RESUMEN EJECUTIVO
La evolución de la industria minera muestra hechos y datos incontrastables que han perfilado sus fortalezas. Entre ellos el sostenido y elevado nivel de inversión tanto en exploración como en explotación, el incremento de los volúmenes de producción polimetálica liderada por el cobre, con presencia de norte a sur en la mayoría de las regiones del Perú, un significativo número de grandes proyectos y de grandes empresas nacionales e internacionales con un alto número de miembros del ICMM, el nivel de exportaciones y su contribución a las finanzas públicas, a la inversión pública en los distritos mineros vía canon y dinamizando de manera importante la actividad económica privada formal en áreas rurales remotas. Estas características hacen de la minería peruana un jugador de primer orden en la minería mundial, y posiciona al Perú como un país de expectativa para continuar atrayendo inversiones que aseguren el suministro de minerales para cubrir la alta demanda global de minerales en las próximas dos a tres décadas.
La inversión privada en minería ha fluido en la última década y ha colocado el país en el segundo lugar de destino de todas las inversiones mineras en América Latina. Las inversiones tuvieron un gran impulso de US$ 21.000 millones en la primera mitad de la última década, y luego nuevamente repuntaron a partir de 2017 impulsando hasta la fecha proyectos de cobre por US$ 8.300 millones. En consecuencia, en las últimas dos décadas Perú ha quintuplicado su producción de cobre pasando de aproximadamente medio millón a dos y medio millones de toneladas métricas de cobre fino, pasando de ser un importante productor de oro a ser además el segundo productor mundial de cobre.
Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), por cada empleo directo en la actividad minera, se generan adicionalmente 6,25 empleos en el resto de la economía; 1 por efecto indirecto, 3,25 por el efecto inducido en el consumo y 2 por el efecto inducido en la inversión. Eso representaría una estimación del empleo directo e indirecto de la minería de 4,6 millones de personas.
Nada de lo anterior habría sido posible si, sobre la base de su gran potencial geológico, el país no hubiese aplicado de manera consistente y estable la Ley de Minería. Esta Ley de Minería de 1992 ha sido claramente exitosa desde el punto de vista de su objetivo central: lograr la expansión de la actividad minera moderna y convertirla en una de las fuentes de crecimiento económico más importantes del país. El marco legal para la minería en Perú en las últimas dos décadas ha permanecido estable, con evoluciones importantes en relación con la gestión ambiental, el régimen fiscal y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, y manteniendo su esencia orientada a garantizar la seguridad jurídica de las inversiones y ofrecer un marco normativo favorable para atraer nuevas. La pregunta fundamental es si las políticas que dieron buenos resultados en las tres últimas décadas son adecuadas para responder a los desafíos a futuro que presenta la minería en Perú.
El principal reto del sector minero consiste en crear las condiciones necesarias, en un entorno de legitimidad social, para llevar adelante exitosamente una amplia cartera de proyectos mineros. El perfil de la cartera de inversiones mineras así lo exige: de 48 proyectos por US $57 mil millones, el 90% son “greenfield” y casi 60% son a tajo abierto. Fomentar la exploración, viabilizar los proyectos en cartera 12 y garantizar el normal desenvolvimiento de las operaciones actuales requiere de fortalecer y mejorar la sostenibilidad ambiental y el impacto socioeconómico. Esto es porque, más allá de una coyuntura mundial no tan favorable por la pandemia, la inversión minera está sufriendo de problemas de falta de aceptación y legitimidad social que se expresan en acciones directas y protestas contra proyectos mineros en algunas regiones. En varios casos, se ha observado la imposibilidad de iniciar la ejecución de nuevos proyectos que cuentan con todos los permisos requeridos por ley, paralizando una parte importante de la cartera de nuevas inversiones que bordearían los US$ 57 mil millones. En los últimos años, como resultado de estos conflictos sociales, varios proyectos mineros que totalizaban US$ 12 mil millones de inversión fueron postergados.
Asimismo, el gobierno enfrenta el importante desafío de la formalización minera y la erradicación de la minería ilegal, la cual ha destruido 53.000 hectáreas de la selva amazónica con mercurio, particularmente en la región de Madre de Dios en la Amazonía. Sin embargo, la MAPE se trata como una prioridad baja y la política hacia el sector a lo largo del tiempo no ha sido consistente. Así pues, en el contexto actual de altos precios del oro, es preciso tener en cuenta las lecciones de las dos últimas décadas y revisar esa experiencia desde un punto de vista integral.
El Diagnóstico del Sector Minero (DSM) es una herramienta que el Banco Mundial ha desarrollado para analizar las reglas y políticas que existen en el sector minero y la brecha entre estas reglas y su implementación en la práctica. Revisa el desempeño del sector desde la perspectiva de los tres principales grupos de partes interesadas (gobierno, empresas, OSC) y analiza las prioridades de estos grupos para mejorar el desempeño del sector minero. El DSM fue solicitado por el Ministerio de Energía y Minas de Perú (MINEM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se entrevistó a una amplia gama de entidades gubernamentales, y las entrevistas de las partes interesadas de la industria minera de Perú incluyeron a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) del Perú, empresas mineras y organizaciones de la sociedad civil (OSC).
