Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere inversiones cuantiosas en infraestructura, capital humano y capacidad de adaptación al cambio climático. Sin embargo, los Gobiernos de los países en desarrollo a menudo ven limitada su capacidad de movilizar ingresos nacionales o inversión privada.
El financiamiento de la deuda es crucial para el desarrollo, pero los niveles insostenibles perjudican el crecimiento y a los pobres. La deuda puede ser una herramienta útil si es transparente, se gestiona bien y se usa en el contexto de una política de crecimiento creíble. Sin embargo, con frecuencia ese no es el caso. Un alto nivel de deuda pública puede frenar la inversión privada, aumentar la presión fiscal, reducir el gasto social y limitar la capacidad gubernamental de implementar reformas.
Las vulnerabilidades derivadas de la deuda han aumentado en los mercados emergentes y en los países de ingreso bajo. La deuda externa total de los países de ingreso mediano y bajo ascendió a USD 8,1 billones a finales de 2019, de los cuales un tercio se debía a acreedores privados. Más de la mitad de los países de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) se encuentran con problemas de sobreendeudamiento o con un alto riesgo de sufrirlos. Evaluaciones realizadas por el Grupo Banco Mundial han revelado que menos de la mitad de los países analizados cumplían los requisitos mínimos en cuanto a registro, supervisión e información de la deuda.
La gestión y la transparencia de la deuda tienen que ser las principales prioridades para que el nuevo endeudamiento fomente el crecimiento y un clima propicio para la inversión. Las autoridades de los países prestatarios necesitan información confiable respecto de la deuda para tomar decisiones sólidas en materia de endeudamiento. Los acreedores, donantes, analistas y organismos de calificación crediticia deben tener información completa para evaluar la deuda de un país y sus oportunidades de inversión. Los ciudadanos pueden exigir a sus Gobiernos que sean transparentes en cuanto a las condiciones y los objetivos de la deuda.
Antes del brote de COVID-19, la deuda ya había alcanzado niveles récord en las economías emergentes y en desarrollo. La pandemia está empujando a un número cada vez mayor de estos países a una crisis de endeudamiento. En ese contexto, la máxima prioridad del Grupo Banco Mundial es apoyar a los países más pobres en la lucha contra la COVID-19. Está entregando asistencia sin precedentes para facilitar que los países se concentren en responder a la pandemia en lugar de reembolsar a los acreedores.
El Grupo Banco Mundial trabaja arduamente para promover soluciones integrales al endeudamiento que incorporen por lo menos cuatro elementos: la suspensión de la deuda, la reducción de la deuda, la resolución de la deuda y la transparencia de la deuda.
Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) instaron a los países que integran el Grupo de los Veinte (G-20) a establecer la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda[MIS1] (DSSI). La iniciativa ayuda a los países a concentrar sus recursos en la lucha contra la pandemia y en las medidas dirigidas a proteger la vida y los medios de subsistencia de millones de personas vulnerables. Desde que entró en vigor el 1 de mayo de 2020, se ha proporcionado un alivio de más de USD 5000 millones a más de 40 países elegibles.
En total, 73 países reúnen las condiciones (PDF, en inglés) para acceder a la suspensión temporal de los pagos del servicio de la deuda contraída con acreedores bilaterales oficiales. El G-20 también ha instado a los acreedores privados a tomar parte en la iniciativa en condiciones similares. El período de suspensión, que originalmente finalizaba el 31 de diciembre de 2020, se ha prorrogado hasta fin de junio de 2021.
Última actualización: Mar 19, 2021
