© Steve Harris/Banco Mundial
A pesar de los enormes avances logrados a nivel mundial en la reducción de la pobreza extrema, las tasas siguen siendo obstinadamente altas en los países de ingreso bajo y en los afectados por conflictos y conmociones políticas. Por otro lado, el número total de pobres se ha ido incrementando en África al sur del Sahara, región en la que, de acuerdo con datos de 2015, habitan más personas en situación de pobreza extrema que en todo el resto del mundo. Según todos los escenarios, excepto los más optimistas, para 2030 los niveles de pobreza de la región se mantendrán en los dos dígitos.
Para abordar este desafío, primero es necesario recabar más y mejores datos. En 2015, el Banco se comprometió a ayudar a los países más pobres a realizar encuestas de hogares cada tres años, lo que supone un incremento en la frecuencia que resulta fundamental para comprender los avances respecto de la pobreza. Con nuestro apoyo, 41 países de África al sur del Sahara organizaron encuestas de hogares entre 2015 y 2018, mientras que en el período 2012-15, ese número había llegado a solo 18. Asimismo, se estima que, entre 2018 y 2020, 34 países (que representan el 76 % de la población de la región) llevarán adelante una encuesta de este tipo. Mantendremos este impulso en África y en otras regiones.
Promover la transparencia de la deuda
El financiamiento mediante deuda es fundamental para el desarrollo y, cuando se utiliza con prudencia, puede ayudar a los países a solventar inversiones y lograr un crecimiento sostenido e inclusivo. Pero el endeudamiento ha comenzado a resurgir como riesgo en las economías emergentes y en desarrollo, lo que pone de relieve la necesidad de una gestión prudente de la deuda pública a través de instituciones y procesos sólidos, y capacidades adecuadas.
Nuestra labor en la gestión de la deuda pública tiene como meta mejorar tres aspectos principales. Mediante una mayor transparencia de la deuda, los prestatarios soberanos podrán tomar decisiones mejor fundadas respecto de los préstamos, mientras que los acreedores y los organismos de calificación crediticia podrán evaluar la capacidad crediticia soberana y fijar los precios de los instrumentos de deuda de manera adecuada. A través de una gestión eficaz de la deuda y del riesgo fiscal, los países pueden reducir sus vulnerabilidades financieras, contribuir a la estabilidad macroeconómica, preservar la sostenibilidad de la deuda y proteger su reputación entre los inversionistas. Mediante un mejor seguimiento y gestión de los riesgos fiscales que acarrea el pasivo contingente, pueden asegurarse de que su endeudamiento no alcance niveles insostenibles.
En 2018, el Banco y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron un nuevo programa de trabajo colaborativo: el enfoque de objetivos múltiples para abordar las vulnerabilidades de las economías emergentes derivadas de la deuda. La labor se lleva a cabo en el contexto del programa de desarrollo mundial —que incluye los ODS— y respalda un seguimiento más adecuado de las vulnerabilidades relacionadas con la deuda, reformas estructurales para ayudar a reducir dichas vulnerabilidades, una mayor transparencia de la deuda y un mayor fortalecimiento de la capacidad para gestionarla. En las notas elaboradas recientemente por el FMI y el Banco para el G-20 se establecieron elementos clave de esta iniciativa y otros aspectos del financiamiento sostenible.
Trabajando con el FMI, también pusimos en marcha el Marco de Sostenibilidad de la Deuda revisado para los países de ingreso bajo, que permite a los acreedores adaptar sus condiciones de financiamiento para anticiparse a los riesgos futuros y ayuda a los países a encontrar un equilibrio entre su necesidad de obtener fondos y su capacidad para pagar las deudas. El marco guía a los países para que puedan respaldar los ODS cuando su capacidad para pagar la deuda es limitada.
El Mecanismo de Gestión de la Deuda, instrumento emblemático del GBM, brinda asesoramiento, capacitación, herramientas analíticas y sesiones de aprendizaje entre pares que permiten a los países mejorar su capacidad para gestionar la deuda. Desde su creación en 2008, ha respaldado el fortalecimiento de la capacidad y las reformas en más de 75 países y ha llevado a cabo más de 290 misiones de asistencia técnica. En 2019, el Banco puso en marcha la tercera fase del mecanismo para ampliar el apoyo en materia de gestión y transparencia.
Promover una visión del comercio internacional que beneficie a todos
El comercio es un importante motor del crecimiento que genera empleo, reduce la pobreza y multiplica las oportunidades económicas. Desde 1990, el crecimiento sostenido por la apertura comercial ha ayudado a más de 1000 millones de personas a salir de la pobreza. El comercio también puede incrementar la inclusión económica de la mujer. Las empresas exportadoras de los países en desarrollo emplean más mujeres que las que no exportan: en las zonas de procesamiento de exportaciones, las mujeres representan hasta un 90 % de la mano de obra.
Para garantizar que todos los miembros de la sociedad puedan cosechar los beneficios del comercio, el GBM promueve una amplia gama de reformas e inversiones, entre ellas, las que apuntan a crear economías más resilientes con sólidas redes de protección social, brindar una educación que prepare a los alumnos para los trabajos del futuro, y ofrecer capacitación, asistencia para la búsqueda de empleo y beneficios de reubicación que ayuden a los trabajadores en su transición hacia nuevos empleos.
Las cadenas de valor internacionales son parte fundamental del comercio abierto y un elemento clave que contribuye a la creación de empleo. Ayudan a las economías más pequeñas y menos diversificadas a encontrar nichos en la economía mundial. Muchos países han logrado incrementos significativos en su crecimiento gracias a este enfoque, entre ellos, Bangladesh, Costa Rica, Lesotho, Vietnam y, más recientemente, Etiopía. Las cadenas de valor son el tema central del Informe sobre el desarrollo mundial 2020.
Sacar provecho de la transformación económica para crear más empleos, de mejor calidad e inclusivos
El crecimiento económico tiene el poder de transformar sociedades, incrementar los ingresos y ayudar a los ciudadanos a prosperar, pero por sí solo no basta. Para reducir la pobreza y garantizar la prosperidad compartida, es necesario que el crecimiento genere más empleos, de mejor calidad e inclusivos. La ampliación del acceso a los servicios financieros, una mejor capacitación, el respaldo a un sólido sector privado y la construcción de infraestructura sostenible son elementos que ayudan a vincular a las personas con las oportunidades de empleo que pueden contribuir a poner fin a la pobreza extrema en los países más pobres.
Durante la próxima década, cerca de 600 millones de personas buscarán trabajo, en su mayoría en los países más pobres del mundo. Tan solo en Asia meridional, será necesario crear más de 13 millones de empleos al año para acompañar el crecimiento demográfico. En África al sur del Sahara, si bien la población es menos numerosa, el desafío será aún mayor: se necesitarán 15 millones de nuevos puestos de trabajo por año. Y la región de Medio Oriente y Norte de África, con un 60 % de su población por debajo de los 24 años, deberá generar anualmente 10 millones de empleos. La mayor parte de los países en desarrollo enfrenta tres desafíos: crear más puestos de trabajo en el sector formal, mejorar la calidad de los trabajos informales y vincular a los grupos vulnerables con los empleos o con empleos de mejor calidad.
El Banco ayuda a los países en desarrollo a diseñar e implementar estrategias de empleo integradas y multisectoriales. En primer lugar, los diagnósticos sobre el empleo permiten a los países clientes identificar las principales dificultades de la esfera laboral en el nivel general, en las empresas y en los hogares. Estos análisis forman parte de los diagnósticos sistemáticos de los países (DSP) y de los marcos de alianza con los países (MAP) que elabora el Banco. En segundo lugar, ayudamos a sacar provecho de los conocimientos recogidos en el ámbito internacional para encontrar soluciones a problemas comunes en el sector del trabajo. En tercer lugar, apoyamos a los países en la implementación de estrategias laborales mediante operaciones de financiamiento e inversión y reformas normativas. Asimismo, diseñamos herramientas de seguimiento y evaluación para estandarizar la medición de los resultados vinculados con el empleo en los proyectos.
La AIF se ha ubicado en la vanguardia en el apoyo que se brinda a los países para crear puestos de trabajo: el empleo y la transformación económica constituyen uno de los temas especiales establecidos para el actual ciclo de reposición de los recursos de la entidad, de tres años de duración, denominado “AIF-18”. Estamos financiando proyectos innovadores, utilizando instrumentos financieros y análisis mejorados, y aplicando nuevas herramientas para evaluar y medir los impactos en el empleo. A junio de 2019, el Banco contaba con 579 proyectos activos vinculados con el empleo, que representaban inversiones cercanas a los USD 78 000 millones.
En Jordania, mediante un programa por resultados se brinda apoyo integral a los refugiados sirios que llegan al país y a las comunidades que los reciben. Con esta iniciativa se busca atraer nuevas inversiones y facilitar el acceso al mercado de la Unión Europea con normas de origen más simples, lo que ayuda a crear empleo tanto para los jordanos como para los refugiados sirios, a la vez que se brinda apoyo a la economía siria tras el conflicto. En el marco del proyecto, se han emitido casi 43 000 permisos de trabajo para refugiados, y la meta es llegar a los 130 000 en diciembre de 2019.
Contribuir a crear instituciones eficaces y responsables que brinden servicios a todos los ciudadanos
Las encuestas de opinión que lleva adelante el Banco muestran sistemáticamente que la corrupción y los problemas de gobernanza se ubican entre las principales preocupaciones de sus países clientes. Por tal motivo, los ayuda a abordar la corrupción a fin de mejorar la calidad y la capacidad institucional, y consolidar el contrato social. En Indonesia, completamos tres etapas de un examen del gasto público. Como resultado, se asignaron más recursos presupuestarios a programas que favorecen el crecimiento y benefician a los pobres, y se logró mayor eficacia en el diseño y la implementación de programas de sectores tan diversos como los de protección social, educación, salud y agua.
En Liberia, respaldamos mejoras en el pago de salarios y el desempeño a través del fortalecimiento de la gestión de las nóminas salariales del sector público. Con este proyecto se contribuyó a incrementar la transparencia y la previsibilidad de los salarios y otras cuestiones vinculadas con los recursos humanos, como la carrera profesional, los grados, las contrataciones y los ascensos. La iniciativa también permitió mejorar la gestión del gasto salarial.
La escasez de ingresos representa un desafío para los países más pobres y frágiles, pues atenta contra su capacidad para financiar sus prioridades de desarrollo y garantizar la estabilidad macroeconómica. El Banco, además de ofrecer estudios de diagnóstico, trabaja con los Gobiernos para que obtengan recursos adicionales a través de reformas normativas que les permitan ampliar su base tributaria y lograr mayor cumplimiento, observancia y recaudación mediante el uso de la tecnología.
Verificar que los mercados puedan impulsar el crecimiento del sector privado
El GBM ayuda a los países a movilizar más recursos para iniciativas de desarrollo, buscando especialmente lograr mayor participación de los inversionistas privados. Nuestro enfoque combina la asistencia dirigida a aspectos generales, como la implementación de reformas que facilitan el desarrollo de mercados, con apoyo técnico y financiero específico para los proyectos. A través de nuestro financiamiento y nuestros servicios de asesoría, contribuimos a reducir los riesgos del sector público y eliminar los obstáculos que impiden el ingreso de actores privados. Esta labor abarca respaldar las políticas fiscales y la gestión macroeconómica adecuadas, promover reformas microeconómicas y facilitar la actividad empresarial en los países.
El diagnóstico del sector privado es un nuevo producto del GBM que tiene como objetivo evaluar los obstáculos que presenta un país para la inversión privada, tanto en la economía en general como en sectores específicos, y formular recomendaciones normativas que permitan abordarlos. En la actualidad, se están realizando estudios de diagnóstico de este tipo en más de 25 países. En Nepal, por ejemplo, mediante una operación de financiamiento para políticas de desarrollo, se están poniendo en práctica las recomendaciones sobre diversos sectores incluidas en el diagnóstico. El país ha creado la Unidad para una Mejor Reglamentación dentro de la Oficina del Primer Ministro, y el GBM le brinda asesoramiento sobre un plan maestro de transporte. También ayudará a ampliar el acceso a los servicios financieros y brindar capacitación, y prestará asistencia en los sectores de energía, turismo y agroindustria.
La Iniciativa Conjunta de Mercados de Capital es un programa del GBM centrado en ocho países y una subregión con el que se busca desarrollar mercados mediante estudios de diagnóstico conjuntos e iniciativas sectoriales que se ven reforzadas por operaciones de demostración con efectos transformadores. Tiene como objetivo consolidar los esfuerzos de los Gobiernos por atraer la inversión privada en proyectos de desarrollo y respaldar el compromiso que formulamos en el marco del G-20 respecto de los mercados de capitales locales y la resiliencia financiera. En este programa participan expertos de diversos sectores del GBM y de los países clientes con el propósito de crear mercados, generar sinergias y promover un impacto sistémico.
El logro y la preservación de la estabilidad financiera son también factores clave del crecimiento. El Programa de Evaluación del Sector Financiero, iniciativa que se lleva adelante en conjunto con el FMI, promueve desde hace 20 años el diálogo sobre políticas y las reformas en el sector financiero. Se han completado 8 evaluaciones y otras 10 se han iniciado o están en curso durante el presente ejercicio. El programa está evolucionando para abarcar también temas tales como las tecnofinanzas (fintech), la seguridad informática y el riesgo climático, lo que refleja tanto la flexibilidad de la iniciativa como los cambios producidos en el panorama de las políticas financieras.
Brindar financiamiento y soluciones para el sector de infraestructura
La tarea de ayudar a los países a cubrir las necesidades básicas de servicios e infraestructura articuladas en los ODS y, a la vez, satisfacer las crecientes aspiraciones de miles de millones de personas de todo el mundo constituye un desafío permanente. El Banco adopta un enfoque integrado para mejorar y financiar la infraestructura en los países en desarrollo, buscando especialmente ampliar el acceso, mejorar la calidad de los servicios y lograr mayor asequibilidad y sostenibilidad.
Esta labor tiene como base el compromiso del GBM de atraer todas las fuentes posibles de financiamiento, innovación y conocimientos especializados para desarrollar la infraestructura. El objetivo consiste en preservar los escasos recursos públicos para las áreas en las que no se dispone de financiamiento privado o en las que este no resulta óptimo. Esto también supone una colaboración más estrecha entre el Banco Mundial, IFC y MIGA. En el nivel de los proyectos, el personal del GBM determina si frente a un problema de infraestructura se puede encontrar una solución accesible y sostenible en el sector privado. Si no es posible hallar dicha solución, se analiza de qué manera se podría lograr este resultado mediante reformas de las políticas y la gestión de los riesgos, lo que incluye la aplicación de los mecanismos para reducir riesgos establecidos a través del Servicio de Financiamiento para el Sector Privado de IFC y MIGA como parte de la AIF-18. Nuestro trabajo en los proyectos se basa en una visión que compartimos con los países clientes sobre la transformación de los sectores con el fin de mejorar la viabilidad financiera y la prestación de servicios.
En el nivel de los países, el GBM ha elaborado un enfoque estandarizado para evaluar las posibilidades de cada Estado de movilizar financiamiento y conocimientos especializados del sector privado con miras a generar inversiones prioritarias en infraestructura y mejorar el desempeño. Mediante este instrumento, denominado Programa de Evaluación del Sector de Infraestructura, se ofrece un paquete coordinado de reformas normativas, servicios de asesoría e inversiones que permite encontrar la combinación adecuada de soluciones del sector público y el privado.
Esta labor cuenta con el respaldo de diversas alianzas y mecanismos de financiamiento. A través del Mecanismo Mundial de Financiamiento de la Infraestructura se brinda apoyo para la preparación y estructuración de proyectos, y se ofrece asesoramiento a los clientes de los países en desarrollo. Según las previsiones, al 30 de junio de 2019, su cartera de
70 proyectos movilizará más de USD 66 000 millones en inversiones totales. En 2019, el Servicio de Asesoramiento para Infraestructura Pública y Privada cumplió 20 años dedicados a apoyar la creación de entornos más propicios para la inversión en los países en desarrollo. La Alianza para la Inversión en Infraestructura de Calidad, establecida por el Banco y el Gobierno de Japón, busca mejorar el diseño de los proyectos poniendo el énfasis en la eficiencia, la sostenibilidad y la resiliencia frente a los desastres naturales.
Ampliar el acceso a la electricidad e incrementar el uso de energía limpia
El Banco es uno de los principales proveedores de financiamiento para proyectos de energía renovable y eficiencia energética en los países en desarrollo. También ayuda a estos países a volcarse hacia la energía limpia brindándoles financiamiento, instrumentos de mitigación de riesgos y garantías, y asesoramiento técnico y normativo.
En todo el mundo, hay 840 millones de personas que carecen de acceso al servicio eléctrico; de estas, más de 570 millones viven en África al sur del Sahara. Entre los ejercicios de 2014 y 2018, el Banco ayudó a instalar nuevas conexiones eléctricas para más de 52 millones de personas y amplió significativamente el apoyo brindado a iniciativas de acceso a la energía. Durante la AIF-18, aportaremos más de USD 1000 millones para financiar proyectos de servicio eléctrico con conexión a la red y sin ella en los países que presentan los déficits más altos: Camerún, Etiopía, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mozambique y Zambia. También manejamos una cartera de proyectos para implementar formas de cocinar y calefaccionar no contaminantes cuyo valor supera los USD 350 millones. Los programas de este tipo que llevamos adelante en 37 países han beneficiado a casi 20 millones de personas.
En 2018, el Banco anunció un programa de USD 1000 millones dirigido a acelerar las inversiones en almacenamiento de energía en baterías en los países en desarrollo, con el fin de atraer otros USD 4000 millones en financiamiento público y privado. En Sudáfrica, trabajamos para desarrollar capacidad para almacenar 1440 megavatios-hora en baterías, de modo de posibilitar la integración de la capacidad actual y futura de energía renovable variable. En India, el Proyecto de Innovación en Energía Solar y Tecnologías Híbridas contribuirá a fortalecer la capacidad institucional que permitirá facilitar la difusión de las tecnologías innovadoras de energía renovable, incluidas las soluciones para el almacenamiento en baterías.
Junto con nuestro apoyo a la creación de un entorno normativo propicio y a las reformas del sector, el financiamiento que brindamos para proyectos de energía está diseñado para promover las alianzas público-privadas y movilizar inversiones del sector privado. En Armenia, por ejemplo, respaldamos el primer proyecto de energía solar concedido mediante licitación pública, con el que se logró una tarifa competitiva. En Camerún, el Proyecto de Energía Hidroeléctrica de Nachtigal recibió garantías del Banco y permitirá al país incrementar en un 30 % su capacidad instalada de generación de electricidad.
En mayo de 2019, pusimos en marcha el Mecanismo para una Minería Climáticamente Inteligente, dedicado a mejorar la sostenibilidad de la extracción de minerales y metales esenciales para la transición hacia una energía limpia. Este mecanismo ayuda a las economías emergentes a sacar provecho de la creciente demanda de estos minerales y metales estratégicos.
Conectar a las personas con los servicios y las oportunidades
El transporte es fundamental para el desarrollo económico y social y para poner fin a la pobreza extrema. Las soluciones de movilidad permiten conectar a miles de millones de personas con empleos y servicios de educación y salud; ayudan a las ciudades y los países a lograr mayor competitividad e inclusión, y promueven el comercio y el crecimiento mundial. En las zonas rurales de Marruecos, la mejora del acceso a los caminos permitió triplicar la tasa de matriculación de las niñas en las escuelas. En Tailandia, con una reducción del 50 % en las muertes por accidentes de tránsito se podría llegar a incrementar en un 22 % el producto interno bruto (PIB) del país en un plazo de 20 años.
Para ser sostenible, el transporte debe cumplir con cuatro objetivos fundamentales: debe ser accesible para todos, incluidos los pobres, las mujeres y las poblaciones vulnerables; debe ser ecológico: el transporte genera el 23 % de las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas con la energía; debe ser seguro: los choques en los caminos se cobran la vida de 1,3 millones de personas al año, y debe ser eficiente: las congestiones de tránsito representan para las ciudades un costo de millones de dólares cada día, que la tecnología puede ayudar a reducir.
En el ejercicio de 2019, en el marco de la iniciativa Movilidad Sostenible para Todos, dirigida por el Banco Mundial, se elaboró la Hoja de Ruta Mundial para la Acción en favor de la Movilidad Sostenible, el primer análisis en el que se tienen en cuenta estos cuatro objetivos para recomendar medidas normativas que podrían ayudar a los países a abordar los problemas de transporte de manera integral. También dimos a conocer un novedoso informe en el que se exponen los principios para los programas de movilidad eléctrica en todo el mundo. Asimismo, impulsamos la creación de alianzas entre instituciones académicas de la región de África y de diversas economías desarrolladas con el objetivo de fortalecer la capacidad de los profesionales del área de transporte. La promoción de la conectividad y la resiliencia ante el cambio climático en los países insulares pequeños (prioridad fundamental para el desarrollo) fue también uno de los ejes de nuestra labor en el ejercicio de 2019: se aprobaron ocho proyectos por un total cercano a los USD 240 millones destinados a países de África y el Pacífico.
Gestionar los recursos naturales en un momento crítico
Los recursos naturales de todo el mundo están sometidos a una intensa presión, con océanos contaminados, aire insalubre, paisajes degradados y reservas pesqueras en disminución. En este contexto, estamos ayudando a los países a valorar su capital natural, de modo que puedan tomar decisiones normativas y de inversión que sirvan de base para un desarrollo sostenible. Nuestro Programa de Economía Azul y el nuevo fondo fiduciario PROBLUE ayudan a hacer frente a la amenaza que representa la contaminación marina, pues con ellos se brinda apoyo para una gestión más adecuada de las reservas pesqueras y la acuicultura y para un desarrollo costero más sostenible. A través de otra nueva iniciativa, el Programa Mundial sobre Sostenibilidad, se trabaja con 18 países para valorar y medir la contribución económica de los activos naturales, como los bosques, la tierra y el agua.
La lucha contra la contaminación del aire es también una prioridad: en 2016, representó un costo de USD 5,7 billones para la economía mundial, esto es, un 4,8 % del PIB mundial. En esta área, brindamos ayuda a los países más afectados, como la República Árabe de Egipto, India y Nigeria. En la provincia de Hebei, en China, respaldamos los esfuerzos dirigidos a controlar las emisiones provenientes de la industria, la agricultura, las fuentes móviles, la contaminación y el polvo, y la generación de energía. Entre 2013 y 2017, en las tres regiones de China que presentan los niveles más bajos de calidad del aire, se observó una disminución del 36 % promedio en la concentración de contaminación por partículas, en parte gracias a las intervenciones respaldadas por el Banco.
Asimismo, aportamos enfoques innovadores para la conservación de los bosques, entre los que figuran los pagos por la reducción de las emisiones de carbono derivadas de la deforestación. La República Democrática del Congo y Mozambique, por ejemplo, firmaron en 2018 acuerdos decisivos con el Banco referidos al pago por reducción de emisiones, en virtud de los cuales se comenzó a efectuar pagos basados en los resultados y se recompensó a las comunidades que trabajan para proteger los bosques.
Transformar los sistemas alimentarios para los agricultores, los consumidores y el planeta
Cerca del 79 % de las personas extremadamente pobres vive en zonas rurales, y unos 500 millones de pequeños agricultores se encuentran entre los grupos más pobres del mundo. Aproximadamente una de cada tres personas no come lo suficiente o ingiere alimentos poco saludables, lo que contribuye a la inseguridad alimentaria y la propagación de la anemia, la obesidad y las enfermedades no transmisibles. En la actualidad, los sistemas alimentarios dan origen a una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, el 70 % de las extracciones de agua dulce y numerosas formas de contaminación.
El Banco trabaja para ayudar a realinear los incentivos y recompensar a los agricultores por producir de manera sostenible alimentos seguros, saludables y accesibles; entre los asociados del Banco en esta labor, se encuentran el Instituto de Recursos Mundiales, EAT y la Coalición para la Alimentación y Uso del Suelo. También ayudamos a los países a transformar los sistemas alimentarios a través de diversas herramientas y programas. Entre estos figuran los estudios de diagnóstico dirigidos a comprender los factores que impulsan la pérdida de alimentos y el desperdicio; la aplicación de nuevas tecnologías como las que se utilizan en el Observatorio Ag, que brinda análisis en tiempo real de anomalías meteorológicas que afectan la agricultura; los insumos y la asistencia técnica que promueven un cambio en favor de prácticas climáticamente inteligentes, y las alianzas público-privadas con las que se busca revitalizar valiosas cadenas de suministro de alimentos y crear empleo. Por ejemplo, en Uruguay, respaldamos las iniciativas del Gobierno que tienen como objetivo ayudar a los agricultores a adoptar prácticas más inteligentes desde el punto de vista del clima mediante la difusión de nuevas tecnologías. Para 2021, cerca del 25 % de la superficie cultivable del país estará sometida a una gestión sostenible de la tierra, lo que mejorará su resiliencia y su productividad, y, a la vez, permitirá reducir las emisiones.
Lograr un mundo con seguridad hídrica para todos
El agua está presente en todos los aspectos del desarrollo. Pero una multiplicidad de dificultades (la falta de un acceso adecuado al suministro de agua y los servicios de saneamiento, la rápida urbanización y el crecimiento demográfico, la contaminación, los impactos climáticos y los patrones de crecimiento con un uso más intensivo del agua) está convirtiendo la inseguridad hídrica en una de las principales amenazas al crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.
Con el objetivo de lograr un mundo con seguridad hídrica para todos, trabajamos con los países y nuestros asociados para mejorar la gestión de los recursos, facilitar el acceso universal al agua y el saneamiento, y optimizar el uso del agua en la agricultura. También ayudamos a generar resiliencia mediante la creación de sistemas que puedan soportar mejor los fenómenos climáticos extremos y abordar a la vez las situaciones de fragilidad en los países afectados por estrés hídrico.
En Angola, contribuimos a crear y fortalecer seis empresas de suministro de agua que brindan servicios domiciliarios a más de 800 000 nuevos clientes; el proyecto también ayudó a establecer un nuevo ente regulador y un organismo dedicado a la gestión de los recursos hídricos. En el delta del Mekong, en Vietnam, respaldamos inversiones en obras de infraestructura hídrica dirigidas a mitigar los impactos de las inundaciones y la intrusión salina exacerbadas por el cambio climático. La protección de los recursos hídricos y las mejoras en su uso generaron aumentos en la productividad agrícola que benefician a 215 000 hogares de agricultores.
La Alianza Mundial para la Seguridad Hídrica y el Saneamiento, un fondo fiduciario de múltiples donantes puesto en marcha en 2017, aporta innovación, nuevos conocimientos, evidencias y flexibilidad en las operaciones de financiamiento del Banco, y ayuda a los países clientes a mejorar su capacidad y a fortalecer las instituciones, la infraestructura y la inventiva que se necesitan para proporcionar adecuadamente agua, alimentos y energía a las generaciones actuales y futuras. El Grupo de Recursos Hídricos 2030, una alianza público-privada y de la sociedad civil, brinda apoyo para las reformas impulsadas por los Gobiernos con el fin de garantizar una gestión sostenible de los recursos hídricos en favor del desarrollo y el crecimiento económico de largo plazo de los países que lo integran.
Sacar provecho de la innovación digital para ampliar el acceso y las oportunidades
Las tecnologías digitales pueden ayudar a abordar algunos de los desafíos más complejos para el desarrollo conectando a las personas con los servicios y las oportunidades. Pero las tendencias tecnológicas también presentan riesgos, entre los que se incluye la alteración de los mercados laborales y de los medios de subsistencia. Muchos países en desarrollo carecen de las capacidades, las empresas y los marcos legales y regulatorios necesarios para sacar provecho del potencial de la tecnología. Por tal motivo, el Banco colabora con ellos para crear el marco económico que permita la transformación digital, identificar los nuevos factores que determinan la competitividad y el crecimiento, y propiciar la instauración de los nuevos modelos de negocios generados por los cambios tecnológicos. También trabaja con los Gobiernos para detectar los obstáculos que impiden el desarrollo dirigido por la tecnología. El examen del gasto público en el área de ciencia, tecnología e innovación, por ejemplo, es una nueva herramienta de diagnóstico que ayuda a los Gobiernos a formular políticas, adoptar buenas prácticas y mejorar la coordinación. Se han llevado a cabo exámenes de este tipo de manera experimental en Chile, Colombia y Ucrania.
En la actualidad, hay aproximadamente 4000 millones de personas que no tienen conexión de banda ancha a Internet, y, en los países menos desarrollados, solo 1 de cada 7 personas tiene acceso a la red. Esta brecha digital puede agravar las desigualdades ya existentes y dejar rezagada a una parte del mundo. Para ayudar a salvar esta brecha, el Banco ha facilitado la conexión de 20 países africanos a cables de banda ancha submarinos y ha asumido el compromiso de duplicar la conectividad de banda ancha en todo el continente para 2021. Esta es una meta clave de nuestro apoyo a la ambiciosa Agenda de Transformación Digital puesta en marcha por la Unión Africana en 2019, con la que se busca dar acceso a las tecnologías digitales a todas las personas, las empresas y los Gobiernos de África para 2030. Esto ayudará a convertir las oportunidades que ofrece la economía digital en nuevos caminos para el crecimiento, la movilidad económica, la innovación, la creación de empleo y el acceso a servicios asequibles. Uno de los ejes de esta labor consiste en promover las infraestructuras, las plataformas, los servicios financieros, los emprendimientos y las habilidades digitales.
Las tecnologías digitales también están impulsando el crecimiento de la llamada “economía del trabajo esporádico” (gig economy), en la que las organizaciones y los individuos contratan a trabajadores independientes para tareas de corto plazo. Estas nuevas formas de trabajo desdibujan los límites entre empleo formal e informal, y constituyen un desafío para los modelos de protección social que dan por sentado que la mayoría de las personas se rige por contratos estables de empleador-empleado. La era digital también está modificando la demanda de habilidades. El mercado laboral valora cada vez más la adaptabilidad, mientras que la naturaleza cambiante del trabajo implica que la adquisición de habilidades debe convertirse en un proceso de formación permanente. Para que las sociedades se beneficien de las posibilidades que ofrece la tecnología, necesitan establecer un nuevo contrato social que tenga como eje inversiones más cuantiosas dirigidas a proteger a las personas en riesgo.
A pesar de las décadas de esfuerzos por ampliar la economía formal, la informalidad todavía alcanza un promedio mundial del 65 %. La naturaleza cambiante del trabajo intensifica la necesidad de centrar la atención en el capital humano y de repensar la protección social. En el Informe sobre el desarrollo mundial 2019: La naturaleza cambiante del trabajo, se incluyen sugerencias sobre el modo en que los Gobiernos pueden generar los ingresos adicionales que les permitirán financiar estas inversiones fundamentales.
El cobro de impuestos a la propiedad en las grandes ciudades, los impuestos específicos al azúcar o el tabaco y los impuestos al carbono son algunas de las formas de incrementar los ingresos fiscales, junto con la eliminación de las estrategias de elusión impositiva que muchas empresas aplican para elevar sus utilidades.
La tecnología digital también ofrece oportunidades para ampliar el acceso a los servicios públicos y promover un desarrollo más inclusivo. Cerca de 1000 millones de personas en todo el mundo carecen de un método para probar su identidad y, por lo tanto, quedan excluidas de oportunidades y servicios esenciales. En 2019, en el marco de nuestra iniciativa Identificación para el Desarrollo, se puso en marcha el desafío mundial denominado “Misión Mil Millones”, cuyo propósito era ayudar a encontrar formas innovadoras de brindar identificaciones digitales que fueran seguras y preservaran la privacidad de las personas.
Mientras tanto, las tecnofinanzas continúan generando impactos de alcance mundial en los servicios financieros. Los proveedores de servicios de pagos móviles se encuentran entre los primeros desarrolladores clave de este sector, con amplias consecuencias para la inclusión. Los nuevos actores que ingresan en el mercado están poniendo a prueba a los ya establecidos, quienes responden al desafío. Esta evolución puede impulsar la competencia y la eficiencia, y, a la vez, generar nuevos riesgos para la estabilidad y la integridad financieras. Lograr un equilibrio entre prioridades contrapuestas al momento de implementar políticas constituye también un desafío clave. En respuesta a los países que exhortaban a lograr mayor cooperación y a elaborar orientaciones sobre cómo abordar estos temas, en octubre de 2018 el GBM y el FMI publicaron la Agenda de Bali sobre tecnofinanzas. Esta agenda se compone de 12 recomendaciones de alto nivel dirigidas a los funcionarios encargados de formular políticas y a la comunidad internacional para que puedan sacar provecho de las oportunidades que encierran las tecnofinanzas y gestionar sus posibles riesgos.
Para promover el uso de la tecnología con miras a lograr servicios públicos más eficientes, transparentes y con mayor rendición de cuentas, en 2019 el Banco puso en marcha la Iniciativa Mundial sobre Gobierno y Tecnología (GovTech). Esta alianza reúne a actores clave de la gobernanza del ámbito digital, entre los que figuran los Gobiernos, las empresas de tecnología, los expertos en informática, los asociados en la tarea del desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil (OSC). El objetivo de la iniciativa es garantizar que los países en desarrollo no queden rezagados como consecuencia de la innovación digital.
