Desafío
Luego de la crisis financiera interna de 2003, que exacerbó significativamente la pobreza, la República Dominicana se recuperó y logró un fuerte crecimiento económico, promediando 9,5% al año en el periodo 2005-07. A diferencia del resto de las economías de la región, el país pudo evitar la recesión en 2009, pero el menor crecimiento fue suficiente para amenazar la sostenibilidad fiscal cuando la reducción de los ingresos impuso restricciones a los sectores prioritarios. El alza aguda en los precios del petróleo presionó aún más el presupuesto debido a los subsidios a la electricidad no focalizados que obligaban al Gobierno a asumir las fluctuaciones en los precios de mercado en lugar de traspasarlos a los consumidores. El principal desafío para las autoridades residía en mantener los servicios gubernamentales, proteger el gasto social y restablecer la sostenibilidad fiscal para impedir la anulación de algunas reformas recientes.
Estrategia
El Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL, por sus siglas en inglés) destinado a las Finanzas Públicas y el Sector Social y el primer Préstamo de la serie Desempeño y Rendición de Cuentas en Servicios Sociales, ambos en línea con la Alianza estratégica con el país y la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana, fueron firmados en noviembre de 2009. Los segundo y tercer Préstamos de la serie Desempeño y Rendición de Cuentas en Servicios Sociales fueron aprobados en Noviembre de 2010 y 2011 respectivamente. Estas operaciones se orientaron a mejorar la calidad y eficiencia del gasto público y mitigar el impacto de la crisis económica mundial en curso en las finanzas públicas del país. Buscaron fundamentalmente reformular el sistema de protección social con el fin de llegar a los más necesitados, utilizando de manera eficiente los escasos recursos públicos. Algunas de las medidas adoptadas para lograr estos objetivos incluyeron la racionalización de los programas de protección social, la reforma del programa de transferencias monetarias condicionadas Solidaridad para promover mayores inversiones en capital humano, el mejoramiento de la focalización mediante la actualización y combinación de las bases de datos disponibles, las inversiones en servicios sociales básicos dirigidos a áreas donde existen brechas en el acceso de los más pobres, y la promoción de reformas en el manejo del gasto social a través de acuerdos de desempeño, mayor transparencia y planificación plurianual de presupuesto e inversiones.
Resultados
Para mejorar la sostenibilidad fiscal, los subsidios universales al gas y la electricidad fueron reemplazados por subsidios focalizados y el Gobierno subió la tarifa eléctrica y redujo el consumo máximo bajo el cual se aplica el subsidio. En el momento de su eliminación, el anterior subsidio geográfico contaba con 450,000 hogares beneficiarios, pero únicamente el 44% de ellos era pobre. Este esquema fue reemplazado por un subsidio focalizado, Bonoluz. En 2012, 536,000 hogares pobres fueron beneficiarios de dicho programa (que cubre el equivalente al uso de 100 kWh de electricidad al mes). El incremento de la tarifa eléctrica en un 12% ayudó a reducir las pérdidas del sector eléctrico, aunque el repunte de los precios del petróleo finalmente contrarrestó esas ganancias. Otras medidas de mejora de administración tributaria y prevención de la evasión fiscal, apoyadas por los préstamos, ayudaron a mejorar la sostenibilidad fiscal.
El programa de transferencias monetarias condicionadas Solidaridad se expandió hasta cubrir al 90% de los extremadamente pobres y el 80% de los pobres a finales de 2012, suministrando incentivos a las familias para invertir en el capital humano de sus hijos al mismo tiempo que se protegía sus niveles de consumo. En el sector salud, el número de beneficiarios del régimen subsidiado se incrementó drásticamente para cubrir al 73% de los pobres en 2012. Además, alrededor de 766,000 hogares pobres reciben hoy subsidios focalizados al gas a través del programa Bonogas, para mitigar el incremento en tarifas y proteger su bienestar. Finalmente, inversiones significativas en servicios de salud y educación básicos en áreas donde los beneficiarios del programa de transferencias condicionadas carecían de acceso ha ayudado a promover mejoras en desarrollo humano.
En términos de cambios sistémicos, estos esfuerzos han ayudado a cambiar el panorama de protección social en el país. Concretamente, el país ha desarrollado un sistema nacional de focalización de subsidios (SIUBEN), compartido por multitud de programas dirigidos a la población pobre, como los arriba mencionados. También, la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) ha centralizado las transferencias de dichos programas (Bonoluz, Bonogas, y Solidaridad entre otros) a través de la tarjeta de débito Solidaridad. Esto ha incrementado la eficiencia de los pagos (reduciendo los costes) y ha limitado los riesgos de fraude, dado que las transacciones son controladas electrónicamente. Estas herramientas han sido inversiones críticas para desarrollar un sistema de protección social efectivo y eficiente. Mejoras dirigidas a la elaboración un presupuesto por resultados en salud y educación son también pasos importantes para alcanzar un mejor uso de recursos públicos.
