Perú experimentó mejoras sociales extraordinarias en la última década y media. La pobreza se redujo a menos de la mitad, mientras se expandió el acceso a la educación, la salud pública y los servicios básicos. En este contexto, los pueblos indígenas también se han beneficiado significativamente. La brecha histórica en el acceso de niñas y niños indígenas a la escuela prácticamente se cerró, mientras el acceso de los hogares indígenas a servicios básicos mejoró notablemente.
A pesar de esto, los indígenas siguen estando entre los más pobres. El acceso de los hogares indígenas a agua corriente, por ejemplo, es de poco más del 50%, muy por debajo del acceso del resto de los peruanos y por debajo, incluso, del promedio de la región. Si bien 45% de los hogares indígenas lograron salir de la pobreza entre 2004 y 2012, la reducción de la pobreza entre hogares no indígenas fue 10% mayor, por lo que muchas brechas preexistentes al inicio de la década se mantuvieron o crecieron.
Este fenómeno no afecta exclusivamente a Perú. Estudios recientes del Banco Mundial muestran que la población indígena se enfrenta a barreras estructurales o techos de cristal que limitan su inclusión, aún en tiempos de bonanza y crecimiento generalizado. Por esto se viene promoviendo, desde hace tiempo, el desarrollo de estrategias diferenciadas, que permitan entender y atender las condiciones especiales que limitan su inclusión. Los pueblos indígenas, además, tienen visiones propias sobre lo que es el desarrollo, la pobreza y el bienestar, así como sus propias estructuras de gobernanza.
Esto ha llevado al Banco Mundial y a los países de la región a entender que el desarrollo en contextos indígenas no puede estar divorciado de la identidad y la cultura. La experiencia de las últimas décadas nos ha mostrado que los programas y planes exitosos en estos contextos son invariablemente planes que surgieron de necesidades identificadas localmente. En los que las comunidades se involucraron desde las primeras fases de diseño hasta las últimas de su implementación. La inclusión de la población indígena en la toma de decisiones no solo garantiza la protección de sus derechos, sino que contribuye a la toma de decisiones sustentables. Por esto, incluirlos no solo es moralmente correcto, sino económicamente inteligente.
En este contexto, la aprobación e implementación de la Ley de Consulta Previa en el Perú marca un hito, para el país y para Latinoamérica, pues la consulta previa es, hoy por hoy, una de las propuestas más importantes para lograr conciliar estas visiones y aspiraciones locales con las necesidades de las mayorías nacionales. Por ello, en esta publicación se analizan los primeros 23 procesos de consulta implementados por el Perú en el contexto de esta Ley, para extraer lecciones aprendidas, desafíos y áreas con potencial de mejora. Estas lecciones no solo son de interés para el país, sino también para otros países de la región que están discutiendo los términos y estrategias para desarrollar leyes similares.
El documento que les presentamos surgió de la colaboración entre el Banco Mundial y el Ministerio de Cultura –a quienes agradecemos enormemente su colaboración-, a través del Viceministerio de Interculturalidad, órgano del Estado encargado de coordinar y facilitar la implementación de las consultas en el país. Todas las consultas llevadas a cabo hasta el momento han culminado con acuerdos satisfactorios tanto para las organizaciones indígenas como para los sectores del Estado involucrados. Estas son muy buenas noticias para todos. La Ley puede requerir ajustes, por supuesto, pero a través de la práctica constante se están sentando las bases para el desarrollo de una cultura de diálogo intercultural dentro del Estado. Éste es un paso indispensable para lograr acuerdos que permitan al país continuar en la senda del desarrollo, pero sin perder de vista que para que el crecimiento sea sostenible la prosperidad debe ser inclusiva.
Alberto Rodríguez, Director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.
