Hablemos del tema: La resolución de conflictos como parte de las medidas correctivas

Rabi Thapa

Cuando las cosas salen mal en los proyectos respaldados por una organización de financiamiento para el desarrollo, a menudo hay más de una manera de arreglarlas. En una nueva nota de asesoría de la Oficina de Asesoría, Cumplimiento y Ombudsman (CAO), se analiza de qué manera el proceso de resolución de conflictos puede contribuir a las medidas correctivas de manera rápida, eficaz y con un beneficio directo para los reclamantes.

La nota de la CAO —el mecanismo independiente de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (IFC/MIGA)— comienza con una definición de “medidas correctivas” como algo más que resultados materiales (por ejemplo, la compensación financiera).

Allí se afirma que las medidas correctivas también deben ayudar a “restablecer la dignidad de los reclamantes y aumentar los niveles de confianza entre las personas afectadas por el proyecto y las empresas involucradas”. Esta noción de “resarcir” a quienes se han visto perjudicados por los clientes de las instituciones financieras de desarrollo es crucial para todo el proceso de rendición de cuentas y, en especial, para el éxito de los proyectos, según la nota Insights on Remedy: The Role of Dispute Resolution in Remedy (i) (Información sobre medidas correctivas: La función de la resolución de conflictosdisputas en la remediación).

La resolución de conflictos disputas puede aumentar la confianza

En la nota de asesoría publicada en febrero, se llegó a la conclusión de que el proceso de resolución de conflictos disputas puede contribuir claramente a las medidas correctivas. La nota es la primera de una serie de documentos destinados a orientar la elaboración del marco de medidas correctivas de IFC/MIGA, que actualmente está en la etapa de consulta pública.

“Preguntamos a las comunidades ‘¿Cuánto confían en la empresa?’ antes y después de nuestro proceso de resolución de conflictosdisputas, y observamos un aumento masivo de los niveles de confianza”, dijo Julia Gallu, autora principal del informe y jefa de Asesoría de la CAO (véase el gráfico a continuación). “El aspecto de las medidas correctivas que se refiere al respeto y la recuperación de la dignidad y la participación es muy importante: no es suficiente que los expertos que están en la ciudad de Washington digan ‘listo, hemos analizado el daño y aquí está nuestra lista de medidas’ sin interactuar con la comunidad”.

Por lo tanto, existen argumentos sólidos para que los posibles daños se aborden en una etapa previa, antes de que caigan los niveles de confianza y mientras las instituciones financieras de desarrollo están participando activamente en el proyecto y pueden ejercer influencia en sus clientes.

Uso de la influencia para convocar a las partes interesadas

Uno de los desafíos identificados en la nota de asesoría son las percepciones de los clientes del sector privado que no están dispuestos a participar en la resolución de conflictos. Ante esos casos, en la nota se sugiere lo siguiente: “IFC y MIGA pueden hacer más para comunicar claramente la responsabilidad de proporcionar medidas correctivas y ayudar a sus clientes a comprender la justificación económica y los beneficios de la resolución de conflictos disputas en este contexto”.

La idea es que IFC/MIGA puedan ayudar a sus clientes a entender que la resolución de conflictos disputas es un buen proceso para trabajar con las comunidades y mejorar su desempeño ambiental y social, de forma tal de establecer una relación y tener en cuenta las preferencias de la comunidad.

Además, otro posible obstáculo, según la nota de la CAO, es que “el acceso a conocimientos especializados confiables y al financiamiento conexo puede ser un desafío a la hora de buscar medidas correctivas a través de la resolución de conflictosdisputas”. También en este caso, la decisión de un cliente del sector privado de participar en la resolución de conflictos disputas puede depender de su capacidad para aplicar recursos técnicos y financieros. A menudo se necesitan conocimientos especializados confiables, por ejemplo, para realizar evaluaciones ambientales y sociales nuevas e independientes. Según la CAO, una opción es que IFC/MIGA ayuden a los clientes con estas necesidades de capacidad técnica.

No obstante, otras cuestiones de mayor envergadura, como la adquisición de tierras y el reasentamiento, a menudo escapan al control del cliente del sector privado. En la nota de asesoría se concluye que los reclamantes y los clientes solicitan con más frecuencia la participación del Gobierno en relación con los problemas de tierras, incluidos los desplazamientos físicos y económicos.

Asimismo, de los 14 casos de la CAO que se resolvieron total o parcialmente en la última década (de los 30 casos que se finalizaron), 9 (el 64 %) contaron con alguna forma de participación del Gobierno. En consecuencia, en la nota se exhorta al Banco Mundial y a IFC/MIGA a que ayuden a “convocar a los actores gubernamentales”. También deberían participar otros actores, como las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos, cuya intervención puede mejorar las posibilidades de obtener buenos resultados.

Asumir la responsabilidad para lograr medidas correctivas sostenibles

Si bien se ha establecido que las estructuras construidas entre las comunidades y los clientes pueden tener un valor duradero que va más allá de la participación del mecanismo de rendición de cuentas y de la institución financiera, estas estructuras suelen requerir apoyo continuo para que sean sostenibles. En la nota de asesoría se sugiere que IFC/MIGA deberían considerar la posibilidad de respaldar los resultados en materia de resolución de conflictos disputas como parte de la supervisión continua.

El objetivo de la nota es explorar posibles oportunidades para que IFC y MIGA participen más activamente en el respaldo a las medidas correctivas a través de los procesos de la CAO. En términos más generales, según la CAO, el propósito de la nota es alentar a las dos instituciones a planificar con antelación la posibilidad de aplicar medidas correctivas e implementarlas como parte integral de la gestión y mitigación de los riesgos ambientales y sociales.

David Fairman, del Consensus Building Institute (i), se mostró de acuerdo con esos objetivos: “El valor específico de la nota de la CAO es recordarles a todos que las medidas correctivas no son una meta increíblemente difícil de alcanzar. En realidad, es posible encontrar una solución en el contexto de estos proyectos y sus impactos. Y hay cosas que se podrían hacer para que las medidas sean más accesibles, coherentes y concretas, como un enfoque que aproveche la resolución de conflictos disputas como vía de acceso”.

Concluyó con una mirada al futuro: “A medida que las instituciones financieras de desarrollo incursionen más en contextos de frontera y situaciones posteriores a conflictos tratando de generar inversión privada, crecerán los riesgos de daños y aumentará la necesidad de trabajar eficazmente con el cliente desde las primeras etapas en la mitigación de los riesgos ambientales y sociales y en la participación de los interesados. Por lo tanto, también será mayor la necesidad de contar con mecanismos de atención de quejas y reclamos más eficaces, como la resolución de conflictosdisputas”.

Publicado en marzo de 2023

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