La asunción de Michelle Bachelet como presidenta de Chile ha significado también el ascenso de la #educaciónpública a un lugar preponderante en las discusiones sobre la agenda educativa de Latinoamérica.
El punto número uno de la plataforma electoral de Bachelet es precisamente la mejora de la educación en Chile, un país precursor en la materia.
Los avances de la región han sido notables en este terreno. La inversión educación aumentó en 50% en la última década –de 119 dólares per cápita en 2000, a 171 dólares en 2008, según la ONU.
Sin embargo, la asignatura pendiente es mejorar la calidad de esa educación, empezando por quienes la imparten: los docentes.
El último informe del sistema de medición estandarizado PISA relega a los países de la región a los últimos puestos del ránking educativo mundial, solo por encima de África subsahariana.
Para entender este escenario, según los expertos, es necesario sumar dos factores determinantes: políticas educativas poco eficientes e insuficiente formación de gran parte de los 7 millones de docentes que existen en la región.
Según los expertos, ningún país latinoamericano –exceptuando a Cuba-, cuenta con un cuerpo de docentes públicos que pueda considerarse de alta calidad, y en los últimos 20 años no se han incrementado las habilidades laborales del profesorado.
De hecho, se calcula que los estudiantes latinoamericanos están dos años escolares por detrás de la media de la OCDE.
Latinoamérica de hecho aún está rezagada en la adaptación de su talento profesional al mercado global competitivo. Por ejemplo, la región tiene un déficit histórico de ingenieros que se remonta a principios del siglo pasado.
“Mejorar la calidad de la educación y sus resultados es el gran ecualizador social”, dijo Hasan Tuluy, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, quien visita Chile para la toma de posesión de Bachelet.
Chile, un alumno aventajado, elaboró unos estándares de conocimiento básico que debe cumplir el profesorado, un sistema de evaluación vinculado a bonos para incentivar su formación continuada y, paralelamente, ofreció subvenciones a la educación pública para incluir a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Otros países de la región como México, Colombia, Ecuador o Perú, han tratado de encauzar la situación intentando implantar evaluaciones periódicas a profesores, que en muchos casos han terminado en enfrentamientos entre sindicatos de profesores y gobiernos. En Perú, por ejemplo, el gobierno desarrolla un programa estratégico para evaluar y monitorear el aprendizaje de los estudiantes de educación básica, así como la gestión pedagógica de las escuelas.
