La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México bajó las previsiones de crecimiento del país a consecuencia de los estragos provocados por las tormentas Íngrid y Manuel, que acabaron con la vida de decenas de personas y dejaron grandes pérdidas materiales.
La conclusión es clara: aparte del doloroso saldo humano y los costos en dinero, las catástrofes naturales afectan directamente el desarrollo de los países. Espacialmente el de países de ingresos medios, como México, en los que el crecimiento de las infraestructuras y las actividades económicas va más rápido que la aprobación de las leyes y reglamentos que contribuirían a que ese crecimiento fuera ordenado.
Oscar Ishizawa, experto en manejo del riesgo de desastres del Banco Mundial, explica en esta conversación cómo apoya esa institución a México en mitigar los efectos de este tipo de desastres y cómo debe prepararse el país para futuras catástrofes.
¿Estas últimas inundaciones en México están relacionadas con efectos del cambio climático?
Es difícil explicar las consecuencias de estos eventos únicamente a partir de cambios en intensidad y frecuencia de los fenómenos naturales, como los huracanes y tormentas tropicales. Por el contrario la mayor parte de las raíces del problema de los desastres están asociadas a los procesos de uso y ocupación del territorio y actividades económicas que generan condiciones de alta vulnerabilidad.
Dos fenómenos meteorológicos simultáneos provocan decenas de muertes y pérdidas millonarias. ¿Una coincidencia desafortunada o cabe más preparación?
Según fuentes en el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, este fenómeno de tener dos tormentas juntándose sobre el territorio mexicano no se producía desde 1958.
Las pérdidas millonarias y las decenas de muertos que provocaron las inundaciones causadas por el paso y encuentro de estas dos tormentas tropicales revelan principalmente dos grandes problemas en México:
(i) la falta de planificación territorial y urbana que favorece el asentamiento de poblaciones en zonas de alto peligro por inundaciones y deslizamientos que deberían ser designadas como zonas no-habitables; y
(ii) la falta de programas de mantenimiento y reducción de riesgos que se traduce en el muy mal estado en el que se encuentra mucha de la infraestructura pública, en particular la de carreteras, caminos y puentes, que se ve altamente afectada durante fenómenos de esta naturaleza.
A esto se suma la falta de medidas adecuadas de preparación ante desastres que se destinan a proteger a la población, como son la instalación de sistemas de alerta temprana ante inundaciones y deslizamientos, y los programas de educación en prevención y preparación ante desastres que permiten a la población actuar de manera organizada en este tipo de eventos.
¿Más del 80% de latinoamericanos viven en ciudades, es entonces este tipo de catástrofes difícil de evitar?
La concentración de la población en zonas urbanas es un gran reto en términos de gestión del riesgo de desastres. Sin embargo, esta no es una condición per se para que ocurran catástrofes de este tipo. La falta de planificación urbana y aplicación de normas de construcción y uso del suelo en zonas urbanas pueden ser factores detonadores y construir vulnerabilidad que se traducen en eventos como el que ocurrió en México, en desastres de gran magnitud.