Hoy el mundo celebra el Día de la Tierra, una conmemoración que comenzó en 1970, para celebrar el aniversario de nacimiento del moderno movimiento ambiental. Desde entonces, el Día de la Tierra se transformó en una celebración global, donde la comunidad internacional en su conjunto busca enfocar su atención y dar impulso a los desafíos ambientales más relevantes de nuestro tiempo.
El Acuerdo de París fue formalmente abierto para su firma en el Día de la Tierra hace cinco años. Hoy se da inicio a una Cumbre Climática de Líderes organizada por Estados Unidos con países que representan hasta un 80% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Adicionalmente, cientos de eventos paralelos se celebran hoy, en una gran exhibición de conciencia ambiental.
Este Día de la Tierra tiene una especial importancia para la región de América Latina y el Caribe (“LAC”), ya que marca la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el “Acuerdo de Escazú”. La vigencia del Acuerdo constituye un hito mayor, pues se trata del primer acuerdo ambienta regional en LAC. Esta breve historia se centra en las principales disposiciones del Acuerdo de Escazú, así como su relevancia para la región y el trabajo del Banco Mundial.
Foto de líderes mundiales en la “Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, 13 de junio de 1992. Fuente: Foto ONU/Michos Tsovaras.
El Acuerdo de Escazú fue propuesto inicialmente en la Cumbre Río+20 (Cumbre de la Tierra 2012), celebrada 20 años después de la cumbre original. Fue adoptado en marzo de 2018, en Escazú, Costa Rica, y se trata del primer acuerdo ambiental regional de LAC, lo que constituye en sí mismo un hito significativo para la región.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (“CEPAL”) sirvió de foro para el proceso de negociación, el cual duró cuatro años y contó con una amplia difusión y participación pública. Sin duda, el Acuerdo jugará un rol relevante en los debates en torno a la gobernanza ambiental en LAC y también de forma más amplia en el derecho internacional ambiental, especialmente a medida que más países lo ratifiquen
Foto de grupo de los delegados que atendieron a la Novena Reunión del Comité de Negociaciones del Acuerdo Regional sobre el Principio 10, en Escazú, Costa Rica. Fuente: CEPAL.
El Acuerdo de Escazú es comparable en contenido y alcance a la Convención de Aarhus, un acuerdo regional negociado en los años noventa bajo el auspicio de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Esta Convención con el tiempo evolucionó en un acuerdo regional más amplio, el cual ha sido ratificado por 46 países de Europa y Asia Central, además de la Unión Europea. La Convención de Aarhus fue la primera en abordar de forma específica los aspectos clave del Principio 10, y algunas de sus innovadoras disposiciones fueron fuente de inspiración para varias de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, el cual también cuenta con algunas innovaciones propias.
El Acuerdo de Escazú presenta además varias oportunidades para generar sinergias con el Marco Ambiental y Social del Banco Mundial.
¿Cuáles son algunas de las principales disposiciones del Acuerdo de Escazú?[1]
Los pilares principales del Acuerdo son el acceso a la información, participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, los cuales son reconocidos como “derechos de acceso”. El objetivo del tratado es “garantizar la implementación plena y efectiva” de estos derechos de acceso en la región, “así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
Para implementar el Acuerdo, cada Parte está guiada por varios principios, incluyendo, entre otros, el principio de igualdad y de no discriminación, transparencia y de rendición de cuentas, de la máxima publicidad, de equidad intergeneracional, de la no regresión, y precautorio. Las Partes del Acuerdo deben “garantizará el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, así como cualquier otro derecho humano universalmente reconocido que esté relacionado con el presente Acuerdo”. El tratado contiene disposiciones específicas para cada “derecho de acceso”:
- Acceso a la información: Cada parte debe, entre sus obligaciones, “garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad”. En la práctica, esto implica que cada Parte deberá, por ejemplo, establecer “sistemas de información ambiental” para publicar información clave acerca del ambiente, tales como los textos de tratados y leyes ambientales, listado de zonas contaminadas, y reportes sobre el estado del ambiente. También otorga la posibilidad de solicitar información a las autoridades públicas y ser informado de las razones en caso de denegación de dichas solicitudes, y la posibilidad de impugnarlas y recurrirlas.
- Participación pública: Entre otras obligaciones, el tratado requiere a cada Parte “garantizar el derecho de participación del público” e “implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales”. Estas disposiciones aplican a proyectos y otras actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. Con el fin de que el público pueda participar de forma significativa en el proceso de toma de decisiones, el Acuerdo de Escazú llama a las Partes a proporcionar información de forma “clara, oportuna y comprensible” acerca de las actividades relevantes.
- Acceso a la justicia: Cada parte del Acuerdo “garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso”. Esto implica permitir al público impugnar la legalidad de las decisiones gubernamentales relativas al ambiente. Las impugnaciones en instancias administrativas o judiciales pueden involucrar, por ejemplo, la denegación por parte de una autoridad de solicitudes de acceso a información ambiental u otro tipo de decisiones que puedan generar un efecto adverso en el ambiente.
Adicionalmente, el Acuerdo contiene disposiciones relativas a grupos y personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo pueblos indígenas, requiriendo que estos reciban asistencia para ejercer sus derechos de acceso bajo el Acuerdo. El Acuerdo también refleja una preocupación por los defensores ambientales, requiriendo a cada Parte, entre otras obligaciones, que reconozcan, protejan y promuevan sus derechos, incluyendo el ejercicio de sus derechos de acceso. Además, busca protegerlos de amenazas, ataques e intimidaciones.
Infografía de CEPAL respecto al Acuerdo de Escazú. Fuente: CEPAL.
¿Qué países son Partes del Acuerdo de Escazú?
A la fecha de esta publicación, los siguientes países han ratificado el tratado: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, and Uruguay. Esta lista podría evolucionar rápidamente. Otros doce países han firmado el Acuerdo, pero aun no lo ratifican, y otros están considerando hacerse Partes también. La lista actualizada de Partes se encuentra disponible aquí.
¿Cuál es la relevancia del Acuerdo de Escazú para el Banco Mundial y sus países miembros?
Al promover el involucramiento del público en los asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú busca contribuir al desarrollo sostenible de los países de la región. El Acuerdo está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs por su sigla en inglés), y en particular la SDG16, que apunta a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Los países de la región que son Parte del Acuerdo de Escazú o se encuentren considerando acceder al tratado, deben considerar cómo implementarán sus disposiciones. Cada Parte tiene que adoptar las medidas necesarias para implementar el Acuerdo. Esto no significa que se deba empezar desde cero.
La mayoría de los países ya cuentan con legislación que le permite al público algún grado de acceso a la información ambiental, participación en las decisiones ambientales, y acceso a la justicia. Por lo tanto, los países deberían considerar como su marco legal existente se alinea con el tratado, y considerar si será necesaria la adopción de nuevas leyes y regulaciones.
Esto podría implicar un desafío importante. Con todo, el Acuerdo de Escazú reconoce la implementación de sus disposiciones podría tomar tiempo a las Partes. Asimismo, el tratado contempla actividades de fortalecimiento de capacidades, para robustecer los marcos legales, la capacidad de los servidores públicos, y generar conciencia entre los miembros del público, con el apoyo y la cooperación de otras Partes y organizaciones internacionales, tales como el Banco Mundial. El tratado establece un comité de apoyo para la implementación y el cumplimiento, y también un fondo voluntario para apoyar los esfuerzos de implementación. El Acuerdo también convoca a actividades y mecanismos tales como talleres, asistencia técnica, guías, buenas prácticas y estándares.
Es posible que haya espacio para que la asistencia del Banco Mundial pueda ser dirigida al apoyo de los sistemas nacionales a la luz del Acuerdo de Escazú. A través de la asistencia técnica y otras operaciones, el Banco podría apoyar los esfuerzos de reforma de sus países miembros. Adicionalmente, bajo su Marco Ambiental y Social, el Banco solicita a sus países miembro que provean a las partes interesadas afectadas con oportunidades de acceso a la información y participación en el diseño e implementación de proyectos financiados por el Banco, y medios accesibles e inclusivos para plantear problemas y reclamos.
Los requisitos del Marco Ambiental y Social están alineados con las disposiciones del Acuerdo de Escazú – y en particular, que aquellos que estén en una situación menos favorecida o vulnerable tengan oportunidades para participar y beneficiarse de los proyectos, y que aquellos que expresen sus preocupaciones respecto a los proyectos no sean objeto de amenazas y represalias.
¿Dónde puedo aprender más?
El Acuerdo de Escazú tiene su propio sitio web, donde se puede encontrar el texto del Acuerdo en varios idiomas. CEPAL mantiene un Observatorio sobre el Principio 10, con información actualizada y recursos, tales como leyes y políticas, jurisprudencia, y otras publicaciones y guías.
Un día completo de celebraciones virtuales está programada para hoy. Pueden unirse en: https://www.cepal.org/es/eventos/jornada-celebratoria-entrada-vigor-acuerdo-escazu
______________
[1] Las siguientes secciones contienen citas a las disposiciones del Acuerdo de Escazú que se puede encontrar en el siguiente link.
Última actualización: Abr 22, 2021
