justifican en las condiciones actuales. En las últimas dos décadas, las economías avanzadas de ingreso alto se han beneficiado de una reducción extraordinaria de las tasas de interés a corto y largo plazo, que cayeron prácticamente a cero luego de estar entre el 4 % y el 6 %. ¿Los países más pobres no deberían poder beneficiarse de igual modo con esta situación en que las tasas se mantendrán bajas durante mucho tiempo? A su vez, una negociación de préstamos con vencimientos más prolongados también podría ayudarlos.

Por medio del Marco Común y la DSSI, podemos identificar los casos en que la deuda es insostenible y ayudar a reestructurarla para que alcance niveles moderados. Y cuando se trata de países con alto riesgo de sobreendeudamiento pero con niveles de deuda sostenible, debemos considerar la posibilidad de reperfilar esa deuda, extendiendo los vencimientos, por ejemplo. Pero todo esto requerirá una mayor participación que la que hemos visto hasta ahora, tanto del sector privado como de algunos acreedores bilaterales oficiales.

Al igual que en la esfera del clima, los desafíos económicos y financieros en torno a la deuda son enormes; por eso, merecen su atención y ameritan un debate público. Primero, ¿cuál sería la solución intermedia entre brindar asistencia durante las crisis de liquidez para los pagos de deuda a corto plazo y ofrecer apoyo a más largo plazo para lograr una sostenibilidad que permita que las personas progresen y salgan de la pobreza? ¿En qué países es apropiado demorar los pagos del capital y los intereses pero sin reducir el saldo de la deuda ni las tasas de interés correspondientes? ¿En qué países se debería reducir el saldo total de la deuda, dado que las tasas de interés probablemente se mantengan bajas durante mucho tiempo? Segundo, ¿cómo se puede garantizar la responsabilidad, dada la diferencia de horizontes temporales entre quienes firman los contratos de deuda e inversión y quienes deben sobrellevar la carga de la deuda? Por ejemplo, ¿cómo puede funcionar un sistema de contratos cuando, para las autoridades gubernamentales, resulta sumamente beneficioso aceptar condiciones de deuda rigurosas, aunque luego sea difícil cumplir los pagos a largo plazo? Tercero, ¿cómo debería operar el sistema financiero internacional cuando no existe un proceso de insolvencia para deudas soberanas? ¿Cómo puede resolver el sistema el desequilibrio manifiesto entre los acreedores, que tienen el poder y la responsabilidad de hacer cumplir plenamente los contratos, y los países deudores, que a menudo son más pobres y cuentan con menos capacidad para solucionar los desacuerdos?

Claramente, la transparencia será un elemento central de la solución a estos problemas. Pero la resistencia a que la deuda sea transparente es considerable. Los contratos suelen estar protegidos por estrictos acuerdos de confidencialidad que hacen que sus términos —y, a veces, incluso su existencia— sean secretos. Algunos contratos incluyen prácticamente lo opuesto de una cláusula de acción colectiva, es decir, una cláusula que exige a los deudores eximir al acreedor de cualquier tratamiento comparable cuando se acuerda una reestructuración de la deuda (por ejemplo, con el Club de París). En el caso de la deuda, al igual que en otros tantos ámbitos, la luz natural es el mejor remedio. Teniendo en cuenta nuestro extenso historial de ayuda a los países para que aborden sus problemas de deuda, el Banco, junto con el Fondo, continuarán trabajando con los países y respaldándolos para que puedan alcanzar una situación de deuda moderada.

Tema 3: Desigualdad

He hablado del clima y de la deuda con bastante detalle, y de algunos de los desafíos económicos que plantean. Ahora me gustaría cerrar con unas palabras sobre la desigualdad. Como dije al principio, nuestras respuestas a la pobreza, el cambio climático y la desigualdad serán las decisiones que definirán nuestra era. La desigualdad se hace más evidente en los efectos directos de la COVID-19, que afecta en mayor medida a los trabajadores informales y a las personas vulnerables, y en el menor acceso de los países en desarrollo a las vacunas. También sigue aumentando porque los estímulos fiscales y monetarios se centran en el sector formal y en activos seleccionados, pero generando una deuda que deberán afrontar las generaciones futuras. Si bien este problema se aplica mayormente a las economías avanzadas, un efecto similar golpea a las personas endeudadas de los países en desarrollo, porque las deudas soberanas y su refinanciamiento tienen el mayor impacto positivo en quienes firman los contratos —acreedores y deudores—, mientras que la carga de la deuda suele recaer en los pobres.

En octubre de 2020, antes de nuestras Reuniones Anuales, hablé largamente sobre la necesidad de revertir la pandemia de la desigualdad. Expliqué las actividades que estamos llevando a cabo para abordar los desafíos que genera la desigualdad, incluido nuestro apoyo financiero mediante programas de salud de emergencia y programas de transferencias de efectivo relacionados con la COVID-19.

Estas desigualdades plantean un tercer conjunto de desafíos económicos que me gustaría compartir con ustedes. Primero, ¿cuál es la forma más rápida y eficaz de mejorar la distribución de las vacunas? Es importante que la vacunación comience en más países porque el proceso llevará meses debido a las limitaciones relativas a la capacidad de aplicación. Para mediados de año, el Banco Mundial tendrá listo el financiamiento para vacunas de 50 países en desarrollo, pero los problemas de suministro siguen sin resolverse. Segundo, como señalé en la sección sobre el clima, ¿qué debe hacer el mundo para financiar las inversiones en bienes públicos mundiales que necesitan realizar los países pobres? Tercero, ¿hay alguna forma de que el enorme estímulo fiscal y el aumento de la deuda nacional que están aplicando las economías avanzadas tengan repercusiones positivas en los países en desarrollo? Por un lado, una mayor demanda en las economías avanzadas ayudará a crear mercados. Pero, por el otro, la pérdida de inversiones, aptitudes y escolaridad durante la pandemia ha sido catastrófica. Los datos dejan en claro que los países más pobres no están logrando las mejoras en los niveles de vida que se esperaban antes de la crisis y están quedando aún más rezagados. Y, por último, debido a que las adquisiciones de activos que realizan las economías avanzadas son tan grandes, selectivas y a largo plazo, ¿se podrían distribuir más equitativamente para mejorar la asignación mundial de capital, beneficiar a las empresas más pequeñas y a los nuevos actores del mercado, y permitir un mayor acceso a los prestatarios que necesitan financiamiento a corto plazo?

Conclusión

Quisiera finalizar con lo siguiente: la COVID-19 nos ha puesto en una encrucijada. En nuestras decisiones en materia de políticas, y de cara al futuro, podemos evitar los errores del pasado. Para subsanar el daño, habrá que aplicar estrategias integradas y a largo plazo que hagan hincapié en un desarrollo verde, resiliente e inclusivo. Esto debe estar alineado con la necesidad de contar con políticas que ayuden a los países a incrementar la alfabetización, reducir el retraso del crecimiento y la malnutrición, garantizar acceso al agua potable y la energía, y mejorar la atención de la salud. Debemos contribuir a que los países estén mejor preparados en caso de pandemias futuras. Necesitamos ayudarlos a acelerar el desarrollo y la adopción de tecnologías digitales. Tenemos que trabajar para mejorar y ampliar las cadenas de suministro locales, y reforzar la protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

Tanto el sector público como el privado tienen un importante papel en este esquema. Los Gobiernos pueden ayudar a establecer las bases, garantizando el financiamiento de la salud y la educación, e invirtiendo en bienes públicos indispensables e infraestructura básica. También pueden hacer mucho para allanar el camino, promulgando la legislación adecuada y creando espacios para el sector privado siempre que sea posible. Deben aprobar reformas de política que promuevan la inversión privada, incluida la inversión extranjera directa. Y es necesario que ayuden a las instituciones financieras a resolver la situación de los préstamos improductivos lo más pronto posible. La inversión privada será clave para abordar los desafíos del cambio climático, los problemas de deuda y la desigualdad, todos temas que requieren de la innovación que puede aportar el sector privado. Por su parte, el sector privado debe aceptar la responsabilidad institucional, ya sea aplicando normas ambientales y sociales sólidas, pagando impuestos o haciendo su parte en la resolución de los problemas de deuda. Los Gobiernos y el sector privado deberán trabajar en cooperación en muchos sectores, como el de la energía, considerando la posibilidad de establecer iniciativas conjuntas con una distribución equitativa de las cargas y una gestión adecuada.

Tal como he señalado durante este discurso, la cooperación entre los círculos académicos, los profesionales del desarrollo y los encargados de la formulación de políticas también es determinante. El mundo se enfrenta a desafíos abrumadores. En algunos casos, las respuestas son claras, y la dificultad consiste en comunicarlas adecuadamente a los encargados de las políticas. En otros casos, al abordar las preguntas que aún no tienen respuesta, los miembros de círculos académicos —como los de la Escuela de Economía de Londres— pueden ayudar a abrir nuevos caminos y, de esta forma, a elaborar un modelo de prosperidad más verde, resiliente e inclusivo para el siglo xxi. El Grupo Banco Mundial puede ser un aliado clave para ayudar a resolver los problemas vinculados al cambio climático, la deuda y la desigualdad, ya que ofrece soluciones novedosas para los sectores público y privado, además de una combinación única de servicios analíticos, respaldo financiero y poder de convocatoria.

Hoy tenemos la oportunidad histórica de cambiar el curso de los hechos, de mejorar los resultados de desarrollo para los países y de superar los crecientes peligros derivados del cambio climático, la desigualdad sistémica, la inestabilidad social y los conflictos. Como parte de nuestros esfuerzos de reconstrucción, podemos generar una recuperación que garantice un aumento amplio y duradero de la prosperidad, especialmente para los más pobres y marginados. Se trata de una oportunidad que no podemos dejar pasar.

Muchas gracias.

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