Publican el informe RISE 2018 de las políticas sobre energía sostenible que se aplican en el mundo

En esta edición de los Regulatory Indicators for Sustainable Energy (RISE) se concluye que, en la última década, la cantidad de países con marcos normativos sólidos en este ámbito se ha triplicado con creces desde 2010, observándose un extraordinario aumento en la adopción de la energía renovable y en las metas de eficiencia energética.

Sin embargo, en el informe se advierte que el mundo, en su conjunto, se encuentra solo a mitad de camino en la adopción de marcos normativos avanzados sobre energía sostenible, por lo que aún queda mucho por mejorar para lograr las metas mundiales en materia climática y el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre energía (ODS 7).

En el informe RISE 2018: Policy Matters (i) —un inventario mundial de políticas y regulaciones para lograr el ODS 7— se mide la adopción de políticas y reglamentaciones a nivel de los países relacionadas con el acceso a la electricidad, los combustibles limpios para cocinar, la energía renovable y la eficiencia energética.

Los indicadores abarcan 133 países y representan el 97 % de la población mundial. RISE 2018 proporciona un punto de referencia para los encargados de formular políticas para comparar sus políticas y marcos regulatorios con los de sus pares regionales y mundiales e identificar las brechas que pueden dificultar sus avances hacia el acceso universal a energía.

Las principales conclusiones del informe RISE 2018 son las siguientes:

• Entre 2010 y 2017, la cantidad de países con marcos normativos sólidos sobre energía sostenible se triplicó con creces, pasando de 17 a 59.
• Muchos de los países con mayor consumo energético del mundo realizaron mejoras notables en sus reglamentaciones sobre energía renovable y, al mismo tiempo, adoptaron metas claras tanto en materia de energía renovable como de eficiencia energética en el periodo previo a la firma del Acuerdo de París.
• Los avances ya no se restringen solo a los países desarrollados: hay países con sólido desempeño en todas las regiones del mundo en desarrollo.

Acceso a la energía:

• Los países que más han aumentado sus tasas de acceso a la electricidad desde 2010 han mejorado simultáneamente las políticas de acceso a la electricidad.
• En los países con déficit de acceso a la electricidad, los responsables de la formulación de políticas están prestando cada vez más atención a soluciones sin conexión a la red para salvar la brecha. Esto se ve reflejado en el aumento espectacular de la proporción de países con bajo nivel de acceso que adoptan medidas para fomentar la creación de minirredes y sistemas de energía solar para uso doméstico, de aproximadamente un 15 % en 2010 a un 70 % en 2017.

Energía renovable:

• En 2017, 50 países —casi el doble que en 2010— habían establecido marcos normativos para permitir la adopción de la energía renovable.
• Alrededor del 93 % de los países incluidos en RISE tenía una meta nacional relativa a la energía renovable en comparación con solo el 37 % en 2010. El 84 % de los países había establecido un marco jurídico para respaldar la implementación de fuentes renovables de energía, en tanto que el 95 % permitía que el sector privado fuera propietario y administrador de proyectos de energía renovable.
• Sin embargo, las políticas de energía limpia continúan centrándose en la electricidad, mientras que las políticas sobre la calefacción y el transporte —que representan el 80 % del consumo energético mundial— se siguen soslayando.

Eficiencia energética:

• El porcentaje de países que establecieron marcos normativos avanzados en el ámbito de la eficiencia energética aumentó más de 10 veces, de 2 % en 2010 a 25 % en 2017. Cabe destacar que estos países representan el 66 % del consumo energético mundial.
• No obstante, el promedio mundial en materia de eficiencia energética se mantiene bajo, indicando que hay mucho por mejorar.

Combustibles limpios para cocinar:

• De las cuatro metas que forman parte del ODS 7, el acceso a combustibles limpios para cocinar sigue siendo la más desatendida e infrafinanciada por parte de los responsables de la formulación de políticas.
• Pese a que el informe concluye que hubo una evolución en los marcos normativos desde 2010, se observan pocos avances en cuanto al establecimiento de normas relativas a las cocinas o la oferta de incentivos para estimular a los productores a adoptar tecnologías limpias.

Si bien estos resultados son alentadores, en el informe RISE 2018 se sostiene que a los países todavía les queda mucho por hacer:

• El mundo está solo a mitad de camino en la adopción de marcos normativos avanzados sobre energía sostenible. Esto pone en riesgo el logro del ODS 7 para 2030, y entorpece los avances hacia el objetivo de mantener el aumento de las temperaturas mundiales muy por debajo de 2 grados.
• La aplicación de las políticas es un desafío fundamental. Si bien la existencia de marcos normativos sólidos es crucial, estos deben ser respaldados por instituciones y mecanismos de aplicación eficaces. RISE ha incorporado indicadores indirectos para ayudar a entender cuán encarecidamente los países se están centrando en la aplicación de las políticas.
• En los países que han avanzado en materia de políticas sostenibles, el deterioro en la situación fiscal de las empresas nacionales de servicios públicos está poniendo en riesgo el avance. Entre los países con bajo nivel de acceso a la energía, la cantidad de empresas que cumplen con los criterios básicos de capacidad crediticia disminuyó del 63 % en 2012 al 37 % en 2016.

RISE 2018 es la segunda edición del informe RISE que se publicó por primera vez en 2016. Como tal, sigue la metodología previa de clasificación de los países, que incluye una zona verde de los países con un desempeño satisfactorio que se ubican en el tercio superior, una zona amarilla de los países con un nivel de desempeño medio y una zona roja de los países con un desempeño insatisfactorio que figuran en el tercio inferior. Incorpora también nuevos aspectos, como tendencias temporales de las políticas desde 2010; un mayor énfasis en el seguimiento de las políticas; una cobertura más amplia de los sectores del transporte y la calefacción, y una evaluación piloto del entorno normativo para los combustibles limpios para cocinar en una decena de países con gran déficit de acceso.