Desafío
A partir de 1990, y a pesar de inversiones significativas en los servicios de educación básica y salud que sirvieron para aumentar la cobertura, Perú experimentó un persistente estancamiento en sus resultados de desarrollo humano. Para 2005, apenas el 15 por ciento de los alumnos de segundo grado peruanos alcanzaban un nivel suficiente de alfabetización, mientras que alrededor de la mitad no podía leer. En términos de salud, los partos institucionales cubrían apenas el 49,4 por ciento de los partos rurales en 2007, derivando en una elevada tasa de mortalidad materna y neonatal, mientras que los controles de crecimiento en menores de un año llegaron a un pésimo promedio de 3,3 visitas por año, versus el estándar recomendado de 12. Al mismo tiempo, el 30 por ciento de los peruanos menores de cinco sufría de malnutrición crónica. Estos malos resultados eran especialmente prevalentes en áreas rurales. La baja calidad de los servicios educativos y de salud se veía reforzada por un “equilibrio de bajo nivel”; los proveedores de servicios, reguladores y usuarios aceptaban estos servicios de baja calidad debido a la falta o ausencia de marcos de rendición de cuentas e incentivos para mejorarlos.
Enfoque
Basándose en el marco de rendición de cuentas elaborado por el Informe sobre Desarrollo Mundial 2004 del Banco Mundial, la Serie de Préstamos de Políticas de Desarrollo (DPL, por sus siglas en inglés) de Resultados y Transparencia (REACT) del Perú constituye uno de los pocos esfuerzos señeros de la Vicepresidencia del Banco para Desarrollo Humano (DH) en enfocarse en el nexo entre gobernanza y prestación de servicios; en este caso específico, hacer que los servicios de educación, salud y nutrición sean más responsables frente a las comunidades que sirven. El programa hizo uso de trabajos analíticos a nivel mundial y nacional, y se benefició de una coordinación con otros préstamos del Banco, tanto en el área de DH como en otras. La serie REACT DPL respaldó la participación y movilización de varios actores sociales para presionar por cambios en la calidad de los servicios, en especial en comunidades rurales pobres (muchas con una gran población indígena), instando al gobierno a llevar a cabo numerosas consultas con la sociedad civil respecto a la orientación estratégica e intervenciones. El Banco jugó un papel crucial como agente confiable e informado en este diálogo sobre políticas con múltiples partes interesadas.