Los marcos jurídicos inclusivos pueden desempeñar un papel fundamental para superar la brecha en relación con la igualdad que enfrentan las personas LGBTI en el mundo. Por ejemplo, la capacitación obligatoria de los maestros y la entrega de mejores materiales educativos y planes de estudio podrían ser posibles soluciones para los problemas que afrontó Sara. La educación inclusiva puede ayudar a eliminar el lenguaje discriminatorio y abrir vías de oportunidades de empleo para las personas LGBTI.
En este primer estudio se examinan 16 países de diferentes zonas geográficas, niveles de ingreso y grados de inclusividad de las minorías sexuales y de género, incluido México, garantizándose una representación diversa de los problemas existentes. Aunque la mayoría de los países analizados abordan de alguna manera la discriminación contra las minorías sexuales y de género, ningún país ha logrado la plena igualdad de trato, y queda mucho por hacer.
Para encarar las dificultades que Sara enfrentaba a diario, solo cinco de los países incluidos en el estudio tienen sistemas educativos con mecanismos claros para denunciar casos de discriminación, violencia, hostigamiento y ciberacoso.
La pandemia de COVID-19 también puso en primer plano la vulnerabilidad de las minorías sexuales y de género. Cuando los Gobiernos implementaron las medidas de confinamiento, las minorías sexuales y de género enfrentaron un riesgo desproporcionado de violencia interpersonal. La escasez de datos en muchos países hace invisibles dichos problemas, aumentando los riesgos para las personas afectadas. En el informe EQOSOGI se pone de relieve que la recopilación y el análisis de datos son esenciales para identificar y combatir la discriminación.
Según el documento, la mayoría de los países analizados carecen también de marcos jurídicos que permitan a los prestadores sanitarios proporcionar servicios a las minorías sexuales y de género, entre ellos vacunas, terapias para la prevención del VIH y tratamientos de afirmación del género. Solo 3 de los 16 países estudiados prohíben a los empleadores despedir a los trabajadores debido a su orientación sexual e identidad de género, dejando a las minorías sexuales y de género más expuestas a perder su empleo, un riesgo que ha aumentado para muchas personas vulnerables durante la pandemia.
La buena noticia es que se están logrando importantes avances en varios frentes. En la mayoría de los 16 países estudiados no se penaliza a las personas en función de su orientación sexual. En general, los trabajadores LGBTI del sector público gozan de protecciones legales más sólidas contra la discriminación en el lugar de trabajo que los empleados del sector privado. Es alentador, para Sara y otros estudiantes como ella, que en casi la mitad de los países se han logrado los mayores avances en la prohibición de la discriminación, el hostigamiento y el acoso por orientación sexual e identidad de género en los entornos educativos y la admisión en las escuelas.
Si bien un mayor número de países ha tomado medidas importantes para lograr la igualdad de las minorías sexuales, en la mayoría de ellos aún no se ha conseguido el reconocimiento legal y la protección de las personas transgénero.
El estudio incluye medidas consideradas buenas prácticas, como proporcionar capacitación a los profesionales de los servicios públicos para comprender mejor las necesidades relacionadas con la orientación sexual e identidad de género, derogar leyes que violan los derechos de las minorías sexuales y de género, y exigir legalmente a los empleadores que respeten la privacidad de sus empleados.
Sin embargo, la existencia de leyes y normas inclusivas no siempre garantiza que las minorías sexuales y de género no sufran discriminación; la aplicación de estas leyes es crucial. Lo que importa a Sara y a muchas otras personas es cuán bien se cumplen estas leyes.
Las minorías sexuales y de género aún se encuentran entre las personas más desfavorecidas, incluso en las economías desarrolladas. El informe EQOSOGI es un recordatorio de que queda mucho por hacer para formular y aplicar leyes y políticas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos.
