DESAFÍO
Las leyes discriminatorias frenan la participación económica de las mujeres, dificultando el desarrollo y manteniendo a millones de personas en la pobreza. Tales legislaciones se aplican en múltiples ámbitos. Según Mujeres, empresas y el derecho 2014 (WBL, por sus siglas en inglés) —un informe de la Corporación Financiera Internacional (IFC)—, 128 de 143 economías para las que se disponía de datos, tenían al menos una diferencia legal en práctica sobre el trato a los hombres y las mujeres en 2013. En 54 economías, existían cinco o más diferencias legales que perjudican a las mujeres, y en la mitad de ellas había 10 o más disparidades legales.
En esta última versión del informe mencionado, se agrega la legislación sobre violencia doméstica y acoso sexual al acervo de conocimientos. El análisis de 100 economías mediante la base de datos Cinco décadas de los derechos legales de las mujeres determina que 76 países cuentan con legislación que aborda en forma explícita la violencia doméstica, 32 países tienen disposiciones específicas sobre el acoso sexual en las escuelas, y solo ocho países tienen leyes sobre el acoso sexual en los espacios públicos. Por otra parte, solo 39 países cuentan con leyes que penalizan la violación dentro del matrimonio.
Pero el informe también revela que el ritmo de las reformas ha aumentado. Desde 2011, 44 economías han instituido 40 cambios legales que hacen más fácil para las mujeres obtener empleo y seguir una carrera empresarial, registrándose los mayores avances en África al sur del Sahara y América Latina y el Caribe. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para lograr condiciones equitativas.
Se deben implementar y hacer cumplir reformas significativas, siendo esenciales la sensibilización y la confianza en los recursos judiciales, aunque los países en desarrollo a menudo enfrentan limitaciones en materia de capacidad. En Brasil, los servicios legales no pueden atender el alto volumen de casos de violencia contra las mujeres a pesar de la bien intencionada Ley sobre Violencia Doméstica y Familiar de 2006 denominada Maria da Penha.
Por el lado de la demanda, es más probable que las mujeres no tengan recursos financieros para pagar la asistencia legal y los costos judiciales. Las mujeres pobres no solo comienzan con menos; también tienen menos poder en términos legales para proteger los activos que puedan tener o adquirir.
SOLUCIÓN
Las iniciativas que empoderen a las mujeres en el ámbito legal pueden reparar las relaciones de poder desiguales y liberar el potencial económico de las mujeres, permitiendo el avance en los dos objetivos del Grupo del Banco Mundial de poner fin a la pobreza y promover la prosperidad compartida. Las reformas legales también pueden impulsar cambios en las normas sociales sesgadas por cuestiones de género. Para lograr la equidad, el Grupo del Banco Mundial debe identificar las leyes discriminatorias, apoyar una difusión eficaz de las leyes y ayudar financieramente a quienes no disponen de recursos para llevar a cabo acciones judiciales.
El trabajo reciente del Banco ha puesto de relieve los beneficios económicos de hacer reformas a las leyes discriminatorias mediante talleres y actividades de promoción en Côte d'Ivoire, la República Democrática del Congo, Turquía, Túnez y Kenya. La ampliación de los derechos sobre la tierra para las mujeres es otro aspecto importante, ya que estos son de gran importancia dado que proporcionan la seguridad y el capital que permite aumentar la autonomía, las oportunidades y el bienestar de ellas. Los derechos sobre la tierra dan a las mujeres las bases sobre las cuales crecer y prosperar.
El Banco también está adoptando diversos enfoques para aumentar la capacidad de tener servicios jurídicos en las economías en desarrollo. En Río de Janeiro, como una solución innovadora, se usa el sistema de trenes subterráneos urbanos para ofrecer centros de asistencia jurídica a las mujeres. En otras partes, las iniciativas financiadas por el Banco están proporcionando asesoramiento y representación en forma gratuita a las mujeres en los tribunales a través de centros regionales de asistencia jurídica más tradicionales.
La incorporación de la cuestión del género está dando resultados legales positivos, al usar un enfoque que recurre a las comunidades de base. Los proyectos basados en consideraciones de género que aumentan la participación y el compromiso femenino están permitiendo que las mujeres identifiquen las iniciativas de importancia para ellas. Con apoyo del Banco Mundial, estos proyectos se han presentado a la consideración de las autoridades regionales y nacionales.
El Grupo del Banco Mundial también continuará creando la base de pruebas pertinente en los países y sectores.
RESULTADOS
Los últimos resultados ilustran varios enfoques que el Banco está usando para abordar la igualdad jurídica y la protección de las mujeres:
Reforma legal:
En la República Democrática del Congo, la Red de Finanzas y Desarrollo del Sector Privado (FPD, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial está respaldando un nuevo Código de Familia para mejorar el clima de negocios para las mujeres. Durante el último año, FPD respaldó talleres —organizados por el Ministerio de la Mujer— en los cuales se mostraron los beneficios económicos de la reforma del Código de Familia a diputados, senadores, el sector privado y la sociedad civil. Bajo el código actual, las mujeres casadas necesitan el permiso del marido para firmar un contrato, abrir una cuenta bancaria, obtener un préstamo, inscribir una empresa, registrar tierras, o presentarse en los tribunales. En el marco del código propuesto, tales permisos ya no serán necesarios. El Código de Familia revisado también eleva la edad mínima de matrimonio para las niñas de 15 años a 18 años. El nuevo código ha sido aprobado por la Comisión sobre Reforma Legal del Gobierno, y presentado al Senado, donde se espera su votación en 2014. El proyecto fue financiado por el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID, por sus siglas en inglés)[1]. El proyecto fue aprobado en 2008 y permanece activo en 2014.
En Côte d’Ivoire, el Servicio de Asesoría sobre Clima para la Inversión de IFC, y Mujeres, empresas y el derecho están apoyando la reforma de disposiciones discriminatorias del Código de Familia. Los primeros resultados incluyen una nueva ley para las parejas casadas, aprobada en enero de 2013, según la cual ambos cónyuges pueden ahora elegir legalmente dónde vivir y si trabajan fuera del hogar y dónde, y tanto el esposo como la esposa pueden ahora ser designados legalmente “jefe de familia”.
Asistencia legal:
En junio de 2012, el Banco Mundial[2] puso en marcha el Centro Judicial de Asistencia Legal en Jordania y abrió seis centros de asistencia legal que proporcionan servicios gratuitos a quienes carecen de medios económicos. En este país, los aranceles judiciales y los costos legales son relativamente altos, lo que pone en particular desventaja a los pobres y especialmente a las mujeres, que tienen menos control sobre los activos económicos. El Centro Judicial de Asistencia Legal es ahora el mayor proveedor de servicios de asistencia jurídica en Jordania, y el 70 % de sus beneficiarios son mujeres[3]. Sus servicios están ofreciendo apoyo legal esencial para las mujeres que sufren violencia emocional y física e intimidación a diario, lo cual les impide hacer uso de sus bienes personales y económicos. Hasta la fecha, el centro ha proporcionado asesoramiento a 3400 hombres y mujeres y representado a más de 1480 personas en los tribunales. Un enlace a un video testimonial se encuentra al final de esta publicación. El centro también está aumentando la conciencia del público sobre la asistencia jurídica gratuita. Se han llevado a cabo 275 sesiones informativas que llegaron a más de 6800 beneficiarios. El proyecto permanece activo en 2014.
En 2010, el Banco Mundial[4] fue contratado para realizar el seguimiento y la supervisión de un proyecto de asistencia a sobrevivientes de violencia sexual en la provincia devastada por la guerra de Kivu del Sur, en el Congo oriental, una región que ha sido testigo de algunos de los actos más crueles de violencia sexual en la historia reciente[5]. El proyecto, que proporcionó atención médica y terapéutica a 3951 sobrevivientes, incluyó además iniciativas de reinserción en la comunidad y mejores recursos parar recurrir a la justicia. Gracias a los esfuerzos de promoción del proyecto, los sobrevivientes con certificados médicos pueden acudir a los tribunales de forma gratuita, una medida que es importante tanto para los sobrevivientes como para cerrar el ciclo de la impunidad. El proyecto se encuentra cerrado.
Un préstamo para políticas de desarrollo de US$500 millones del Banco Mundial para Brasil conectará y actualizará el disperso sistema de transporte urbano de Río de Janeiro. El proyecto adopta un enfoque que incluye la perspectiva del género para ampliar el alcance de la asistencia legal a las mujeres afectadas por la violencia de género. La red urbana —que se extiende desde el centro de la ciudad hasta los barrios pobres en las laderas— contará con centros legales que ofrecerán asesoramiento en cinco de las principales estaciones. Se instalarán otros 107 terminales electrónicos de información en todo el sistema. La iniciativa “Via Lila” apoyará a las 300 000 pasajeras que usan la red diariamente. El proyecto fue aprobado en 2009 y se mantiene activo en 2014.
Títulos de propiedad de las tierras:
En 2007, Rwanda solicitó al Banco Mundial la realización de una evaluación de impacto de una iniciativa piloto sobre el registro de tierras. La evaluación mostró que el programa llevó a un aumento de 17 puntos porcentuales en derechos territoriales documentados para mujeres casadas. La mayor seguridad en la tenencia de la tierra también estuvo vinculada a un incremento significativamente mayor en la conservación del suelo y la inversión en este sector. Las inversiones masculinas aumentaron un 10 % y las femeninas un 19 %, con mejores perspectivas para los rendimientos agrícolas y la seguridad alimentaria. El salto en la inversión femenina sugiere que sin la certeza de poseer los títulos de propiedad de las tierras, las mujeres consideran demasiado arriesgado invertir en el suelo. La tenencia documentada de tierras de mujeres solteras aumentó en solo 8 puntos porcentuales. La prueba piloto se realizó en todo el país en 2011, incluyendo una disposición que protegía los derechos a la propiedad de las mujeres solteras[6]. Ghana está atravesando el mismo proceso y el Banco Mundial pudo conectar a equipos de Accra con los de Kigali para un debate fructífero sobre los beneficios de aumentar los títulos de propiedad femeninos como también las consideraciones sobre la implementación. Hay una alta demanda de modelos rápidos, asequibles y ampliables para abordar la tenencia de la tierra en África. Los casos de Rwanda y Ghana son un ejemplo de éxito del aprendizaje sur-sur con una sólida perspectiva en que se incorpora la cuestión del género.
El Grupo de investigaciones sobre el desarrollo del Banco Mundial[7] diseñó el marco de evaluación de una iniciativa que extiende certificados de derecho de ocupación a habitantes de barrios de viviendas precarias en Dar es Salaam, Tanzanía. Como parte de los esfuerzos de muchos países africanos por aumentar el nivel de mujeres con títulos de propiedad de las tierras, el proyecto distribuyó vales condicionales de color “rosa” que podían ser canjeados solo si una mujer figuraba como copropietaria en el certificado. El proyecto también incorporó actividades de sensibilización de titulación conjunta que elevaron del 24 % al 89 % el número de hogares que indicaron que los cónyuges obtendrían títulos de manera conjunta. Los resultados finales, publicados en 2013, mostraron que los hogares que recibieron un vale condicional tenían entre 29 y 30 puntos porcentuales más de probabilidades de tener títulos conjuntos que los que no recibieron el vale. Esto representó un aumento significativo en el 5 % que aparece en las licencias residenciales, que solían usarse normalmente antes de la prueba piloto con los certificados. Los resultados de la investigación sugieren que los programas que abordan de manera creativa la tenencia femenina de la tierra pueden mejorar significativamente los derechos y los bienes económicos de las mujeres[8].
Gestiones de las comunidades de base para mejorar los derechos legales de las mujeres:
El asesoramiento y la asistencia del Banco Mundial para el Segundo Proyecto de Inversión para el Desarrollo Rural Participativo de Bolivia establecieron el objetivo de que al menos el 30 % de los beneficiarios de los servicios ofrecidos fueran mujeres. Los especialistas en cuestiones de género alentaron la participación femenina y las mujeres comenzaron a identificar las iniciativas de mayor importancia para ellas. Las participantes pidieron de manera abrumadora que el proyecto abordara y enfrentara el abuso físico y emocional que las mujeres padecen a diario en el hogar, la comunidad y las instituciones públicas. La violencia de género ahora se está abordando a nivel local y regional y las propuestas son objeto de examen del Tribunal Supremo de Justicia. El proyecto financiado por la Asociación Internacional de Fomento (AIF) fue aprobado en 2007 y cerrado en 2013.
De modo similar, un plan piloto con inclusión de la perspectiva de género en Perú, que usó una metodología participativa diseñada y respaldada por el Plan de acción sobre cuestiones de género (GAP, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, destacó de manera exitosa los beneficios de una mayor participación de las mujeres en las organizaciones de usuarios de agua (OUA). Como resultado, en 2011 las autoridades de las OUA establecieron metas para la participación de las mujeres y la Autoridad Nacional del Agua aprobó la Resolución Jefatural 266-2012-ANA, que determina que la participación de las mujeres en las OUA es obligatoria. Esto representa un punto de referencia para que las mujeres reclamen su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones y sirvió para anular la elección de una junta formada solo por hombres en Cajamarca en 2012.