Doña María, de 80 años, tiene una finca en una zona rural del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, escenario de paisajes exuberantes de montaña que desafortunadamente se ha visto sacudido por el largo conflicto armado en Colombia. Doña María tuvo un problema con un vecino, quien, al parecer, tenía unas plantaciones de maíz ubicadas en su propiedad. Gracias a un proceso de conciliación, el vecino reconoció que el terreno era de doña María y le compró la tierra donde estaba el maizal.
Este es solo un pequeño ejemplo donde un conflicto menor pudo resolverse positivamente. Sin embargo, el acceso a la justicia en las zonas rurales sigue siendo un reto importante para el Estado colombiano. Muchas de las disputas en el campo que aún no han sido resueltas tienen que ver con la tenencia y uso de la tierra.
En las zonas rurales de Colombia hay miles de familias con desacuerdos sobre linderos, definición de servidumbres, formalización de sucesiones, contratos, que llevan años sin resolverse. Incluso hay miles de casos donde los propietarios de un predio han muerto y los herederos permanecen con los desacuerdos convirtiéndolo en un conflicto eterno.
Adicionalmente, la falta de acceso a la justicia también ha afectado las formas tradicionales y propias de resolución de conflictos, muchas de ellas resueltas a través de las armas. Los campesinos, en estas zonas remotas, debido a la poca presencia del Estado e instituciones de justicia, en muchos casos se vieron atrapados por la intervención de grupos armados al margen de la ley para resolver sus conflictos, trayendo consigo amenazas, muertes e incluso desplazamiento forzado.
A junio 30 de 2020, Colombia reporta más de 8 millones de víctimas de desplazamiento forzado, según la Unidad para Atención Integral a las Víctimas.
Por ello, la construcción de nuevas formas de justicia y de gestión de los conflictos, en los territorios más afectados por el conflicto armado en Colombia es una necesidad urgente para la reconstrucción y reconciliación de sus zonas rurales.
El Banco Mundial y la Embajada de Suecia apoyaron al gobierno colombiano en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para implementar Métodos de Resolución de Conflictos (MRC), a nivel territorial en zonas de postconflicto. Junto con entidades del gobierno como la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Tierras, se realizaron jornadas de orientación, formación y conciliación, enfocadas a generar capacidades locales que permitan superar conflictos menores de tenencia de tierras.
“Para llegar a este escenario de reconciliación en las zonas rurales, si bien es necesario promover el cierre de las brechas entre las áreas urbanas y rurales respecto al acceso a la justicia formal, también resulta esencial la consolidación de métodos alternativos de resolución de conflictos que sean de fácil acceso para los campesinos, a la vez de vinculantes y válidos para el Sistema de Administración de Justicia, para promover la convivencia pacífica”, señaló Ivonne Moreno, especialista de tierras del Banco Mundial.
La conciliación en el nuevo escenario de construcción de paz
La conciliación es un mecanismo alternativo de acceso a la justicia, mediante el cual las partes en disputa invitan a un tercero encargado a proponer fórmulas de acuerdo. Este tercero puede ser un funcionario público (Inspector de policía, personero, procurador, entre otros) o un particular (presidentes de juntas de acción comunal o líder de la comunidad). La conciliación busca una resolución de conflictos de manera más económica y efectiva que los mecanismos ordinarios, aportando sustancialmente a la construcción de una convivencia pacífica y al acercamiento de la justicia a la ciudadanía.
“Se trata de llevar la justicia más cerca al campesino, en el entendido de que la resolución de conflictos es una forma de hacer justicia sin la intervención necesaria de un juez para asuntos menores. Las capacitaciones son clave, hay mucha experiencia en Colombia sobre resolución alternativa de conflictos, pero no se habían utilizado activamente en el tema de tierras, y ahora lo estamos haciendo”, explicó Moreno.
Hasta ahora, las experiencias en conciliación han tenido lugar fundamentalmente a nivel urbano. Lo novedoso de esta iniciativa es acercar los conciliadores a las zonas rurales, donde se presentan los conflictos menores sobre asuntos de tenencia de la tierra. Este apoyo se concreta en procesos de formación y capacitación y en la realización de jornadas de conciliación y orientación a campesinos de los municipios afectados por el conflicto.
Giovanna Simancas Tinoco, directora del Consultorio jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena, consideró que estas jornadas además de acercar la justicia a zonas rurales con precaria presencia del estado y falta de conocimiento de la población frente a sus derechos, contribuyen en la formación de estudiantes universitarios que luego pueden convertirse en multiplicadores de estas prácticas en sus regiones.
Otros países como Bolivia, Burundi, Camboya, Guatemala, Nicaragua, Noruega, Sudáfrica o Timor Oriental han aplicado Métodos de Resolución de Conflictos para temas asociados a la propiedad y tenencia de la tierra.
Entre las principales lecciones aprendidas en estos países están: informar a la comunidad sobre los MRC para que no los confunda; hacer seguimiento a los acuerdos logrados y crear un registro de los casos tramitados; formar y capacitar a las personas que apliquen estos métodos; e incorporar temas de género. Asimismo, los MRC se deben articular con las entidades públicas; y en caso de que no se logre un acuerdo por esta vía, se debe remitir a la justicia ordinaria.
Retos para una adecuada implementación en el ámbito rural
En el ámbito rural, los servicios de conciliación en Colombia son casi inoperantes: un 88% de la oferta de conciliación se concentra en grandes ciudades y aglomeraciones, el 5% en ciudades intermedias, solo el 7% en el área rural y rural dispersa; y el 45% de los municipios no cuentan con oferta de conciliación. Es así como los mecanismos de resolución de conflictos no han tenido una penetración suficiente en el ámbito rural.
La ausencia de una justicia especializada en asuntos de tierras y de una autoridad agraria presente en todo el territorio nacional justifica la necesidad de la conciliación, como mecanismo para contener y transformar los conflictos en torno a la tenencia de la tierra. Sin embargo, la posibilidad de que la conciliación tenga un desarrollo adecuado para estos asuntos se enfrenta a grandes retos:
- Los asuntos relacionados con la tenencia y uso de la tierra tradicionalmente han sido excluidos de los asuntos conciliables.
- Por efectos del conflicto armado, la prestación de los servicios de conciliación se ha alejado tanto física como metodológicamente de lo rural y lo agrario. La pervivencia o surgimiento de nuevos grupos armados que buscan controlar el territorio en algunos municipios, imposibilitan que las comunidades rurales accedan a la justicia o a los métodos de resolución de conflictos.
- El costo para las comunidades rurales, en materia de registro y trámites notariales, es algo que requiere replantearse para que todos los campesinos y habitantes rurales puedan acceder a estos servicios de justicia.
- La conciliación por sí misma no puede resolver la compleja conflictividad existente si no se acompaña con una presencia institucional robusta que resuelva de fondo los temas estructurales que caracterizan los conflictos por la tierra.
- Se requieren ajustes del marco legal y un arreglo institucional que involucre de forma integral y coordinada a la nación con el territorio, y a la institucionalidad de tierras con la de justicia. Esto para garantizar el fortalecimiento de capacidades de los actores locales y la puesta en marcha de un sistema de información que permita una comunicación fluida entre todos.
